La fiscal general asciende a antiguos colaboradores de García Ortiz en su primera batería de nombramientos
Teresa Peramato coloca a Ana García León, próxima a su predecesor, en una de las jefaturas del Supremo, donde también sitúa a la independiente María Farnés Martínez y mantiene al conservador Javier Huete
El Supremo rechaza anular la sentencia que condenó al ex fiscal general
La nueva fiscal general del Estado ha afrontado este viernes su primer gran pulso ante la cúpula fiscal con una batería de 17 nombramientos. Teresa Peramato, que llegó a la institución afirmando que contaría con “todos” para tratar de “sanar” la “profunda herida” generada por la condena a Álvaro García Ortiz, ha optado por ascender a antiguos colaboradores de su predecesor, aunque también ha nombrado a perfiles no asociados o próximos a la asociación conservadora.
Tras oír al Consejo Fiscal, uno de los tres puestos de fiscal de Sala jefe de la Sección Penal del Tribunal Supremo ha sido para Ana García León, que fue fiscal jefa de la Secretaría Técnica con García Ortiz y una de las personas de máxima confianza del ex fiscal general. Otro lo ocupará la actual fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, que no está asociada aunque tiene un perfil progresista, de acuerdo a las fuentes fiscales consultadas por elDiario.es.
Además, Peramato ha optado por mantener en la tercera de esas jefaturas a Javier Huete, que fue uno de fiscales de la máxima categoría que firmó un escrito que pedía formalmente la dimisión de García Ortiz tras su declaración como investigado en la causa abierta contra él por revelación de secretos tras la querella del comisionista Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Esa misiva, entre otras, llevaba también las firmas de los cuatro fiscales del procés, que mantuvieron un enfrentamiento abierto con García Ortiz prácticamente desde su llegada a la cúpula de la Fiscalía. Dos de ellos —Jaime Moreno y Consuelo Madrigal, que fue fiscal general del Estado con Mariano Rajoy (PP)— optaban a una de esas jefaturas, pero Peramato ha optado por otros perfiles.
Del Consejo Fiscal de este viernes también han salido tres nuevos fiscales del Supremo, en este caso sin categoría de jefe. Uno de esos puestos es para Diego Villafañe, que fue teniente fiscal de la Secretaría Técnica con García Ortiz y a quien Peramato mantuvo en ese puesto. Villafañe, que estuvo imputado en la causa abierta tras la querella de la pareja de Ayuso y que declaró como testigo en el juicio, ha sido uno de los más estrechos colaboradores del ex fiscal general.
También ascienden al Supremo la actual fiscal jefa de Cuenca, Isabel Gómez, que desde junio de 2022 era vocal del Consejo Fiscal por parte de la conservadora Asociación de Fiscales. Y Antonio Colmenarejo, que también estuvo en la Secretaría Técnica con García Ortiz y que está especializado en materias como el medio ambiente y urbanismo. A uno de esos puestos optaba la fiscal jefa de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, enfrentada a García Ortiz, que no ha resultado elegida.
Al frente de la Fiscalía de Sala de Discapacidad seguirá la ex fiscal general María José Segarra, que era la única aspirante al puesto. Segarra, que fue la primera fiscal general nombrada por el Gobierno de Pedro Sánchez, también firmó la carta en la que se pedía la dimisión de García Ortiz tras su declaración en el Supremo en enero del año pasado.
La Fiscalía de Sala de Medio Ambiente pasará a manos de Javier Rufino, que actualmente es teniente fiscal de la Inspección Fiscal, donde ha asumido la redacción de las actas de medio ambiente. Rufino no está asociado, aunque se le atribuye una sensibilidad conservadora, de acuerdo a las fuentes consultadas.
Peramato también ha hecho dos nombramientos en la Fiscalía ante del Tribunal Constitucional. Una de las propuestas ha sido Raquel Muñoz, que también formó parte de la Secretaría Técnica con el ex fiscal general. El otro es Ignacio Rodríguez, que en la actualidad era letrado del tribunal de garantías y que formó parte del grupo de expertos que hizo un proyecto de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal durante el mandato del ministro Juan Carlos Campo (PSOE).
Además, en la Audiencia Nacional recalará Beatriz López Pesquera, que también formó parte del equipo de García Ortiz en la Secretaría Técnica y que está asociada la Unión Progresista de Fiscales, asociación que presidió Peramato en el pasado. Por otro lado, logra una plaza fija en la Fiscalía Anticorrupción Virna Alonso, que era decana de la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid.