La Argentina de los despidos: “Me ofrecieron trabajar de 8:30 a 23:00 por 90 euros a la semana”

“Esto lo hacemos para que los argentinos puedan comprar barato y para que se creen nuevos empleos”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, al defender la apertura de importaciones y la reducción del coste laboral, que según explicó pasaría de 18 a 2 puntos. “El problema de Argentina era que te despedían y la gente no podía conseguir trabajo”, insistió Caputo, el martes pasado, desde la Fundación Mediterránea.

“Yo todavía no pude conseguir trabajo”, responde Ayelén Monzón, una de las 220 trabajadoras despedidas hace cuatro meses de Whirlpool, la fábrica de lavadoras que cerró el pasado noviembre. “Antes mis hijos tenían desayuno, merienda, almuerzo y cena. Ahora tengo que decidir si toman una leche o si a la noche pueden comer. A veces tengo que entretenerlos para que no estén todo el día con hambre”.

La situación de Ayelén se repite entre sus excompañeros y parte de los 330.000 trabajadores que perdieron empleos registrados tras el cierre de más de 22.000 fábricas desde noviembre de 2023 y noviembre del 2025, según datos oficiales que publicó el 12 de febrero el Ministerio de Capital Humano.

Muchos invierten tiempo y dinero en currículums, transporte y búsquedas laborales. Recorren agencias de empleo y deambulan por parques industriales y fábricas. En las entrevistas, según relatan, las ofertas rondan entre 360 y 485 euros por jornadas de 12 horas.

“A mí me ofrecieron trabajar de 8:30 de la mañana a 11 de la noche en una paquetería de General Pacheco por 90 euros semanales, es una locura”, dice Ayelén. “La mayoría hacen Uber o Pedidos Ya. Los que consiguieron trabajo cuentan que Whirlpool no era nada comparado con lo que viven ahora. A varios no les pagan lo que corresponde por la categoría y los amenazan con el despido”.

“Muchas veces te agarran el CV y directamente lo tiran”, agrega otro extrabajador de Whirlpool.

“Busqué trabajo en Pilar, Garín, El Talar y en todas las agencias de Don Torcuato y General Pacheco. Me descargué Computrabajo y LinkedIn, hice un CV y lo mandé a todos lados. Nadie me llama”, cuenta otra exempleada que pidió no ser nombrada.

Un informe elaborado por el Instituto Argentina Grande con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) sugiere que el problema laboral es mayor al que reflejan las estadísticas oficiales. Mientras el desempleo se ubica en el 6,6%, el llamado “desempleo encubierto” –personas con trabajos precarios o pocas horas que buscan más ingresos– alcanza el 13,8%, más del doble.

El fenómeno también crece entre los adultos mayores: en el último año el desempleo encubierto aumentó un 34,1% entre personas de más de 66 años y, con respecto a 2023, los jubilados en esa situación se multiplicaron por 2,5.

Clima de desolación

Muchos de los despedidos contactados para esta nota no respondieron o pidieron que su nombre no aparezca. Dos exempleados de Dass en Coronel Suárez –la empresa que fabricaba zapatillas Adidas y cerró su planta en la provincia de Buenos Aires el pasado enero despidiendo a 360 personas– contaron por WhatsApp que ahora venden comida en la calle o conducen un Uber.

Uno de ellos pidió “ni ser nombrado” porque su historia no “cambia nada” ante la “pasividad de la gente” y prefiere “no amargarse”.

Un clima similar se percibe en Suipacha, localidad bonaerense de 12.000 habitantes donde funcionaba La Suipachense, empresa láctea que empleaba a 142 familias y era el principal motor económico del pueblo. Su cierre en noviembre dejó de inyectar 182.000 euros mensuales en salarios que circulaban en comercios y servicios.

“La pobreza se ve en todo el pueblo, porque la fábrica era el corazón económico”, dijo en su momento el exoperario Walter Oliva, quien contó que muchas familias sobreviven con rifas y colectas solidarias.

Desde diciembre, sin embargo, pocos vecinos aceptaron hablar. En enero, la dueña de un restaurante dijo que el pueblo pasó una “navidad tristísima” y hace una semana una panadera respondió que la situación sigue siendo “crítica”.

La vida cambió

El 22 de octubre de 2022, cuando Whirlpool inauguró en Pilar su planta más moderna del mundo (fabricaba lavadoras en 40 segundos), Ayelén Monzón ingresó al área de limpieza y su vida cambió. Tenía 25 años y era madre soltera de tres hijos. Sus padres la ayudaban y ella limpiaba casas para sostener su familia, pero el sacrificio no se sentía tanto porque no había mucho margen para la incertidumbre.

