Buscan el cierre definitivo del caso por la lona de "Sánchez, corrupto"
Hazte Oír busca el cierre definitivo de la causa judicial por la lona que colocó en una fachada frente al Congreso de los Diputados para tachar al presidente de Gobierno de "corrupto".
La asociación ha plasmado su intención en un nuevo recurso, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, en el que reclama a la Audiencia Provincial de Madrid que dicte el sobreseimiento libre de las actuaciones "al no ser los hechos constitutivos de delito y por falta de requisitos de procedibilidad". Busca, con ello, evitar que, alegado la aparición de nuevos hechos con indicios delictivos, el propio jefe del Ejecutivo o Ferraz puedan invocar la reapertura de las actuaciones.
Este pasado viernes la titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid dictó el sobreseimiento provisional del caso en que investigaba si pudo incurrir con el cartel en un delito de injurias con publicidad. La jueza María Dolores Baeza enmarcó la acción de Hazte Oír en una "crítica política" y descarto que la lona promoviese "la violencia" o "incitase un discurso de odio" contra Pedro Sánchez.
Ahora, la entidad también remarca que no fue "proporcional" la medida cautelar con la otro magistrado retiró el pasado mayo el cartel de la Carrera de San Jerónimo. Pone en valor, ante los magistrados madrileños, que, si el juzgado consideraba indiciariamente delictiva la palabra "corrupto", existían medidas "menos gravosas", como ordenar cubrir esa palabra.
Según esta parte, al haber ordenado el juez el desmantelamiento total de la instalación, "se ejerció una censura previa de facto", prohibida en la Constitución.
Considera, en definitiva, que fue "instrumental" la denuncia del grupo parlamentario del PSOE en la Cámara baja que abrió este procedimiento judicial y que supuso la retirada y la investigación penal de la lona. En cuanto a que -según la asociación- su campaña estaba amparada por la libertad de expresión e iba dirigida contra Sánchez como particular, lo que lo convierte, en todo caso, en un delito público para el que es preciso una conciliación previa.