Sugerencias de acciones ante la crisis energética
Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
Santo Domingo.- Ante el impacto que podría generar en la economía dominicana una prolongación del conflicto en Irán y su incidencia en las alzas en el precios del petróleo, economistas plantean una serie de medidas adicionales orientadas a reducir presiones sobre el costo de vida, la energía y las finanzas públicas.
El economista Richard Medina sugirió adoptar otras acciones ante la crisis energética entre las que figuran mantener un subsidio focalizado al gasoil regular destinado al sector agrícola, así como subsidios específicos para la producción de maíz y para fertilizantes, este último ya anunciado por el Gobierno recientemente.
Medina también sugirió eliminar temporalmente el cobro de aranceles a productos importados tomando como base los costos de flete previos a la crisis en Irán para el cálculo de los impuestos, con el objetivo de amortiguar el impacto del encarecimiento del transporte marítimo internacional.
Asimismo, planteó la necesidad de aplicar acciones rápidas para reducir el déficit financiero de las empresas distribuidoras de electricidad (EDES) y emitir una resolución desde el Ministerio de Trabajo que explique cómo operativizar el teletrabajo.
El economista también sugirió a la ciudadanía ahorrar lo más posible, reducir el consumo de gasolina y postergar gastos que no sean importantes.
De su lado, el economista Rafael Espinal consideró que, en caso de prolongarse el conflicto y mantenerse altos los precios del petróleo, el Gobierno debería evaluar reducir la jornada laboral en el sector público para economizar energía.
Espinal propuso además poner en venta, a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), acciones de la Central Termoeléctrica Punta Catalina con el fin de incrementar la inversión pública en las redes de las distribuidoras, disminuir las pérdidas eléctricas y, en consecuencia, reducir el subsidio al sector eléctrico.
El economista también planteó utilizar reservas del Banco Central para mantener la tasa de cambio cercana a los 60 pesos por dólar durante el resto del año.
En el caso del sector privado pudiera crear planes de transporte colectivo para empleados en grandes empresas para reducir la presión sobre el sistema de transporte público.
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