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Marisol Pérez Tello: “Mi relación personal y política con Miguel del Castillo ha terminado”

En Surco, Marisol Pérez Tello ha remodelado su vivienda para convertirla en su sede de campaña. El primer piso exhibe un mapa político de Lima y pancartas que la presentan como una candidata fuerte para ocupar el Sillón de Pizarro en julio de este año. Las encuestas no dibujan un panorama alentador: poco menos del 1% la menciona como su opción preferida en estas elecciones. A su favor, señala, está el hecho de que la gran mayoría todavía no ha elegido a su candidato final. Subimos al tercer piso y, tras unos minutos de espera, Pérez Tello responde a las interrogantes que hemos preparado para ella.

Lo primero de lo que hay que hablar es el tema del que todos están hablando ahora: el caso de Miguel del Castillo y el manejo irregular de la franja electoral. ¿Cómo siente que Primero la Gente ha manejado este tema?

Yo creo que lo hemos manejado muy bien. De hecho, fuimos nosotros quienes pusimos el tema sobre la mesa. En ese evento también había personas vinculadas a medios de comunicación y, desde Tejiendo Ciudadanía, hicimos una denuncia que pensamos que iba a tener mucho más impacto en ese momento.

Denunciamos el problema sin dar nombres, pero señalamos que había irregularidades en el uso de la franja electoral: que no estaba claro cómo algunos medios habían accedido a ella, cómo se había determinado el costo de programas que no necesariamente tienen audiencia, cómo se habían tomado decisiones dentro del partido sin que se pudiera identificar quién llenaba finalmente los documentos, y que además no existía un mecanismo claro para devolver el dinero si se detectaba una irregularidad.

Creemos que esto no puede pasar. Más allá de las investigaciones que se deban hacer en cada caso, hay manejos que no resisten ningún análisis de razonabilidad. Al día siguiente —el 29— logramos finalmente entender cómo se había hecho la asignación, que es un proceso muy complejo. El viernes tuvimos una cita en la ONPE y ahí se hizo evidente lo que había ocurrido. Por eso decidimos renunciar a la franja electoral.

En resumen: el señor del Castillo ya no es candidato, ni tampoco otra persona vinculada al medio. Él ya no tiene ningún cargo partidario, está con licencia hasta el 12 o 13 de abril, por lo cual tampoco puede ser candidato a la alcaldía de Lima, porque así lo establecen las reglas electorales. Además, hay un proceso en el Comité Ejecutivo Nacional y esperamos que se constituya pronto el comité de ética para que se pronuncie desde el punto de vista correspondiente.

El señor Manuel Ato lo ha calificado como un error grave. ¿Usted también lo ve así?

Más que un error, lo veo como una traición. Cuando das indicaciones claras y reconoces un mayor nivel de expertise en una persona, y esa persona traiciona tu confianza, eso es una traición, no un error. Y es mejor que esto haya ocurrido ahora y no después, cuando esa persona hubiera llegado al Congreso y tuviera poder. Eso sí habría sido irreversible.

Es mejor que esto haya ocurrido ahora y no después, cuando esa persona hubiera llegado al Congreso y tuviera poder. Eso sí habría sido irreversible. Hemos dejado claro que somos un partido sin dueños, donde hay canales para que un fundador pueda ser separado si tiene que ser así.

Para nosotros, la gestión terminará cuando logremos que el dinero regrese a las arcas del Estado, que es lo correcto, para que se use en atender las necesidades de la gente y no para enriquecer a nadie. Y vamos a continuar con el proceso en el comité de ética.

Usted lo califica como una traición más que como un error, pero esto se suma a una serie de cuestionamientos que han aparecido al inicio de la campaña. Por ejemplo, el tema de las firmas falsas de Primero la Gente. Son varios cuestionamientos que, aunque puedan estar fuera de su control directo, llevan a preguntarse cómo es la interna del partido. ¿No cree que es momento de replantear las juntas políticas con las que están yendo a esta elección?

Hoy nos hemos quedado con personas con las que yo estoy muy contenta. Las bases del partido que he recorrido son gente trabajadora, liderazgos sociales que hicieron su trabajo. Si esto es una traición y se actúa de inmediato separando a la persona, el tema de las firmas falsas fue un delito y actuamos de inmediato denunciándolo.

Lo que se evidencia no es que nuestro país tenga corrupción —eso ya lo sabemos— sino qué haces cuando la descubres. O miras para otro lado, o actúas conforme a la ley y denuncias. Yo creo que eso muestra claramente quiénes somos como partido. Esta no es una decisión personal, es una decisión colectiva. 

La denuncia la hicimos un grupo de militantes junto con el partido, y ahora hemos actuado como institución haciendo los correctivos necesarios. Ojalá otros partidos, que también enfrentan estos problemas estructurales del sistema, tengan la capacidad de corregir de inmediato, porque así es como se debe gobernar.

Está bien reaccionar así, pero también es cierto que en política hay que pensar cómo evitar que este tipo de situaciones se repitan. ¿Qué filtros están usando? Si ya ha pasado más de una vez, algo en los mecanismos de control debe revisarse.

