Consumo defiende la efectividad del tope de precios a hoteles por la borrasca Leonardo: no se han detectado subidas abusivas
Consumo defiende la efectividad del tope de precios impuesto por el Gobierno a los precios de hoteles y servicios de hospedaje en Grazalema y otros 13 municipios afectados por la borrasca Leonardo del 18 al 25 de febrero. Según una análisis realizado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 desde su puesta en marcha, este mecanismo ha evitado que se repitiesen situaciones de precios disparados como ocurrió en la tragedia ferroviaria de Adamuz con los transportes alternativos al tren y los servicios de alojamiento comercializados a través de canales digitales. Este nuevo mecanismo para topar precios, que se aplicó por primera vez en este caso tras ser aprobado vía real decreto por el Consejo de Ministros el 10 de febrero, se vota este miércoles en el Congreso para su convalidación o derogación.
Tras el análisis de los rangos de precios y de las fluctuaciones del fin de semana, no se han comprobado indicios de superación del límite de la tarifa máxima permitida. El informe identifica así esta norma como una herramienta eficaz para frenar las subidas automáticas de precios en las grandes plataformas de reserva online, especialmente en contextos en los que los sistemas de precios dinámicos automatizados pueden reaccionar al alza ante picos de demanda. Asimismo, durante la semana de vigencia, "en esta semana no se ha hecho ninguna reclamación formal ni se han notificado incidencias por posibles incumplimientos de la norma ni al Ministerio ni a ninguna de las instituciones competentes, autonómicas y locales, con las que se ha estado en constante comunicación y coordinación", asegura el departamento dirigido por Pablo Bustinduy.
El sector hotelero, en cambio, cuestionó estos topes y defendiendo su solidaridad en situaciones de emergencia. "La medida generalizada no refleja la conducta real del sector", criticó la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), que insistió: "La hotelería española nunca ha aprovechado las emergencias para incrementar precios de forma oportunista". Teniendo estas críticas en cuenta, Bustinduy ha destacado el buen comportamiento de los establecimientos hoteleros. “Han demostrado que la solidaridad no es una palabra vacía, sino un compromiso real que se activa cuando más se necesita. También han mostrado un contraste evidente con determinadas plataformas que, tras los llamados precios dinámicos, solo intentan convertir las emergencias en otra oportunidad de negocio”, ha asegurado el ministro.
La limitación de precios se ampara en el real decreto-ley que permite al Gobierno limitar las subidas de precios de servicios y productos en situaciones de emergencia. Los topes, impuestos para evitar un encarecimiento especulativo de los hospedajes mientras a algunas familias se les prolongaba la estancia fuera de sus casas y retornaba el turismo, se aplicaron a un total de 14 municipios repartidos en cinco provincias españolas. En la provincia de Cádiz, la medida afectó a Grazalema, Jerez de la Frontera, Ubrique y Vejer de la Frontera; en Granada, a Nívar, Montefrío, Pinos Puente y Zagra; en Jaén, a Cazorla y Santisteban del Puerto; en Málaga, a Benaoján y Ronda; y en Badajoz, a Burguillos del Cerro y Medellín. En estos municipios había más de 10 personas desalojadas, que representaban al menos el 0,1% de la población del municipio.
Durante la vigencia de la limitación, en estos municipios el precio de los servicios hoteleros y de hospedaje no pudo ser superior al precio máximo que tuvo este servicio o producto en los 30 días naturales anteriores al comienzo de esta situación. Además, si el precio máximo de esos servicios en esos 30 días previos fue superior en más de un 50% al precio medio en ese mismo período, la referencia para topar un precio pasó a ser el precio medio de los 30 días más un 50%. Asimismo, los consumidores tienen derecho al reintegro de los importes pagados en exceso respecto a esos topes. El reembolso se debe solicitar directamente al propio establecimiento y, en caso de obtener una respuesta negativa, la persona afectada puede presentar una reclamación oficial ante las autoridades de Consumo.
La novedad que introdujo este real decreto, impulsado por el Ministerio de Consumo, es que las situaciones en las que pueden toparse los precios no son solo aquellas declaradas como de emergencia de protección civil, sino también aquellas que determine el Consejo de Ministros, como acontecimientos extraordinarios como fenómenos meteorológicos, catástrofes naturales, accidentes graves, una emergencia técnica, fuerza mayor u otras circunstancias sobrevenidas no imputables a los usuarios.
Consumo defiende que "con esta medida se garantiza que la tecnología no se traduzca en incrementos de precios no justificados durante una situación de emergencia". Solo en el último año se han dado varias situaciones similares, como las denuncias por el aumento del precio de los VTC en el apagón del 28 de abril o las del incremento de precios de los vuelos a Galicia durante la oleada de incendios que sacudieron la comunidad el pasado verano.