Los profesionales médicos y facultativos de toda España están llamados a la huelga esta semana para mostrar su rechazo al Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, que cuenta con el visto bueno de varios sindicatos para su aprobación, y exigir un texto propio para el colectivo, que reconozca sus particularidades y responsabilidad laboral. Los paros están previstos entre el lunes y el viernes, según anunció el Comité de Huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA). Se trata de la primera actuación coordinada de estas organizaciones, que llevan tiempo expresando su malestar por la dirección que estaba tomando el Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales de los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS), que han estado negociando durante los últimos tres años el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito de Negociación. El sábado tuvo lugar en Madrid una manifestación en la que participaron 5.000 médicos, entre ellos un centenar procedentes de Cantabria. El Gobierno de Cantabria estableció el decreto de servicios mínimos para la huelga de médicos, respaldada por el Sindicato Médico en la comunidad, para las semanas del 16 al 20 de febrero, así como para las de marzo (16-20), abril (27-30), mayo (18-22) y junio (15-19). En él se fijan los servicios mínimos en atención especializada en los distintos hospitales (Valdecilla; Sierrallana; Comarcal de Laredo y Tres Mares) y también en Primaria. El decreto, publicado el viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), subraya la necesidad de «ponderar los intereses en conflicto, que son el ejercicio del derecho de huelga con el derecho de la ciudadanía a la salud y a la atención sanitaria, no pudiendo ésta impedir el ejercicio de aquélla, pero tampoco este ejercicio ser tan exorbitante que ponga en riesgo la salud y la atención sanitaria de la población, al menos, en la atención urgente y no demorable».
