La Comunidad de Madrid se ha convertido este jueves en la primera autonomía que manifiesta abiertamente su apoyo a que los médicos tengan una ley propia en lugar de que sus condiciones laborales se regulen en el Estatuto Marco de todo el personal sanitario. Así lo ha anunciado la Consejería de Sanidad de la región en una nota tras una reunión entre la consejera Fátima Matute y los representantes de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM). La región gobernada por Isabel Díaz Ayuso exige al Ejecutivo central la retirada «inmediata» del anteproyecto de ley de Estatuto Marco que el Ministerio de Sanidad de Mónica García ha acordado con los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y el sindicato de enfermería Satse. La consejera Matute ha subrayado durante el encuentro con los médicos que con la negociación, la ministra de Sanidad ha enfrentado a las categorías profesionales «por razones puramente ideológicas». «Pedimos una vez más a la ministra del ramo que retire este Estatuto Marco de las profesiones que ha sumido a la sanidad en la peor de las crisis en años, y que trabaje para elaborar una memoria que acredite la viabilidad técnica, jurídica y económica adecuada», ha dicho la consejera madrileña de Sanidad. Insiste Matute en que todos los profesionales son «necesarios» para que el sistema funcione, por lo que defiende que se favorezcan espacios de diálogo de cualquier categoría profesional. Así, Madrid reclama a Mónica García que impulse un proceso de negociación con todas las categorías, «incluidos los médicos, como interlocutores directos en la negociación de sus condiciones laborales, habilitando un espacio propio en el que se incluya a sus representantes». En la misma línea, Matute ha destacado que otros países europeos, como Francia, Portugal, Alemania, Reino Unido o Italia ya cuentan con estatutos médicos o marcos de negociación propios. Los médicos de toda España están llamados de nuevo a la huelga la semana que viene contra el anteproyecto de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. Denuncian que su opinión no se ha tenido en cuenta durante los meses de negociación, algo que la ministra niega, y exigen una norma propia que recoja las particularidades de su profesión y que puedan negociar ellos mismos.
