En «capilla» el futuro del último litigio de los herederos de Franco
El Pazo de Meirás y la Casa Cornide son dos propiedades de la familia Franco en Galicia que están pendientes de actuaciones que podrían revertir su pertenencia a instituciones distintas: el Estado, por una parte, y el Ayuntamiento de La Coruña.
El caso del enclave que fuera residencia estival de Francisco Franco solo pende de un hilo. Después de que un fallo de la justicia coruñesa determinara su traspaso al Estado en 2020, el Tribunal Supremo está en fase de deliberación y su fallo podría conocerse en cualquier momento.
Por su parte, el consistorio coruñés ha dado un paso más de cara al procedimiento de recuperación para el patrimonio público de la Casa Cornide, que pretende recobrar como se hizo con Meirás, aunque en este caso una sentencia del Supremo tenga la última palabra. El pasado jueves, el pleno municipal llevó a la declaración de «no caducidad del proceso de revisión de oficio» de los acuerdos de 1962 por la que el inmueble coruñés acabó siendo de los Franco. También para personarse en el recurso judicial promovido por los herederos.
La Casa Cornide es un palacete del siglo XVIII ubicado en el centro de La Coruña, ejemplo de la arquitectura residencial de la Ilustración en Galicia, que en 1962 pasó a ser propiedad de Carmen Polo y, por su matrimonio en gananciales, también de Franco, tras haber sido patrimonio del Ministerio de Educación y luego del Ayuntamiento de la ciudad.
Revisión de oficio
En 2024, el consistorio inició un procedimiento de revisión de oficio de aquel proceso, que en su momento tenía un plazo de seis meses ya agotados, por lo que los Franco han solicitado su caducidad. El pleno, por unanimidad del PSdeG, PPdeG y BNG, aprobó seguir con el procedimiento al considerarlo de interés general. En el litigio está también implicado el Gobierno a través de los Ministerios de Educación y Hacienda, al haber sido el edificio parte de su patrimonio.
De forma paralela, la Xunta ha declarado Bien de Interés Cultural (BIC) el inmueble, aunque ha excluido los bienes contenidos en su interior; los Franco lo vaciaron antes de abrirlo. Como BIC, la obligación es permitir visitas gratuitas al menos cuatro días al mes, un régimen que se cumple desde el pasado agosto y tras una sanción de 3.000 euros por no haberlas permitido durante dos años.
Al mismo tiempo, está pendiente la sentencia del Tribunal Supremo sobre la propiedad del Pazo de Meirás (Sada, La Coruña), con una decisión ya tomada, pero que todavía no se ha hecho pública y que, por ahora, mantiene el inmueble y la mayor parte de sus bienes en manos del Estado, que se encarga de las visitas al recinto.
El pazo, un edificio construido por orden de la escritora Emilia Pardo Bazán a finales del siglo XIX, fue residencia de verano de Franco, tras un proceso que, según esgrimen los partidarios de revertirlo al Estado, simuló regalárselo y a la vez vendérselo durante la Guerra Civil.
A partir de la muerte de Franco, la familia lo utilizó hasta que el Gobierno lo reclamó para el patrimonio público, en una acción judicial que fue respaldada por los ayuntamientos de La Coruña y Sada, la Diputación de La Coruña y la Xunta. En 2020, un juzgado coruñés dio la razón al Estado, que se convirtió en propietario, pero ahí empezaron los recursos que han desembocado en el Alto Tribunal.
559 elementos
Una de las primeras cuestiones en duda fue sobre los bienes, pues la demanda no los incluía y fue necesario determinar cuáles forman parte del propio edificio y cuáles no; sobre estos últimos, el Estado ha logrado en otra acción judicial la propiedad de 559 elementos que siguen en la residencia coruñesa.
No obstante, la Audiencia Provincial de La Coruña determinó en 2021 que, si bien considera que la propiedad del edificio es del Estado, los Franco tienen derecho a ser indemnizados por los gastos que tuvieron entre 1975 y 2020, al considerarlos poseedores «de buena fe». Este hecho está recurrido por las administraciones, tras una campaña de recogida de firmas por parte de entidades de memoria coruñesas, que afearon al Gobierno su visto bueno a ese fallo.
El pazo fue primero donado en un acto público a Franco el 5 de diciembre de 1938 después de que la «Junta pro Pazo del Caudillo» –de la que formaban parte el gobernador civil y varios alcaldes de La Coruña– abonase 406.346 pesetas. Posteriormente, este inscribió el inmueble a su nombre en el registro de la propiedad en 1941, una vez que formalizó ante notario un contrato de compraventa con la nuera de la primera propietaria de la finca, Emilia Pardo Bazán, por importe de 85.000 pesetas. El hallazgo por parte de la Abogacía del Estado de un acta de 1938 por el que la hija política de la escritora ya vendía la heredad a la «Junta pro Pazo», demuestra, según la representación letrada del Gobierno, que no era posible la venta tres años después, y que, por lo tanto, la transacción de 1941 fue «fraudulenta». El desenlace es inminente.