El “no a la guerra” como coartada

Hay decisiones que marcan a un país durante décadas. Decisiones que condicionan su seguridad, sus alianzas y su prosperidad. La reciente postura internacional asumida unilateralmente por Pedro Sánchez es una de ellas. No es un gesto menor ni un matiz diplomático: es un movimiento de fondo que compromete el rumbo de España.

España se encuentra hoy con un presidente que no ganó las elecciones, que gobierna sin mayoría parlamentaria sólida y que ni siquiera es capaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado. Esa es la realidad institucional. Sin embargo, cuando se trata de fijar la posición exterior de la nación —nada menos que la seguridad, las alianzas estratégicas, el comercio o la energía— actúa como si dispusiera de un mandato incontestable y de un Parlamento irrelevante.

La decisión no ha pasado por las Cortes. Se ha despachado mediante una declaración institucional sin preguntas y sin periodistas. Una escenografía que recuerda más a los usos de los regímenes que concentran poder que a los estándares de una democracia parlamentaria madura.

El “no a la guerra” suena bien. Pero la política exterior no se gobierna con pancartas. La paz mundial es un ideal compartido por cualquiera que tenga un mínimo de sensatez. Ahora bien, el mundo no funciona a base de deseos. Y los países serios actúan en función de intereses estratégicos, compromisos internacionales y realidades geopolíticas.

España pertenece a la Unión Europea. España forma parte del entramado occidental de alianzas que garantizan estabilidad y prosperidad. España mantiene relaciones comerciales esenciales con Estados Unidos, cuyo impacto se deja sentir en sectores estratégicos, en la energía, en la inversión y, por supuesto, en el IBEX 35. Nada de esto es accesorio.

Toda acción política exterior tiene consecuencias en la credibilidad internacional, en la confianza de los inversores, en la seguridad jurídica, en el precio de la energía, en la posición de nuestras

empresas y en la estabilidad de los mercados. No se juega con esto para satisfacer a socios parlamentarios radicalizados o para sostener un relato ideológico.

Resulta además inquietante la reiterada tendencia del presidente a situarse, de facto, en posiciones coincidentes con líderes de corte autoritario cuando la mayoría de nuestros socios democráticos optan por la firmeza. España no puede permitirse ambigüedades estratégicas ni guiños que erosionen su fiabilidad como aliado.

Lo más grave no es solo el contenido de la decisión. Es la forma. Un país democrático no puede quedar sometido al capricho táctico de un gobernante en minoría. La política exterior no es patrimonio personal del presidente de turno. Exige debate, consenso y respaldo parlamentario, especialmente cuando afecta a la seguridad nacional y al mapa de alianzas. Con Sánchez, España se ha convertido en el amigo útil de los totalitarismos.

El “no a la guerra” es, en realidad, una huida del debate serio. Y cuando un presidente evita el Parlamento para tomar decisiones de esta magnitud, el problema deja de ser internacional y pasa a ser institucional.

Quizá la consigna adecuada no sea “no a la guerra”, sino “no al personalismo”. No a la improvisación. No a la opacidad. Y sí a las urnas. Cuando el rumbo de un país se decide sin mayoría, sin presupuestos y sin control, la respuesta democrática solo puede ser una: elecciones y que hablen los ciudadanos.