La política saca lo mejor y lo peor de las personas. Muchas veces no entra la gente correcta, porque los espacios que uno no ocupa los ocupan otros. Han entrado a la política personas con intereses subalternos y sin escrúpulos, y eso hay que barrerlo.

Somos un partido joven, de apenas dos años y medio. Hoy, cuando detectamos un problema, separamos de inmediato a la persona, sin importar el nivel de cercanía o amistad. La ley es para todos. Si llegamos al gobierno, necesitamos implementar un Estado mucho más transparente, porque hoy el Estado es opaco. Necesitamos sistemas que permitan saber quién es quién, si una persona tiene denuncias o sentencias, y no enterarnos cuando ya es candidato.

¿Y que mecanismos se utilizan para que eso se de?

Hoy los mecanismos son cojos. Por ejemplo, para entender la asignación de la franja electoral tuvimos que esperar a que se publique la norma, porque el cambio de claves te deja sin acceso. La ONPE está atada de manos porque la ley no permite fácilmente la devolución del dinero, y aun así está buscando salidas legales para hacer lo correcto. Siempre hay vacíos legales que permiten que quienes entran a la política por las razones equivocadas se salgan con la suya.

Lo que sí puede ver la ciudadanía es que nosotros no blindamos a nadie: si hay que denunciar penalmente, se denuncia; si hay que separar a alguien para no darle poder, se le separa; si hay que denunciar públicamente, se denuncia. Esa es la forma de empezar a limpiar un país donde la corrupción se ha normalizado. Así no debe ser, y esa es la garantía que yo puedo dar.

¿Ha hablado con Miguel del Castillo desde que ocurrió el tema de la franja?

No. Intentamos hablar con él al regresar de Áncash, cuando ya teníamos las pruebas y un acta notarial que constataba que él había recibido las claves de acceso y que nunca quiso entregar el reporte ni devolver las claves, lo que habría permitido verificar todo de inmediato. Queríamos invitarlo a renunciar, lo cual finalmente ocurrió, pero no pudimos ubicarlo. Después le comuniqué por escrito lo que hoy digo: ya no confío en ti, has cruzado una línea de la que no hay retorno. Esto no son prejuicios, es un hecho concreto. Si no diferencias lo que está bien de lo que está mal, y si usas un cargo para beneficiarte, no puedes tener poder. El poder es para servir, no para servirse de él. Mi relación personal y política con él ha terminado.

¿Habló también con su presunta pareja, Rosana Urrutia, quien iba como candidata al Parlamento Andino?

No. Respeto su situación personal y no le voy a pedir que tome ninguna decisión. Ella tendrá que evaluar su nivel de responsabilidad. Pero también ha tenido un cargo en el partido y no puede permanecer en una candidatura. Aunque no haya participado directamente, su nombre estuvo involucrado en la gestión inicial del spot, por lo que corresponde asumir responsabilidades políticas.

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Pasemos a su plan de gobierno. Usted propone derogar las llamadas “leyes procrimen” desde el primer día de gobierno. ¿Cree que un Congreso fragmentado apoyaría una iniciativa así?

Ya lo he hecho como congresista. Logramos aprobar la ley de consulta previa y la ley de búsqueda de personas desaparecidas en contextos difíciles. Eso es hacer política: alcanzar lo posible sin pactos bajo la mesa ni acuerdos de impunidad, movilizando a la ciudadanía.

El compromiso es presentar el 28 de julio el proyecto de derogatoria de estas leyes, junto con un pedido de facultades delegadas para corregir los defectos de normas antiguas. No es malo perseguir el dinero del crimen organizado, no es malo fortalecer las escuchas telefónicas con control judicial, no es malo allanar cuando hay riesgo de fuga de personas o de pruebas, no es malo premiar al colaborador eficaz. Lo que se ha hecho con estas leyes es debilitar al Estado frente al crimen organizado.

Hoy el Perú tiene una legislación que favorece al crimen organizado transnacional, y con el puerto de Chancay se suman facilidades logísticas. Si no cambiamos esas leyes, el Perú se convertirá en un imán para el crimen organizado. Por eso estamos dispuestos incluso a plantear cuestiones de confianza, porque no se puede gobernar un país con reglas que invitan al crimen organizado.

Los países que han reducido drásticamente la criminalidad suelen caer en formas de autoritarismo. ¿Cómo concilia su propuesta de “democracia radical” con la reducción fuerte de delitos de esta índole?

Trabajo en cárceles hace 15 años. Conozco los perfiles criminológicos. Hay personas que pueden reinsertarse si se les dan herramientas, y otras que no. No es lo mismo un primario que un reincidente. Las causas de la criminalidad tienen que ver con deserción escolar, violencia familiar, pandillaje y drogas. Eso se puede prevenir y corregir.

Pero el crecimiento del crimen organizado hoy tiene que ver, sobre todo, con la legislación que facilita su operación. Si tú persigues el dinero, recuperas la extinción de dominio y fortaleces al Estado, el crimen organizado se va a ir a países con normas más laxas. No están aquí por el clima o la comida, sino porque es más fácil operar.

