La constatación de que en España existen 224 grados y másteres en las universidades públicas –y otro centenar en las privadas – que tienen menos de cinco alumnos matriculados revela una anomalía difícilmente justificable ante la sociedad. Esta realidad convive cínicamente con exigencias estrictas que se desea aplicar a las privadas en términos de tamaño y viabilidad de sus carreras. El fenómeno no es marginal ni coyuntural. Según datos del propio Ministerio de Universidades , estas titulaciones se reparten por casi todo el territorio y afectan especialmente a másteres, muchos de ellos sostenidos durante años pese a su escasa demanda. La ausencia de límites claros, unida a incentivos internos poco alineados con la eficiencia, favorece la persistencia de programas académicos cuya utilidad social resulta, cuando menos, discutible. El problema compromete la credibilidad del sistema universitario y cuestiona, en las universidades públicas, la adecuada gestión del gasto. La autonomía universitaria no puede confundirse con la ausencia de rendición de cuentas
