Las llamadas 'spam' son unas de las comunicaciones más molestas para los ciudadanos. Suelen llegar en mal momento y siempre con alguna pregunta que en ese momento resulta invasiva. Una nueva oferta comercial, el ofrecimiento de pasar a la competencia o la ampliación de la tarifa ya contratada son algunas de las peticiones que reciben los consumidores. Se trata de llamadas que además generan desconfianza visto el auge de los casos de 'phising' que utilizan los ciberdelincuentes. El Gobierno quiere que estas acaben y para ello desde 2022 se han implementado diversas medidas con la entrada en vigor de la Ley General de Telecomunicaciones. Las últimas dirigidas a sancionar a las eléctricas y a la propuesta de que las empresas identifiquen con un prefijo las llamadas comerciales. A pesar de toda la regulación en torno a este tema, la OCU señala que el 72% de los ciudadanos las ha recibido en algún momento del último año y una encuesta de Facua destaca que casi un 37% de los ciudadanos recibe más llamadas comerciales no consentidas. La pasada semana el Consejo de Ministros aprobó un decreto en el que se prohíben de forma general las llamadas para la comercialización de energía eléctrica salvo que exista una petición expresa e inequívoca por parte del consumidor. Otra de las propuestas para identificar las llamadas comerciales y de atención al cliente es que estos números tengan nueve dígitos y que comiencen por un prefijo determinado. Las llamadas de atención al cliente llevarán otro código distinto, en cumplimiento de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Para aplicar esta ley las empresas tienen hasta el 27 de diciembre de 2026. Cuando estén operativos los operadores deberán bloquear las llamadas que identifiquen como comerciales y de atención al cliente y que no estén usando la numeración fija. Desde 2023, uno de los artículos de la la Ley General de Telecomunicaciones regula esta cuestión. Contempla que es ilegal que las empresas se comuniquen con los usuarios salvo consentimiento previo o salvo que la llamada sea necesaria para cumplir con el contrato. El incumplimiento conlleva sanciones para las empresas. Desde el pasado año, los usuarios no deben poder recibir llamadas y SMS de origen internacional pero que simulan ser españoles en un intento por evitar las estadas. Además, solo pueden efectuarse llamadas comerciales con numeración geográfica o desde prefijos 800 y 900 . Aunque en los últimos años se ha avanzado en la regulación, lo cierto es que es difícil frenar este tipo de llamadas. Es cierto que las empresas a partir de ahora estarán mucho más controladas, sobre todo porque se exponen a multas de buena consideración. También se avanza en transparencia. Doris Seedorf, CEO de Softtek para España, señala que la aplicación práctica de las normas «requiere tiempo, coordinación entre actores y capacidad de supervisión», uno de los motivos por los que los consumidores suelen percibir que continúan entrando un alto volumen de llamadas. «Algunas se orginan fuera del terrotorio nacional o desde estructuras difíciles de rasterar, lo que dificulta la actuación de las autoridades», especifica. Pero no es el único caso. Puesto que para recibir este tipo de llamadas por parte de empresas es necesario el consentimiento, a veces «se apoyan en consentimientos antiguos o poco claros». Explica Seedorf que esto genera la sensación «de que la ley no se cumple, aunque desde el punto de vista formal se esté interpretando de manera distinta». Para el experto, una de las claves para frenar las llamadas 'spam' es el compromiso de las empresas a no abusar de estas llamadas. Pero también reconoce que acabar definitivamente con ellas «es complicado». El Reglamento General de Protección de datos sienta las bases para reducir las llamadas comerciales «considerablemente», aunque es necesario «reforzar los mecanismos de control, sanciones disuasorias y el uso de la tecnología que facilite la identificación del origen de las llamadas». En caso de que las llamadas 'spam' se sigan produciendo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tiene una guía sobre los pasos que pueden seguir los ciudadanos. En primer lugar, es posible restringir la publicidad no deseada inscribiendo los datros en un sistema de exclusión publicitaria, como la Lista Robinson. Pero hay que tener en cuenta que aunque una persona esté inscrita los comerciales pueden remitir publicidad si eres cliente o si previamente has dado consentimiento. Es ahí donde está una de las claves: es importante estar atento a qué se firma en cada ocasión o qué casillas se marcan. La AEPD recuerda que muchas veces al participar en concursos o aceptar ofertas y descuentos se solicita el consentimiento para enviar publicidad. Es importante también saber que ese consentimiento se puede revocar. Se puede solicitar a la persona responsable o entidad que esté tratando los datos que debería aparecer en el documento en el que se dio conocimiento. Si ninguna de estas fórmulas funciona es posible denunciarlo ante la propia Agencia Española de Protección de datos.
