Amenazas de suicidio y promesas falsas de matrimonio y embarazo: piden cinco años de prisión para una mujer por estafa sentimental
La Fiscalía Provincial de Cáceres ha solicita cinco años de prisión a una mujer acusada de estafar 114.000 euros a un hombre con el que mantenía una relación afectiva en Plasencia. Según el escrito de acusación, recogido por EFE, los hechos se remontan a 2016, cuando la mujer, de nacionalidad rumana, comenzó a trabajar en la recolección de cerezas y entabló una relación sentimental con la víctima, llegando incluso a convivir con él. Durante años, la mujer habría ganado progresivamente su confianza "con el único objetivo de obtener un beneficio económico, aprovechándose del vínculo personal y emocional existente".
Promesas falsas y amenazas
La acusación relata que, a lo largo de 2023, la mujer se desplazó fuera de España y contactó en numerosas ocasiones con la víctima para solicitar dinero, alegando supuestos problemas familiares inexistentes, como "accidentes graves o el fallecimiento de un hijo". Además, afirmó estar embarazada del hombre y prometió casarse con él, utilizando estas falsas promesas para seguir obteniendo dinero.
En uno de los episodios "más graves", cuando el hombre manifestó no disponer de más fondos, la acusada le amenazó con autolesionarse o suicidarse si no le entregaba más cantidades. Ante el temor de que cumpliera dichas amenazas, la víctima vendió una finca de su propiedad y le entregó 35.000 euros.
Importe defraudado
Además de esa cantidad, el hombre entregó otros 65.000 euros en efectivo que guardaba en su domicilio, así como transferencias y retiradas de dinero entre marzo de 2023 y junio de 2024, que suman cerca de 49.000 euros. En total, la cantidad presuntamente estafada asciende a 114.000 €, que la víctima reclama íntegramente.
Petición de la Fiscalía
La Fiscalía califica los hechos como un delito de estafa agravada, previsto en los artículos 248 y 250 del Código Penal, y considera a la acusada autora directa. Solicita una pena de cinco años de prisión, multa de diez meses con cuota diaria de 10 euros, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y el pago de las costas procesales. Asimismo, pide que la procesada indemnice al perjudicado con los 114.000 euros supuestamente sustraídos, más los intereses legales.