Popular, ¿y con poder?
Las asfixias, con sus crisis y alarmas subsiguientes, no solo imponen medidas de emergencia para encararlas, sino además sus temas. Por ello, en las condiciones muy peculiares de Cuba, es relevante no perder de vista, como señalé otras veces que, con lo urgente, se relegue el resto de lo importante.
Esto último es relevante cuando estamos sometidos —con el apretón de la última orden imperial de Donald Trump— a presiones que intentan condenarnos a la rendición, o a una condición permanente de país en terapia intensiva.
En medio de las zozobras tal vez la ciudadanía no ofreció la misma relevancia que la dirección política y estatal a las recordaciones por los 50 años del sistema del Poder Popular, celebrada con una audiencia parlamentaria, en la que hizo una muy juiciosa y crítica intervención el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
En que la fecha no fuera más notoria para el común de los cubanos pudieron incidir, además, junto a los reconocimientos ineludibles, las visiones cuestionadoras que arrastran sectores de la ciudadanía sobre la eficacia o deformaciones del sistema del Poder Popular nacido de la Revolución.
El proyecto que triunfó hace casi 70 años debe honrar cada vez más la idea martiana de que «nada hay tan justo como la democracia puesta en acción».
En medio de las radicales transformaciones estructurales que se emprenden en otros ámbitos, es preciso continuar reconfigurando, atemperada a la contemporaneidad, la idea de Fidel, que dio aliento, vida y forma a la estructura democrática cubana actual, de que «el poder del pueblo, ese sí es poder».
Como marqué en otros momentos, constitucionalmente en Cuba se es elegido al Gobierno para servir, y en base a la Carta Magna, para ejercer el mandato del pueblo, que tiene incluso el derecho a la revocación. La socialista nunca debería convertirse en una democracia formal, como tantas de este mundo, sino en protagónica, participativa y popular. Gobernar con el pueblo, y no «para el pueblo.
El edificio verdadero que debemos habitar en la democracia socialista nuestra es aquel donde se honre cada vez más el artículo tercero de la Constitución aprobada en el año 2019, en el cual se refrenda que «En la República de Cuba la soberanía reside en el pueblo, del cual emana todo el poder del Estado».
En consecuencia, como llamé la atención otras veces, hay que continuar reconciliando la institucionalidad política, estatal y gubernamental y nuestra concepción política unipartidista, con los preceptos de la soberanía popular que deben marcar especialmente las aspiraciones del socialismo en este siglo.
Para que el tipo de poder y organización democrática que nos dimos —y que buscamos reajustar— nunca sea disminuido por «mandamenos», y mucho menos usurpado por mandamases.
Lo que se decide en las urnas tras la segunda Constitución del período socialista no debería ser más de lo mismo, al menos no habría razón constitucional, legal o institucional para ello.
Se ha subrayado poco, pero los delegados que surgen de las votaciones constituyen las asambleas municipales luego del profundo replanteo sistémico de la estructura del Estado y del Gobierno aprobado en esa segunda Constitución.
Tampoco se analizó con la profundidad y regularidad debida, pero esas asambleas no deberían ser clones de las anteriores, en base a ese mismo replanteo, como también por el avance hacia una sociedad menos verticalista y más horizontal, en la que cambia radicalmente el papel y las atribuciones de las municipalidades.
Ahora mismo podríamos interrogarnos como sociedad cuántas lastimaduras, extendidas inexplicablemente en el tiempo nos hubiéramos ahorrado con una base de poder más sensible, autónoma y sólida.
Si algo debemos enfrentar claramente es esa visión no pocas veces lastimera y de sufriente tramitador de los delegados, por una que los ubique en su verdadera posición y jerarquía.
Si la Asamblea Nacional del Poder Popular es el máximo órgano del poder del Estado en Cuba, las asambleas municipales lo son en su demarcación. Los que elegimos para representarnos deben ser capaces de ejercer las atribuciones que tienen legalmente conferidas, despojando esas estructuras de las formalizaciones, las subestimaciones o la burocratización que dañaron, en otros momentos, su reconocimiento y autoridad social.
A los puestos del Poder Popular en Cuba —como manifestamos cuando comenzaba a nacer la nueva estructura de poder revolucionario en el país con la nueva Carta Magna — no se es elegido para «portarse bien», sino para ejercer un mandato, que les confía el pueblo con su voto, y que deben honrar con aptitud decorosa y honorable; y también con eso que en sicología social se denomina la «actitud» política. Se es elegido, además de para representar, para mandar.
A nadie escapa que en un mundo donde «poderoso caballero» decide en las campañas políticas —hoy dramáticamente mediadas por la manipulación tecnológica— que en nuestro ámbito lo hagamos en base «al mérito y la capacidad» es una singularidad cuando menos llamativa, siempre que no derive en formalismo cansino o en panfletismo político rutinario.
Por el acento desmesurado —en detrimento de otros atributos—, que en oportunidades se hace de esto último, o de su carácter casi plebiscitario en las condiciones de Cuba, no faltan quienes pierden la brújula de qué es lo decisivo: si asistir como muestra de adhesión política, elegir un decente y notorio expediente, o a un representante competente a los poderes públicos en la nación.
No deberíamos ir a las asambleas de nominación ni a las votaciones a elegir a un «buen tipo» —con el perdón del lenguaje y la igualdad de género—, sino a un «tipo» especial de ciudadano, además de por su pulcritud moral, por su vocación política.
