Anticorrupción aguarda a dos informes de la UCO y Hacienda para impulsar el "caso Koldo"
La Fiscalía Anticorrupción aguarda dos informes clave de la Guardia Civil y de Hacienda para impulsar el "caso Koldo". El fiscal Anticorrupción Luis Pastor solicitó al magistrado Ismael Moreno una nueva prórroga de medio año más a la espera de adherir estos nuevos documentos que pueden impulsar el procedimiento.
En concreto, expuso que se está pendiente de recibir de la unidad policial un informe relativo a la documentación requerida al Servicio de Salud de las Islas Baleares y también otro de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). Cabe recordar que en esta pieza principal de la causa se investigan los contratos de mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa que introdujo Víctor de Aldama en la administración y que se llevó 54 millones por estas adjudicaciones de emergencia.
Aunque los primeros contratos de la mercantil se fraguaron con Puertos del Estado y Adif (ambos dependientes del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos), el gobierno balear que entonces presidía Francina Armengol también adquirió un millón y medio de mascarillas por las que abonó 3,7 millones de euros en abril de 2020. Se trata de unas adjudicaciones que, tras pasar por la Fiscalía Europea vuelven a investigarse en la Audiencia Nacional, órgano donde arrancaron estas pesquisas en septiembre de 2023.
Análisis de los móviles
Del mismo modo, Anticorrupción recuerda que la Guardia Civil todavía no ha terminado de analizar todos los dispositivos incautados tras el estallido del caso, el 20 de febrero de 2024. Entonces se practicaron un total de 26 entradas y registros en las viviendas de los investigados y también en sociedades y empresas vinculadas a éstos. De las mismas se intervinieron documentos en papel, dinero metálico y un total de 169 evidencias digitales, entre teléfonos, ordenadores y memorias externas.
"Tras su volcado continúan siendo examinados para su posterior informe al juzgado por la unidad policial encargada de la investigación", reza la Fiscalía en el escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN. Al respecto, recuerda que el análisis de estas fuentes de prueba clave "ha derivado en nuevas imputaciones y ha determinado la necesidad de nuevas diligencias a practicar".
Se refiere el fiscal Anticorrupción a la imputación en el Tribunal Supremo del que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por el presunto amaño de obra pública. La Unidad Central Operativa (UCO) apuntaló su implicación tras analizar un total de ocho audios incautados en el domicilio alicantino de Koldo García en los que se apuntaba al presunto cobro de comisiones a cambio de facilitar contratos millonarios del Ministerio de Transporte a empresas amigas.
No se descartan más imputaciones
Se trata de unas diligencias que arrancaron en el Tribunal Supremo al estar vinculadas a la actividad del entonces aforado José Luis Ábalos, pero que se han derivado a la Audiencia Nacional, tras perder dicha condición el ya exdiputado. Por todos estos motivos, Anticorrupción solicitó al magistrado Ismael Moreno la prórroga de, al menos, medio año más de las pesquisas.
Moreno, por su parte, ha accedido al reclamo y ha alargado la causa hasta el 8 de septiembre, a expensas de avanzar en esta investigación. De hecho, en su auto, mantiene que el análisis pendiente por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de todo lo incautado puede dar pie a nuevas imputaciones y a la práctica de más diligencias. El juez acaba de abrir una pieza separada que ha declarado secreta para investigar el metálico de la caja del PSOE. Su objetivo es esclarecer si se cometió delito de blanqueo de capitales con los sobres que percibieron Koldo García y Ábalos de Ferraz por supuestas liquidaciones de gastos.
En ese sentido, la causa acaba de adherir informes policiales y declaraciones vinculadas con este asunto que se han producido en el marco de otras diligencias abiertas, también en la Audiencia Nacional, sobre una trama del fuel. En concreto, se ha remitido al caso Koldo la declaración de Víctor de Aldama en la que dijo que posee material confidencial que acreditaría una presunta financiación irregular del PSOE; además de los testimonios que él mismo prestó en sede judicial en enero, el de Carmen Pano (la empresa que asegura haber llevado 90.000 euros en metálico a Ferraz) y su chófer, que refrendó esta versión.
El magistrado había citado para esta misma semana al empresario Aldama en aras a que aportara al caso el documento sobre la petrolera venezolana PDVSA que estaría vinculado con las finanzas de Ferraz. No obstante, ha suspendido la citación a petición del comisionista.