En el año 2008 nacieron 520.000 bebés en una España infestada de grúas, donde nadie era capaz de prever la tempestad que venía. Menos de dos décadas después, la cifra se ha desplomado un 40% hasta los 320.000, y por noveno año consecutivo mueren más personas de las que nacen. El único motivo por el que la población sigue creciendo es la inmigración, que solo en 2025 se tradujo en la llegada de unos 550.000 extranjeros. Pero a diferencia de lo que suele asumirse, tampoco está previsto que el colectivo inmigrante amortigüe el desplome de la natalidad, pues su índice de fecundidad se hunde tres veces más rápido que el de la población española. Los datos pueden consultarse en las respectivas tablas del Instituto Nacional de Estadística (INE). La tasa de fecundidad española se encuentra en el vagón de cola de Europa, con 1,10 nacimientos por mujer. Este dato empeora si se mide exclusivamente el de las mujeres nacidas en España, que es de 1,07, casi la mitad del 2,1 necesario para garantizar el relevo poblacional. La cifra es en sí misma tan baja que ya en la actualidad uno de cada cuatro bebés que nacen en nuestro país es de madre inmigrante —uno de cada tres, de madre nacida en el extranjero—, a pesar de que, como se ha señalado, la tasa de fecundidad de este colectivo no supera el 1,27 y lleva más de veinte años en caída libre. Por poner las cifras en contexto, en el año 2002 la tasa de fecundidad de las mujeres extranjeras era de 1,86, mientras que la de las españolas se situaba en 1,21. Algo más de veinte años después, esta brecha se ha reducido un 70%, pasando de una diferencia de 0,65 hijos por mujer a solo 0,20 , pues mientras que la fecundidad inmigrante ha caído un 31,7%, la de las españolas —que partía de mucho más abajo— solo lo ha hecho un 11,6%. «Este fenómeno se había observado hace décadas en países con mayor tradición migratoria que España, como Estados Unidos o Alemania, pero sorprende la rapidez con la que también está ocurriendo aquí», sostiene Mariona Lozano Riera, doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Interpelada acerca de las causas de esta tendencia, asegura que todavía es un campo en estudio, aunque en la mayoría de casos responde a «procesos de asimilación económica y cultural». Analizando los datos al detalle se observa, de hecho, que las tasas de fecundidad en el primer y segundo hijo son ya prácticamente idénticas entre extranjeras y locales, y la diferencia que sigue existiendo se concentra casi en exclusiva en los terceros y cuartos —o más— descendientes, cuyas cifras apenas se han reducido desde 2002 y siguen siendo en extranjeras tres veces mayores que en las locales. «Los colectivos que antes decidían tener cuatro hijos o más, siguen haciéndolo. Ya sea por capacidad económica o por convicciones religiosas», sostiene Lozano. Se ha hablado mucho estas semanas del llamado 'gran reemplazo', una tesis propagada históricamente por la extrema derecha antiinmigración que sostiene que avanzamos hacia un cambio demográfico en las sociedades occidentales alentado por sus élites. Teorías al margen, la realidad es que los nacimientos en España siguen siendo muy inferiores al número de defunciones —321.000 frente a 447.000 en 2025—, lo que sitúa al país en una dinámica de crecimiento natural negativo que depende cada vez más del saldo migratorio. Según Eurostat, desde 2022 España ha aumentado en 1,5 millones su población, una cifra que triplica la del siguiente Estado miembro en el ranking —Francia— y representa el 40% del crecimiento de la Unión Europea en este periodo. En estos cuatro años han llegado 2,2 millones de inmigrantes, han muerto cerca de 2 millones de españoles y han nacido 1,3 millones. Por su parte, 950.000 de estos extranjeros han obtenido la nacionalidad, por lo que alrededor del 42% del crecimiento del colectivo español se ha producido también vía inmigración. Estos balances pueden relativizarse a corto plazo, pero su impacto se vuelve superlativo en cuestión de décadas. En Barcelona, por ejemplo, los nacidos fuera han pasado de suponer en 1998 el 5,8% de la población de entre 25 y 54 años a ser más del 52% en la actualidad. En Madrid han pasado del 6,4 al 42%, y en Hospitalet de Llobregat —municipio de 290.000 habitantes— han pasado del 3,7 a casi el 60%. Todo esto en algo más de 25 años. A pesar de todos estos datos, en la práctica la inmigración