El PSOE recurre ante el Constitucional la última reforma del Reglamento del Senado impulsada por el PP
El PSOE ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la última reforma del Reglamento del Senado impulsada por la mayoría absoluta del PP que, entre otras cosas, abre una vía para acudir a los tribunales contra el Congreso y limita los tiempos de intervención de los ministros.
Los socialistas denuncian que esta reforma se llevó a cabo "de forma irregular" en su procedimiento mediante "supuestas correciones técnicas" que no se debatieron ni se votaron en el Pleno del Senado.
En concreto, alertan de que esta última reforma del Reglamento lleva "enmiendas encubiertas" a través de estas correciones técnicas, a la vez que cuestiona los artículos que "permiten que una comisión del Senado convierta en ley un texto procedente del Congreso sin votación en Pleno".
El PSOE también impugna los preceptos que introducen la figura del denominado "veto presunto", equiparando el rechazo de un texto legislativo por mayoría absoluta del Pleno a la aprobación formal de un veto constitucionalmente previsto.
Por último, el recurso se dirige contra el nuevo artículo 108.6 del Reglamento, que habilita la interposición de conflictos de atribuciones por una supuesta demora injustificada del Congreso en la tramitación de iniciativas del Senado.
La propuesta de los 'populares', a la que ha tenido acceso Europa Press, formalizó la posibilidad de ir al Constitucional por la "demora" del Congreso en tramitar las proposiciones de ley.
Y es que precisamente, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció hace unas semanas desde el Senado su intención de acudir al Constitucional ante esta situación, aunque, para ello, los 'populares' tienen que modificar previamente el Reglamento.
En concreto, el PP se lleva quejando toda la legislatura de que la mayoría que conforman PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso está impidiendo tramitar las proposiciones de ley que el PP aprueba en el Senado con su mayoría absoluta.
Por ello, incorporaron un nuevo redactado que hace referencia a que cuando la tramitación de la proposición de ley por el Congreso se demore "de forma injustificada", un grupo parlamentario podrá proponer al Pleno del Senado el planteamiento de un conflicto de atribuciones, que acabaría en el Tribunal Constitucional. UN TIEMPO TASADO
En otro orden de cosas, los 'populares' también incluyen una modificación del límite de tiempo que tienen los miembros del Gobierno durante sus intervenciones, ya que, hasta ahora, no contaban con tiempo tasado en sus comparecencias.
Con este nuevo Reglamento, los miembros del Gobierno disponen de un tiempo máximo de 40 minutos en sus exposiciones iniciales, que luego será de unos 15 y 10 minutos para sus réplicas, según se recoge en esta propuesta del PP.
Asimismo, el PP ha querido dejar por escrito en el Reglamento del Senado que los jueces y magistrados no tengan la obligación de acudir a las comisiones de investigación.
Con todo, los 'populares' también han incluido un punto sobre las votaciones de los proyectos de ley después de la polémica que se generó con la norma que benefició a presos de ETA a su paso por la Cámara Alta.
En ese momento, el PP rechazó el texto en el Pleno del Senado, pero no aprobó ningún veto, aunque la letrada mayor de la Cámara Alta emitió un informe en el que entendía que se tendría que devolver la norma al Congreso.
Ahora, los 'populares' han recogido expresamente en el Reglamento de la Cámara que "se considerará que el Senado veta un proyecto o proposición si sometido a su consideración, por así solicitarlo un Grupo parlamentario, queda rechazado por mayoría absoluta de la Cámara".
Por otra parte, la reforma del Reglamento contempla el voto telemático para aquellos senadores por designación autonómica que les coincida un Pleno de la Cámara Alta con otro de su Asamblea regional, como estaba reclamando el PSOE.
En términos generales, esta propuesta también afecta a la tramitación de los suplicatorios o las declaraciones de actividades, bienes patrimoniales y rentas de los senadores, así como la creación de dos nuevas comisiones y la tramitación de iniciativas de control e impulso político.