El Gobierno de España ha declarado a Castilla-La Mancha como zona afectada por una emergencia de protección civil, una decisión que permitirá a los damnificados en la región solicitar ayudas estatales para la recuperación de los daños personales, materiales y económicos ocasionados por el tren de borrascas atlánticas que se han sucedido en las dos últimas semanas. El acuerdo, aprobado este martes por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio del Interior, incluye a Castilla-La Mancha dentro del paquete de territorios afectados por un total de 76 episodios catastróficos registrados entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026, un periodo marcado por una inestabilidad meteorológica persistente. Durante estas últimas semanas, la región se ha visto afectada por lluvias intensas, inundaciones, viento fuerte, episodios de frío y otros fenómenos adversos asociados a la sucesión de borrascas atlánticas de alto impacto, entre ellas 'Emilia', 'Francis', 'Harry', 'Ingrid', 'Joseph', 'Kristin', 'Leonardo' y 'Marta'. Estas situaciones obligaron a activar los distintos niveles operativos de los planes autonómicos de protección civil y provocaron daños en personas, viviendas, infraestructuras, servicios públicos y actividades económicas. El Ejecutivo central justifica la adopción de esta medida extraordinaria por la reiteración de episodios adversos en un corto espacio de tiempo y por la magnitud de los daños constatados, circunstancias que, sin perjuicio de la actuación de la Junta de Comunidades y de las entidades locales, hacen necesaria una respuesta de carácter extraordinario por parte del Estado para contribuir al restablecimiento de la normalidad. La declaración de zona afectada por una emergencia de protección civil permite que los damnificados de Castilla-La Mancha puedan solicitar ayudas gestionadas por el Ministerio del Interior, conforme a lo dispuesto en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Estas ayudas están destinadas a paliar daños personales, daños materiales en viviendas y enseres, perjuicios sufridos por corporaciones locales y pérdidas en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, así como a subvencionar a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales o aportado bienes para hacer frente a la emergencia. Además, el Ministerio del Interior estudiará la posibilidad de aprobar exenciones de tasas de la Jefatura Central de Tráfico en trámites como el duplicado de permisos de circulación o conducción, la baja de vehículos siniestrados y la expedición del DNI. La declaración abre también la vía para que otros departamentos del Gobierno habiliten ayudas complementarias en el ámbito de sus competencias, como beneficios fiscales, medidas laborales y de Seguridad Social, ayudas a las entidades locales para reparar infraestructuras municipales , actuaciones de emergencia en infraestructuras públicas y la tramitación urgente de contratos y expropiaciones necesarias para la reposición de los bienes dañados. El acuerdo establece una relación abierta de medidas, de carácter subsidiario a las que puedan adoptar la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y los ayuntamientos, y prevé que, una vez completada la evaluación de los daños en colaboración con las administraciones autonómicas y locales, puedan aprobarse nuevas actuaciones complementarias para reforzar la recuperación en las zonas afectadas de la región.