solo ha logrado amortiguar parcialmente el envejecimiento, pues sus tasas de fecundidad no bastan tampoco para compensar el déficit de la natalidad. Esto mismo sostiene la Comisión Europea, cuyo informe sobre el envejecimiento 'Ageing Report' proyecta que la ratio de dependencia de mayores en España —la población de 65 años o más en relación con la población en edad de trabajar— pasará del 46% actual a cerca del 80% en 2070, incluso bajo escenarios en los que se asumen saldos migratorios netos en el entorno del 0,4% al 0,5% anual, un retraso de la edad media de jubilación y, por supuesto, un recorte de las pensiones. Llegados a este punto, se debate en qué medida contribuye la inmigración a la sostenibilidad económica del sistema. A corto plazo, resulta difícil negar que se ha convertido en uno de los grandes soportes del crecimiento económico español. Sin ir más lejos, organismos como el Banco de España o el FMI coinciden en señalar este fenómeno como el principal responsable de que en 2025 el PIB español avanzara un 2,8%, frente al 1,6% del conjunto de la Unión Europea. Ahora bien, una cosa es el impacto sobre la economía a corto plazo y otra muy distinta la contribución fiscal neta al Estado del bienestar. «Si se analiza la contribución de un inmigrante a lo largo de toda su vida, ésta acaba siendo inferior a la de un nacional», expone Concepció Patxot, profesora de Economía en la Universidad de Barcelona, que aclara que en el contexto de un Estado del bienestar, la redistribución de la riqueza a largo plazo juega a favor de quienes menos tienen. «Es bastante lógico: cuando en España apenas había inmigración, la población con menor nivel educativo era la que recibía más prestaciones sociales; hoy, los inmigrantes con menor formación han asumido en buena medida ese papel», concluye. El estudio más revelador al respecto lo elaboró en 2019 el Ministerio de Finanzas de Dinamarca, uno de los Estados del bienestar más 'generosos' y fiscalmente responsables de Europa. El análisis concluyó que los inmigrantes y descendientes de origen no occidental generaban un saldo fiscal neto negativo de unos 3.600 millones de euros anuales, una magnitud equivalente a varios miles de euros por persona. En el caso de los inmigrantes occidentales, con mayores niveles educativos, sí se registraban saldos fiscales positivos. A esta realidad habría que sumarle, en el caso de España, la baja integración laboral de una parte importante del colectivo inmigrante. Según los datos de la Seguridad Social y del INE, en 2024 en España cotizaban el 74,4% de los nacionales en edad de trabajar, frente al 56% de los extranjeros. Este porcentaje, además, se situaba por debajo del 50% si se elimina de la ecuación a los ciudadanos venidos de países de la Unión Europea, que cotizan en promedio incluso más que los españoles (76%). A la vista de todos estos datos, el problema demográfico europeo (y español) no admite soluciones simples. El mundo en 2026 no tiene nada que ver con el de hace 30 años y eso empieza a reflejarse también en los parlamentos, con el auge de movimientos contrarios a la globalización tanto en Estados Unidos como en el viejo continente. En cualquier caso, lo que resulta evidente es que, por ahora, la inmigración está amortiguando la crisis demográfica vía llegadas, pero no ha logrado revertir el desplome de la natalidad, que encadena casi medio siglo de caída continuada y que, como se ha señalado, la asunción de las mujeres extranjeras de los hábitos de natalidad occidentales no logra modificar. «Creo que estamos a las puertas de una crisis. Los datos llevan avisando desde hace más de treinta años y, durante todo este tiempo, políticamente no se ha hecho nada», advierte la profesora Lozano Riera, que subraya que el problema de España no es solo demográfico, sino también de modelo productivo y de valor añadido, excesivamente concentrado en sectores de baja productividad como el turismo. «Es una mezcla de todo», termina. Por ahora se desconoce cómo revertir el desplome de la natalidad en Occidente, que amenaza el pacto social básico de los Estados del bienestar modernos. «Las implicaciones son inmensas», resumía la epidemióloga Natalia V. Bhattacharjee en uno de los grandes estudios internacionales sobre el descenso de la fecundidad publicados en 'The Lancet'. No existe una solución fácil. «No hay bala de plata», lamenta.