Tras unos meses en la fábrica, ascendió como operaria de submontaje, logró mudarse y les dio un techo a sus nenes de 2, 5 y 9 años. Conoció los derechos laborales (vacaciones, aguinaldo) y el sindicato, que más tarde la nombró delegada, le proveía de mochilas y útiles escolares. Con frecuencia negociaban bonos por la alta productividad de la empresa.

No le sobraba, trabajaba ocho horas y su sueldo rondaba los 600 euros, pero tenía ducha caliente, cuatro comidas y su día empezó a tener horarios claros que separaban la vida laboral de la maternal y el ocio. Descubrió algo que “no tiene valor económico”: la paz que da la estabilidad.

De repente la empresa bajó la productividad. En un solo mes, pasó de producir 700 lavarropas por día a 400. El miércoles 26 de noviembre de 2025 el director reunió a todos en el comedor. Semanas atrás habían echado a los 26 “trabajadores eventuales”. “Van a importar y la empresa ya no necesita el trabajo que realizan, esta planta cierra definitivamente”, les informó.

Entre el alquiler, las necesidades básicas y lo invertido en la búsqueda de otro empleo, en dos meses Ayelén se quedó sin el dinero de la indemnización. Volvió a casa de sus padres y cada tanto alguna amiga la ayuda. Cuando hay oportunidad, limpia en casas. Redujo las comidas a dos por día y ya no pude comprarle útiles escolares y mucho menos zapatillas a sus hijos. Su vida volvió a cambiar.

“Mami, no te preocupes”, le dijo su hija más pequeña, de 5 años. “Yo hago pulseritas y te voy a contratar, vamos a poder salir juntas a vender”.

Un mapa de empresas en crisis

El cierre de Whirlpool no es un caso aislado. La crisis de la industria de electrodomésticos también alcanza a marcas tradicionales. Aires del Sur, dueña de Electra y Fedders, presentó una declaración de quiebra y despidió a 140 trabajadores, mientras que Goldmund S.A., propietaria de Peabody, inició un concurso preventivo para reestructurar sus deudas en medio del impacto de las importaciones y la caída de las ventas.

En distintos sectores se multiplican quiebras, suspensiones y plantas paralizadas en un contexto de caída del consumo y apertura de importaciones, según advierten empresas y trabajadores. La Justicia decretó la quiebra de Garbarino, histórica cadena de electrodomésticos que arrastraba un concurso preventivo desde 2021. En la industria también impacta el cierre anunciado por Fate, que planea despedir 920 trabajadores.

En alimentos y bebidas, Cervecería Quilmes redujo su planta de Zárate de 260 a 80 empleados, mientras Alimentos Refrigerados S.A., productora de yogures de SanCor, quebró dejando 400 despedidos. La láctea Verónica, en Santa Fe, mantiene plantas paralizadas y acumula meses de salarios sin pagar, con 700 puestos en riesgo.

La crisis alcanza también a otros sectores: Grupo Dass recortó personal en Misiones, Emilio Alal cerró sus fábricas en Corrientes y Chaco con 260 despidos, y Acindar acumula suspensiones desde 2024.

En paralelo, la avícola Granja Tres Arroyos enfrenta conflictos salariales, la fabricante Aires del Sur quebró en Tierra del Fuego, el frigorífico San Roque cerró en Morón con 140 despidos y la distribuidora Beer Market eliminó 20 locales en el AMBA, dejando más de 90 trabajadores sin empleo.

La vida precaria

“Era un buen lugar la fábrica”, dice Ayelén sobre Whirlpool. “Estaban abiertos al diálogo y con el sindicato el trabajador mejoraba; por ejemplo, conseguimos trabajar un solo sábado al mes y que se pague un 15% extra”.

Tras el cierre, la estabilidad desapareció. “Después de la fábrica todo fue muy duro. La industria está muy mal. No conseguimos trabajo en otro lado”.

En la vida cotidiana, el panorama es más delicado. Ayelén agotó la indemnización, perdió la obra social y depende de la ayuda de sus padres para sostener a sus tres hijos pequeños.

“Antes podía comprarles todo para la escuela. Hoy ni siquiera eso”, dice. A veces compra pan para que coman durante el día y por la noche van a la casa de sus padres si hay comida. O pide fiado en el almacén.

“Uno grande puede tomar un mate y aguantar”, dice, “pero ¿cómo le digo a mis hijos que no les puedo dar de comer?”.