La denunciante del ex DAO reprocha al juez que no blindar los audios la "revictimiza"
La denunciante del ex DAO de la Policía Nacional considera que el juez la «revictimiza» si persiste en su decisión de permitir el acceso «sin cortapisas» a los audios aportados para intentar acreditar la supuesta agresión sexual que imputa a José Ángel González. Su defensa ha recurrido la negativa judicial a establecer restricciones a la consulta de esa prueba clave –quiere que la defensa del ex mando policial solo pueda revisar esas grabaciones en sede judicial– con la intención, recalca el letrado Jorge Piedrafita, de evitar el riesgo de filtraciones de un material «de máxima intimidad».
El abogado reclamó al instructor que esas grabaciones solo pudiesen ser examinadas en la sede del juzgado y en presencia de la secretaria judicial, pero recibió una negativa por respuesta puesto que el magistrado al frente del juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid incidió en que el traslado de esa documentación se realiza a las partes personadas y a la Fiscalía «a través de un canal seguro que garantiza la confidencialidad».
Para la defensa de la supuesta víctima, sin embargo, el argumento con el que el juez despacha su petición es insuficiente y «estereotipado» y no salvaguarda la protección debida a su cliente en un procedimiento por un presunto delito sexual, teniendo en cuenta además –resalta– la «enorme relevancia» que ha suscitado esta investigación.
"Tutela reforzada"
El abogado esgrime la jurisprudencia del Tribunal Supremo para reclamar una «tutela reforzada» que impida la «revictimización» de la querellante sin necesidad de menoscabar el derecho de defensa del ex director adjunto operativo de la Policía.
Esa motivación, se queja en su recurso de reforma –al que ha tenido acceso LA RAZÓN– «no justifica» por qué las cautelas que exige para acceder a esos mensajes, audios y llamadas (consulta en el juzgado, prohibición de copias, trazabilidad de las consultas y acceso limitado) «sobran en un supuesto con riesgo alegado de filtración y con material potencialmente íntimo».
Y es que, según pone de relieve, el hecho de que esa documentación se facilite a través de un «canal seguro», como argumenta el juez, «no cubre el principal riesgo denunciado: lo que sucede después de la entrega», y se refiere expresamente a una posible copia, descarga, reenvío del audio, su almacenamiento o difusión.
Respecto a la medida que solicita, expone que «no niega el acceso de la defensa, sino que lo canaliza», por lo que oponerse e insistir en no reforzar el control del acceso a los audios «supone decantarse de facto por un solo polo del conflicto», en referencia al ex DAO, «sacrificando innecesariamente intimidad, dignidad, datos sensibles y la tutela reforzada exigible en delitos sexuales».
"Impacto directo" en su intimidad
Se trata, hace hincapié, de «información de máxima sensibilidad» y de datos «con impacto directo sobre intimidad, dignidad y seguridad personal de la víctima y también del investigado». En estos casos en los que el material es «especialmente sensible», recuerda, «el estándar constitucionalmente correcto no es entregar sin cortapisas, sino permitir el acceso con controles». De esta forma, afirma, se reduce el riesgo de difusión, copia y «revictimización».
En su recurso, enfatiza que si se produjese la filtración de esos audios –que según se queja ya han sido transcritos parcialmente de forma «literal» por la defensa del ex mando policial en sus alegaciones– se causaría a la mujer «un daño irreparable». Algo similar, añade, a lo que ya está sucediendo desde que se reveló su identidad, lo que llevó a Interior a asignarle una escolta policial para garantizar su seguridad. «Toda España y parte del extranjero», lamenta, conoce a la inspectora denunciante «con sus nombres y apellidos completos».
Por lo tanto, pone de relieve Piedrafita, de persistir el juez en su decisión inicial, se produciría «un sacrificio innecesario y desproporcionado de sus derechos fundamentales».
El ex DAO: un "juicio paralelo"
La defensa del ex director adjunto operativo de la Policía cuestionó la petición de blindar esos audios al considerarla «incoherente». Según pone de manifiesto en sus alegaciones –en las que sostiene que los audios de la supuesta violación desmienten el relato de la víctima–, resulta contradictorio que la defensa de la defensa de la víctima pretenda «restringir a la parte contraria el acceso a una prueba esencial» mientras «alimenta públicamente» un «juicio paralelo» contra el ex DAO, situándole «en una situación de desventaja injustificada» y vulnerando «de lleno» su derecho a la presunción de inocencia.
Para la defensa de González, la grabación denota «complicidad, trato íntimo e interacción mutua verbal» entre ambos en un «entorno de confianza» que juzga «incompatible» con la "negativa rotunda, expresa y continuada en todo momento" que, según la versión de la denunciante, le trasladó al DAO en todo momento ante su insistencia en mantener relaciones sexuales. Muy al contrario, afirma que la inspectora adopta "una posición claramente dominante y de mando" respecto a su superior jerárquico en una "escena marcada por los celos".