La persecución ideológica del Gobierno a la sanidad privada
La decisión del Gobierno, impulsada por la ministra de Sanidad, de prohibir los conciertos de la sanidad pública con la sanidad privada es una de esas medidas que, por su carga ideológica, deberían obligar a detenerse y preguntar: ¿qué problema se pretende resolver exactamente? Porque si el objetivo fuera mejorar la atención sanitaria, reducir listas de espera y optimizar recursos, la conclusión lógica sería la contraria: reforzar y perfeccionar la colaboración público-privada, no dinamitarla.
Los conciertos sanitarios han sido, durante décadas, una herramienta útil -y en muchos casos imprescindible- para que el sistema público pudiera responder con agilidad a picos de demanda, derivar intervenciones que de otro modo se retrasarían meses y, en definitiva, prestar un mejor servicio al paciente. No se trata de una teoría: se trata de una realidad verificable en la práctica diaria. Cuando el sistema público no puede absorber toda la demanda, la derivación a centros privados concertados permite que el ciudadano sea atendido antes, que se reduzcan tiempos de espera y que se descongestione la sanidad pública.
Sin embargo, el Gobierno pretende eliminar esta herramienta, no porque haya demostrado ser perjudicial, sino porque encaja mal en el relato ideológico de quienes conciben el Estado como monopolio. Para esta visión, la colaboración público-privada no es un instrumento de eficiencia, sino una “amenaza” doctrinal: cualquier participación privada en la producción de servicios públicos es interpretada como una “privatización encubierta”, aunque el servicio sea financiado públicamente con los impuestos del ciudadano y no se pague luego nada por el servicio.
Cuando el sistema público no puede absorber toda la demanda, la derivación a centros privados concertados permite que el ciudadano sea atendido antes
Este planteamiento es profundamente irresponsable, porque ignora la naturaleza del problema sanitario en España, de manera que eliminar los conciertos no es una mejora del sistema, sino todo lo contrario.
Además, los conciertos no son un “regalo” a la sanidad privada. Son, precisamente, un mecanismo de compra de servicios: el Estado paga por una prestación concreta, normalmente a un coste que, en muchos casos, resulta inferior al que supondría ampliar capacidad pública en el corto plazo. Esto no significa que la sanidad privada sea “mejor” por definición, ni que la pública sea “peor”. Significa algo más simple: que la capacidad sanitaria es limitada, y que cuando hay una urgencia asistencial -por ejemplo, listas de espera quirúrgicas-, la prioridad debería ser atender al paciente. No ganar un debate ideológico.
Pero la medida tiene, además, un trasfondo político evidente. No es casualidad que el discurso contra los conciertos se concentre en comunidades como Madrid, donde el modelo de colaboración público-privada ha tenido un peso mayor, además de exitoso. Se presenta como si fuera un “ataque” a lo público, cuando en realidad lo que ha permitido, en numerosos casos, es que lo público funcione mejor. La obsesión del Gobierno con Madrid no es nueva. Forma parte de una estrategia de confrontación territorial y de polarización política: si Madrid representa un modelo alternativo de gestión, entonces hay que combatirlo, aunque sea a costa del ciudadano.
Se interpreta como una «privatización encubierta», aunque sea financiado con los impuestos de los ciudadanos
La pregunta, por tanto, es inevitable: ¿a quién beneficia esta prohibición? Desde luego, no al paciente, que no quiere debates doctrinales, sino que le operen a tiempo, que le atiendan con dignidad, que no tenga que esperar meses para una prueba diagnóstica o una consulta de especialista. Y si el sistema público no tiene capacidad suficiente -y no la tiene-, la colaboración con centros privados concertados es una válvula de escape. Eliminarla significa cerrar una salida de emergencia cuando el edificio ya está lleno de humo.
Tampoco beneficia al contribuyente. Porque la sanidad pública, sin colaboración público-privada, no sólo tendrá más presión asistencial, sino también mayor presión presupuestaria. El Gobierno vende la prohibición como si fuera una defensa de lo público, pero lo que hará es aumentar el coste total del sistema. Si se quiere mantener el mismo nivel de servicio sin conciertos, habrá que ampliar plantillas, construir infraestructuras, invertir en equipamiento, incrementar horas quirúrgicas, reorganizar turnos y mejorar gestión. Todo ello cuesta dinero. Y cuesta mucho. Y no se resuelve por decreto.
Lo más grave es que se trata de una medida tomada desde el rencor ideológico. Un rencor que no busca mejorar la sanidad, sino imponer un modelo. Un modelo donde el Estado no coopera, no contrata, no externaliza, no concierta: monopoliza. Y cuando el Estado monopoliza en un contexto de escasez, el resultado es previsible: colapso, listas de espera, deterioro de la atención y frustración creciente.
El Gobierno vende la prohibición como si fuera una defensa de lo público, pero lo que hará es aumentar el coste total del sistema
La sanidad pública no necesita dogmas. Necesita eficacia. Necesita gestión. Necesita incentivos adecuados. Necesita retener talento médico y de enfermería. Necesita modernizar procesos. Necesita planificación a largo plazo. Y necesita, mientras tanto, utilizar todos los instrumentos disponibles para atender a la población. Entre ellos, la colaboración público-privada.
Prohibir los conciertos es, en definitiva, un error estratégico, que se presenta como “progresista” cuando en realidad puede terminar perjudicando a quienes más dependen del sistema público: los ciudadanos que no pueden pagarse alternativas y que necesitan que la sanidad pública funcione.