Organizaciones migrantes acusan falta de responsabilidad política y ética del gobierno por fallido proceso de empadronamiento

Más de 6 mil 500 organizaciones sociales, académicas y personas firmantes difundieron una carta abierta dirigida al Presidente Gabriel Boric en la que rechazan la decisión del gobierno de no iniciar un proceso de regularización para personas migrantes empadronadas entre junio de 2023 y febrero de 2024. En el texto, acusan una falta de responsabilidad política y ética, y advierten consecuencias sociales, económicas y políticas derivadas de esta decisión.

Según la misiva, el 18 de diciembre pasado entregaron una carta firmada por más de 100 organizaciones y cinco mil personas solicitando la regularización de la población empadronada, compuesta mayoritariamente por personas con arraigo laboral y familiar. Sin embargo, la respuesta oficial fue limitada a informar que se consultaría a la Subsecretaría del Interior y al Servicio Nacional de Migraciones.

El documento también cuestiona declaraciones de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien descartó iniciar un proceso de regularización y calificó el empadronamiento como un acto de transparencia. Frente a ello, los firmantes sostienen que el proceso generó expectativas evidentes en la población migrante y que el Ejecutivo no asumió la responsabilidad derivada de ese llamado. “Creemos que haber hecho este proceso de empadronamiento (…) comporta una responsabilidad política y ética que su gobierno no honró”, señalan.

Las organizaciones afirman que cerca de 180 mil personas confiaron en el llamado gubernamental, entregando datos personales y biométricos, e incluso autodenunciándose por ingresos irregulares al país. “Cada una de estas 180 mil personas dijeron ‘aquí estoy’”, sostiene la carta, subrayando que la expectativa de regularización fue reforzada por referencias previas a una posible “regularización acotada”.

En el texto igualmente se cuestiona el manejo de los datos personales recabados durante el empadronamiento, advirtiendo que debieron ser obtenidos con un objetivo determinado y debidamente resguardados. “Estos datos se dejan sin el debido resguardo, y en el futuro pueden ser usados con distintos fines”, advierten, agregando que quienes confiaron en el proceso se encuentran hoy “menos protegidos/as que quienes no lo hicieron”.

Finalmente, las organizaciones alertan sobre consecuencias sociales y económicas, como desincentivos a la formalidad laboral, barreras para el acceso a derechos sociales y riesgos para la cohesión social. Además, advierten que la falta de acción podría abrir espacio a escenarios de persecución o acoso a población migrante irregular en un contexto político con propuestas más restrictivas.

“La única ‘transparencia’ de este proceso la aportaron las personas migrantes, porque desde el Estado sólo ha habido opacidad: respecto de los mecanismos utilizados, de los fines perseguidos por el empadronamiento y de lo que va a pasar con esas personas en un próximo gobierno cuyas promesas de campaña incluyen expulsiones masivas, separación familiar y hostigamiento a personas migrantes en hospitales y escuelas, tal como lo hemos visto con la Policía Migratoria (ICE) en Estados Unidos“, advierten en la misiva.

Expertas advierten riesgos de persecución, expulsiones y uso indebido de datos

Consultadas por Radio y Diario Universidad de Chile, expertas en migración y derechos humanos coincidieron en que el empadronamiento sin un proceso de regularización posterior expone a las personas migrantes a riesgos concretos. La directora de la organización Migrantas, Vanessa González, advirtió que existe “un riesgo concreto y directo” de que los datos recopilados sean utilizados con fines de “persecución, detención y expulsiones masivas”, recordando que las personas empadronadas participaron con la expectativa de un proceso de regularización.

González sostuvo que el eventual uso de esa información para otros fines “no solo es una grave falta de ética, sino que es un gran peligro respecto de la persecución que se puede poner sobre estas personas”, y criticó el discurso de criminalización hacia la población migrante. “No es posible que se nos coloque a la comunidad migrante como menos que humanos, y además como una población que siga siendo el centro de la persecución”, señaló.

La dirigente también cuestionó las propuestas migratorias del gobierno entrante, advirtiendo que se ha instalado “un discurso de odio contra la comunidad migrante que nos pone como el foco de criminalización”, y alertó sobre la falta de medidas de inclusión. “La negativa a implementar procesos de inclusión social y convivencia intercultural nos deja extremadamente preocupadas”, afirmó, llamando a organizaciones de la sociedad civil a solidarizar con la demanda de regularización.

Por su parte, la académica de la Universidad de Chile, Caterine Galaz, coincidió en que el principal riesgo es el uso de la lista de empadronados para expulsiones o persecuciones. “El mayor riesgo es, precisamente, la expulsión de estas personas”, señaló, agregando que el país estaría avanzando “en un sentido totalmente contrario a lo que en otros lugares se está haciendo”, como procesos de regularización en Europa.

Galaz advirtió, además, que el listado podría transformarse en una herramienta de control en manos del próximo gobierno. “Esa lista paradójicamente se puede convertir en una lista delatoria y tener un uso diferente por este nuevo gobierno”, sostuvo, recalcando que quienes confiaron en el proceso están hoy “menos protegidas que aquellas que no acudieron”.

Desde Amnistía Internacional Chile, la directora de Investigación, Viviana Cáceres, explicó que el Estado está facultado para recolectar datos, pero con condiciones estrictas. “La obtención de datos personales debe utilizarse sólo para los fines para los cuales hubiesen sido recolectados”, señaló, indicando que el empadronamiento se justificaba en la promoción de la regularización migratoria, objetivo que finalmente no se concretó.

Cáceres agregó que el caso abre un problema adicional de seguridad de la información, considerando el aumento de filtraciones de datos en el país. “Vemos un riesgo considerable no sólo de que su información se filtre, sino del mal uso que pueda hacerse de ella”, advirtió, señalando que la falta de claridad sobre la protección de los datos aumenta la vulnerabilidad de una población ya expuesta.

Un contexto donde incluso se podría hacer valer el derecho a retractarse de las personas que fueron parte de este proceso: “Si tú entregas tus datos personales bajo ciertas condiciones y posterior a eso las condiciones cambian, tienes derecho a redactarte de la entrega de tu información. Entonces, si lo comprometido por el Gobierno —donde te empadronas con vistas a regular tu situación migratoria— finalmente no se cumple, las personas podrían tener derecho a pedir eliminación de sus datos personales. Y luego, si hipotéticamente los datos usaran para emitir órdenes de expulsión, se podría invocar un consentimiento viciado. Por eso es que la posibilidad de que alguna de estas situaciones sucedan es lo que hace tan grave esta situación”, cerró Cáceres.