Dos adjudicatarios de la promoción de viviendas de protección pública (VPP) de Alicante que se encuentra en el foco de la polémica han renunciado voluntariamente a sus pisos. Así lo ha anunciado este martes el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que se ha mostrado confiado en que «otras muchas» personas sigan los pasos de estos dos beneficiarios, que no han aparecido en medios de comunicación ni son «relevantes», según ha señalado. Cuestionado por cómo se van a reemplazar esos adjudicatarios que han renunciado, ha aseverado que ahora será la Conselleria de Vivienda la que determine cómo se ejecuta esa sustitución en los inmuebles del residencial Les Naus, ubicado en la Playa de San Juan y con 140 pisos. Barcala ha animado a que aquellos que puedan tener «la más mínima duda» de si han accedido o no con derecho a estos pisos los «entreguen». Al mismo tiempo, ha defendido las actuaciones y medidas adoptadas y anunciadas por el equipo de gobierno y ha insistido en que es «prioritario» que las viviendas lleguen «a quien tienen que llegar» y que ninguna de ellas se la quede «quien no tenía derecho». La titular de la plaza número 5 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante investiga los hechos y ya ha recibido las diligencias que la Fiscalía empezó a realizar antes de que se abriera la causa judicial. La magistrada recibió la semana pasada una denuncia de Manos Limpias por presuntos delitos de prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. El escrito señalaba a nueve personas. El escándalo se ha cobrado las dimisiones de la exconcejal de Urbanismo de Alicante -que fue beneficiaria de un piso, pero defendió que se apuntó a la cooperativa antes de entrar en política-; la directora general María Pérez-Hickman -que tiene familiares entre los adjudicatarios-; y el hasta ahora jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Miguel Ángel Sánchez, después de trascender que una de las beneficiarias es la madre de sus hijas. Un arquitecto del consistorio alicantino también estaría entre los adjudicatarios.
