Las bajas laborales avivan la guerra entre CEOE, sindicatos y Elma Saiz por el desequilibrio entre gasto y protección
La mesa de diálogo social sobre incapacidad temporal (IT) ha vuelto a ser convocada esta semana por la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, en plena guerra abierta entre la patronal y el Gobierno, para tratar el espinoso asunto de las bajas laborales, en cifras récord tras cinco años de incremento exponencial. La negociación sobre las medidas a tomar para atajar lo que los empresarios consideran un problema que está acabando con la capacidad de resiliencia de miles de pymes, ha puesto en evidencia la distancia entre las posiciones, que acentúa los distintos ritmos y posiciones que sindicatos y patronal quieren dar a este tema, mientras el Gobierno media mientras sigue pendiente de activar el polémico «Observatorio de las bajas», la última medida anunciada en una negociación en la que los empresarios reclaman acciones urgentes y los sindicatos exigen que la protección social no pierda ni un ápice de terreno.
El planteamiento de las patronales CEOE y Cepyme es claro: la incapacidad temporal por contingencias comunes es un «problema de país» que urge abordar por temas de salud y por el impacto económico y organizativo que supone. «No se puede esperar más, necesitamos soluciones», apuntan fuentes empresariales, que temen que el Gobierno «vaya a marear la perdiz» sin atreverse a tomar medidas concretas que en muchos casos no requieren rango de ley. «El coste para las empresas empieza a ser insostenible y está provocando el cierre de muchas empresas, las más pequeñas».
La patronal cifra en 33.000 millones anuales después de que más de 1,2 millones de personas no acuden a su puesto de trabajo cada día y las bajas laborales se han disparado por encima de los nueve millones, una cifra que casi duplica la registrada en el año 2016. Otras fuentes empresariales, como la patronal catalana Pimec, eleva la cifra a 162.500 millones de euros anuales, lo que supone un 10,2% del PIB español. Así, el coste anual por empleado derivado de estas bajas se sitúa en los 2.459 euros, lo que representa el 6,6% de todos los costes laborales y convierte las bajas médicas en uno de los principales retos estructurales del mercado laboral español.
Así, el coste anual por empleado derivado de estas bajas se sitúa en los 2.459 euros, lo que representa el 6,6% de todos los costes laborales y convierte las bajas médicas en uno de los principales retos estructurales del mercado laboral español. Las horas de baja por incapacidad temporal llegan al 78,1% de todas las horas no trabajadas y remuneradas, sin contar con vacaciones y festivos. Además, el número de procesos iniciados ha crecido un 144,8%, muy por encima del aumento de la afiliación, y más de la mitad de los trabajadores ha tenido dos o más bajas en el último año.
Las distancia entre patronal y sindicatos se agranda cada día y CC OO y UGT amenazan con levantarse de la mesa si no se solucionan dos asuntos clave: la jubilación parcial en los empleados públicos y la de trabajadores en bases máximas jubilados anticipadamente por ERE. Los sindicatos rechazan también la «culpabilización» de los trabajadores y piden poner el foco en otros factores, como las listas de espera en la sanidad pública. «Que se refuerce lo que haga falta desde lo público», explica a Efe CC OO, que rechaza de plano que las mutuas puedan llegar a ser responsables de las altas y las bajas. «No puede ser que la responsabilidad del control de la IT dependa de esas entidades empresariales». En el mismo sentido, desde UGT reclaman al Gobierno profundizar en las empresas donde se están registrando mayores números de bajas para ver «qué causas hay detrás y reforzar la prevención de riesgos laborales».
El Gobierno se ha situado esta vez en el medio a la hora de abordar un aspecto delicado socialmente, con unas competencias en Sanidad transferidas a las comunidades autónomas y con un fuerte impacto presupuestario, pero donde debe equilibrarse el control del gasto con la protección de los derechos laborales. El Gobierno incluyó entre sus propuestas una que generó polémica social y discrepancias en el seno del propio Gobierno de coalición: la incorporación progresiva al trabajo para determinados supuestos tras recibir el alta médica. Junto a esto, se han lanzado propuestas sin concretar sobre el papel de las mutuas colaboradoras, los controles del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o la coordinación entre los servicios sanitarios. Esta semana volverán a verse las caras en una negociación que se presume ardua, larga y complicada.