En mayo de 2024, la Contraloría General de la República de Chile, un organismo auditor que combina lo que en España sería la Intervención General del Estado (IGAE) con el Tribunal de Cuentas, encabezada por la abogada Dorothy Pérez, publicó un informe que sacudió el debate nacional: más de 25.000 funcionarios habían salido del país mientras estaban con licencia médica . La imagen - viajes internacionales durante convalecencias financiadas por el erario - fue devastadora. Un año después, las cifras confirmaron que el golpe no fue retórico. En 2025 se aprobaron 7 millones de licencias médicas, un millón menos que en 2024 (-12,9%), y el gasto en subsidios por incapacidad laboral se redujo en torno a 675 millones de dólares,...
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