Usando una palabra de moda en las «pasarelas políticas» actuales, y que asustaba a algunos entre nosotros, podría decirse que, tanto los delegados como las asambleas, tienen que «empoderarse».
La actitud política, esa que debemos considerar para ejercer nuestro derecho a proponer candidatos —o a decidir por unos u otros— se conceptualiza y manifiesta actualmente en diversos modos de afrontar las relaciones con el poder, en este caso el revolucionario que distingue a Cuba: frente a la autoridad (obediencia, aceptación, rebeldía); frente al Gobierno (aceptación, indiferencia, cuestionamiento); y en diversas representaciones sobre los fines que debiera cumplir el poder, o reacciones frente a estímulos políticos diversos: tensiones, conflictos sociales, problemas financieros y cuestiones religiosas, entre otras.
Las definiciones anteriores parecieran demasiado sofisticadas por el cubano simple que sobrevive a dificultades incalculables ahora mismo, pero no podemos perder de vista que el ejercicio de los poderes públicos, aunque debe asumirse con natural sencillez, constituye una responsabilidad nada sencilla, asumida en propiedad.
Solo tras lograr lo anterior entenderemos que de la última Constitución surgió una mejor definición de poderes, que acentúa los contrapesos políticos, en un período en que se profundiza la paulatina sustitución de las figuras históricas en el liderazgo y toman las riendas personalidades más jóvenes, que no acumularon la autoridad que ofreció la participación en la lucha antibatistiana.
Ese equilibrio y diversidad de poderes —destacábamos—, bien administrados, pueden favorecer una mejor proporcionalidad, ecuanimidad, armonía y balanza en la toma de decisiones, y a la larga cimentar la fortaleza e irreversibilidad del sistema institucional revolucionario.
No es un dato menor, adicionalmente, que hasta la mitad de los escaños en el Parlamento nacional lo ocupan muchos de los que salen electos para esas Asambleas municipales.
Al llamar la atención sobre lo relevante de que la sociedad cubana justipreciara la significación de los 50 años del Poder Popular no puede perderse de vista de que al Estado socialista de derecho y de justicia social que escogimos como camino le urge la expansión de una profunda y esencial conciencia y responsabilidad cívica y un ciudadano formado para ejercitarla.
No es ocioso regresar hoy al penetrante diálogo que sostuvo con estudiantes universitarios el intelectual Alfredo Guevara, integrante de la generación que fundó la Revolución, quien insistió en la necesidad de que el sistema educativo a todos los niveles y las instituciones de la sociedad —y las organizaciones políticas juveniles y las estudiantiles— apuesten a una educación no solo patriótica, sino también para la civilidad, para vivir en sociedad.
Guevara reclamaba la urgencia de tener ciudadanos, y no solo gente que vota en las elecciones, o que opina en algún lugar, y a las cuales se les haga caso, porque uno de los principios para llegar a ser ciudadano será que el Poder Popular deje de ser solamente popular y, se convierta verdaderamente en poder. Lo anterior, como puede presuponerse, comienza a tomar forma, precisamente, desde la concepción misma del texto constitucional.
Ese ciudadano al que aspiramos demanda incluso de un acabado más completo, como lo definía el también integrante de la Generación del Centenario Armando Hart Dávalos, para quien debía cultivarse en un eje rotundo de cultura, ética, Derecho y política solidaria. Solo con semejante lustre pueden encararse con la altura necesaria los más enconados temas que se derivan de nuestro nuevo ordenamiento constitucional, en un contexto en que se complejiza, como nunca, la construcción de los consensos en medio de la acrecentada saña externa.
Tampoco en esta hora debemos ignorar que lo legal por sí solo no alcanza. El Padre Félix Varela sostenía que no hay duda de que las instituciones políticas y las leyes civiles sirven de protección y de estímulo, pero no bastan para consolidar los pueblos; antes son como los vestidos, que protegen el cuerpo y le libran de la intemperie, más si está corrompido no pueden sanarlo. Una prudencia social, fruto de la moralidad y de la ilustración, es el verdadero apoyo de los sistemas y las leyes...
Lo que tenemos por delante es nada menos que la consecución del más portentoso pacto político y moral que definirá el rumbo de nuestra nación hacia el futuro, mientras los enemigos históricos de la Revolución pretenden volver a subyugarnos, por lo que demeritan e intentan derribar todo el portentoso andamiaje institucional nacido de nuestras luchas.
Esa disyuntiva la encaramos con una ventaja de la que carecen muchos en el planeta: la concepción, que se precisa expandir y madurar, de todo un pueblo constituyente y políticamente participante, incluso en la toma de decisiones.
Lo fundamental es que la renovada estructura de poder nacida de la nueva Constitución de la República, se afiance bajo otra filosofía, que haga honores a los nuevos roles y contrapesos que tiene en su diseño, a las facultades que le fueron legalmente atribuidas a cada uno de sus eslabones. En el socialismo, muy especialmente en las condiciones de Cuba y de su singular sistema político, todos debemos andar juntos, en irrenunciable unidad, pero nunca revueltos.
Construir el socialismo al que aspiramos exige darle políticamente su peso al contrapeso. Cuando lo hagamos en propiedad, otras serán las rendiciones de cuentas y, para mayor felicidad de todos, las cuentas: una estructura democrática auténtica, popular, y con poder.