La exposición fotográfica organizada por el Congreso para conmemorar que la Carta Magna de 1978 es ya la más duradera del constitucionalismo español es un ejemplo de cómo el Gobierno aborda sectariamente la historia reciente de España. Como en tantos otros casos de manipulación partidista en la Cámara Baja, el Ejecutivo se ha servido de la adhesión de la presidenta Francina Armengol , quien ha asumido de forma incondicional su papel de caballo de Troya del PSOE en la sede representativa de la soberanía nacional. La selección de fotografías responde a la fantasía nocturna de una izquierda que sueña con eliminar a la derecha de la vida y la historia de este país. Baste el ejemplo de que los dos presidentes del Gobierno pertenecientes al PP, José María Aznar y Mariano Rajoy, no aparecen en una sola de las imágenes, omisión vengativa contra dos líderes que obtuvieron sendas mayorías absolutas. Algo a lo que Sánchez no ha podido siquiera acercarse. Hay otras muestras de lo que, en definitiva, son gestos de rabia contra la historia democrática de España, de pulsiones divisivas, de muros fotográficos: en el colmo del disparate, Yolanda Díaz aparece en tres ocasiones. Sin embargo, y de nuevo, lo más hiriente es la marginación de las víctimas de ETA y del terrorismo en su conjunto. Los casi novecientos asesinados por la banda solo merecen una foto, medio escondida, de la manifestación de repulsa por el asesinato del catedrático Tomás y Valiente, que tiene al pie una vitrina con las portadas que determinados periódicos dedicaron al anuncio de ETA de que ponía fin a su violencia terrorista. Lo de menos es que falte una u otra cabecera; lo más grave es que aparezca la de 'Gara', portavoz de ETA y sucesor de 'Egin', al servicio de la propaganda, la justificación y el señalamiento que necesitaban los terroristas. La presencia de 'Gara' es, en efecto, un insulto a los periodistas asesinados por ETA, a los señalados por sus columnistas –y con una directora, hoy diputada, condenada en firme por terrorismo– y a los difamados por los etarras de imprenta. No sorprende esta iniquidad de la izquierda – especialmente de Francina Armengol–, porque cualquier reivindicación sincera de las víctimas de ETA habría sido incompatible con la sociedad de intereses mutuos que Pedro Sánchez ha firmado con Arnaldo Otegi, incompatible también con el goteo incesante de beneficios, terceros grados y tratamientos 'personalizados' concedidos a los presos de ETA . Esta inmoralidad practicada con las víctimas de ETA es tan insultante como el argumento del lendakari Pradales de que los etarras excarcelados han salido por su «evolución personal» y «el cumplimiento de la ley». De momento, el sanguinario Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', se resiste a los formulismos y formalismos de mínimos con los que sus compañeros de terrorismo aparentan 'cumplir con la ley'. Si fuera así, no se aplicaría de forma continua la trampa del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, porque no es posible que súbitamente, desde que el Gobierno vasco tiene las competencias penitenciarias, los etarras presos hayan experimentado una revelación redentora. Puede que alguno sí, pero no todos a los que Pradales ha puesto en libertad. Resistirse a esta manipulación de la historia, a esta apropiación partidista del tiempo de vigencia de la Constitución de 1978, es un obligación cívica y un deber democrático.
