La Audiencia de Sevilla ha condenado a tres años y seis meses de prisión a tres varones por delitos de deposito de armas de guerra y delito de falsedad en documento oficial tras hallar en un registro realizado en una finca situada en Marzagalejo, en la localidad sevillana de Aznalcázar, más de 700 cartuchos para munición, armas de guerra entre ellas varios fusiles de asalto, armas prohibidas entre ellas varias escopetas con silenciadores «sin licencia o permiso alguno para su posesión, tenencia o uso» y varios vehículos con matrículas que no se correspondían con su número de bastidor. El juicio se ha celebrado esta semana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla. Así, los acusados han reconocido los hechos y se ha alcanzado un acuerdo entre las partes --Ministerio Fiscal, acusación particular y la defensa ejercida por la letrada María Dolores Torres Caballero-- que ha rebajado la petición fiscal inicial a la que se enfrentaban, de ocho años de prisión por delito de deposito de armas de guerra y dos años de prisión por delito de falsedad . Para ello, se ha tenido en cuenta una atenuante de drogadicción, al considerar que los acusados presentaban sus «facultades mermadas» en el momento de los hechos. Según el escrito de acusación del Ministerio Público, consultado por Europa Press, los hechos se remontan al 4 de mayo de 2024, momento en el que el Grupo de Investigación del Crimen Organizado de la UDyCo Costa del Sol tras realizar «diversos seguimientos de algunos de los acusados en tanto existían sospechas de estarse dedicando al tráfico de sustancias estupefacientes y otros hechos anexos, como tenencia ilícita de armas» llevó a cabo una entrada en una parcela en Marzagalejo, en la localidad de Aznalcázar. La entrada fue autorizada en aras de «búsqueda e intervención de sustancias estupefacientes , armas y documentación de vehículos sustraídos o placas de matrículas falsificadas». Como consecuencia de la entrada se encontró «en poder de los acusados» más de 700 cartuchos destinados a munición, armas de guerra, entre ellas fusiles de asalto y pistolas ; armas prohibidas, entre ellas escopetas y otras pistolas «sin licencia o permiso alguno para su posesión, tenencia y/o uso», además de varios vehículos con matrículas que no se correspondían con su número de bastidor. Por todo ello, los hechos fueron considerados por el Ministerio Público en su escrito de conclusiones provisionales constitutivos de un delito de deposito de armas y de munición de guerra y un delito de armas reglamentadas, además de un d elito continuado de falsedad en documento oficial. Por ellos, pedía a casa acusado un total de diez años de prisión.