Todo esto necesita tiempo: cinco años, una proyección de mediano plazo. Los cambios reales en los países no se logran en cinco años, pero sí tienes que mostrar resultados de corto plazo, y eso es lo que garantizamos con metas concretas que están en el plan de gobierno. Y, por supuesto, dejar un país en condiciones democráticas, porque no se necesita violencia para poner orden. No es que en una casa se corrija a los hijos a latigazos. Esos modelos autoritarios que violan derechos humanos no corrigen: hay formas de imponer disciplina y rigor cuando la ley es dura, pero igual para todos.

La tragedia del Perú es la impunidad. La gente hace lo que le da la gana porque cree que no le va a pasar nada. Y cuando tienes, por ejemplo, a un presidente del Congreso que amenaza a jueces en casos tan graves como el de un sentenciado que lanzó una granada contra decenas de personas, entre ellas niños, eso manda una señal terrible al país: siempre habrá un político dispuesto a que la vida de los demás no importe. Eso es impunidad. Y ese no es nuestro caso.

Suena muy bien cómo usted lo plantea, pero cuando se contrasta con la realidad política, pareciera que no siempre se puede tener todo al mismo tiempo. Desde el centro se dice que es un falso dilema elegir entre crecimiento económico y ética, o entre seguridad y respeto a derechos. Pero, ante situaciones tan urgentes, ¿no cree que a veces se necesitan medidas igualmente urgentes, aunque entren en tensión con esos principios? ¿No cree que hay un componente de idealismo en pensar que se pueden conciliar perfectamente ambas cosas?

Alguna vez mi padre me dijo: “Hija, tú dices ‘no se puede’”. Y yo le respondí: “No se puede”. Él me contestó: “Tú no puedes, pero sí se puede”. No es que no se pueda: es que no han querido hacerlo, porque no les conviene que el sistema de justicia funcione. Si funcionara, la mitad de la gente que hoy gobierna el país estaría en la cárcel.

No les conviene un sistema de justicia eficiente, porque muchas empresas —las malas, no las buenas, que deben ser protegidas con reglas claras— se han construido sobre privilegios y prebendas. Hay gente que se ha enriquecido con la corrupción y hoy pretende dar lecciones de moral.

Por supuesto que quien ha hecho su fortuna trabajando honestamente tiene que tener la seguridad de que el Estado lo va a dejar seguir invirtiendo y creando empleo. Eso es lo que queremos: gente trabajadora dando trabajo. No ladrones, corruptos ni narcotraficantes que “lavan” su imagen en la siguiente generación y hacen que olvidemos de dónde salió su dinero.

Hay países que han salido adelante en democracia, con disciplina, rigor y orden, sin violar la ley: Alemania después de la Segunda Guerra Mundial es un ejemplo. Claro, eso exige estar dispuesto a meter a la cárcel o a apartar de tu entorno a quienes se pegan al poder como garrapatas para seguir drenando recursos del Estado. Eso ya lo hemos demostrado en esta campaña: denuncias, separaciones inmediatas, no mañana ni pasado mañana, respetando el debido proceso.

Ya lo hice antes: con el Decreto de Urgencia 003 para que Odebrecht no se llevara la plata del Estado; con la ley de búsqueda de personas desaparecidas, que se aprobó cuando nadie creía que era posible, sin pasar por comisión y exonerando segunda votación. Esa ley permite una reconciliación real: no hay reconciliación sin justicia.

No creo que sea imposible. Si lo creyera, no estaría asumiendo este compromiso con el país. Esto va a requerir rigor, disciplina, firmeza y coraje. No se puede hacer solo: se necesita a la gente correcta en los lugares correctos, proteger a los buenos funcionarios que hoy se van del Estado porque son hostigados por hacer su trabajo, y devolverle al país ilusión y esperanza.

Sí, esto tiene una dosis de ilusión, claro que la tiene. Si no creyera que se puede, no estaría dando esta pelea. A mí no me seduce la vanidad del poder; no creo en el poder como dominación, sino como cuidado. Todo se puede hacer respetando al otro, pero sin confundir respeto con permitir que cada quien haga lo que le da la gana.

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Entonces, ¿usted no se considera una idealista en el sentido estricto? Bueno, ciertamente algunos analistas podrían verla como una candidata pragmática, sobre todo por una decisión de su pasado político. Sabe de cual hablo, ¿verdad?

Sí, claro. del voto a Keiko (Fujimori) en 2021. 

¿Qué paso ahí?

Yo me avergüenzo de ese voto. Si pudiera retroceder el tiempo, probablemente habría votado en blanco. Fue una decisión colectiva en su momento, pero hoy, con todo lo que sabemos, no la volvería a tomar.

También hay que decir algo: no puedes poner la conducción de un país en manos de un gobierno que no tiene ni el 12 % de respaldo ciudadano. 

Ese escenario podría repetirse hoy incluso con ustedes.

Si, claro. Yo espero que ese voto indeciso podamos ganarlo con la verdad y con propuestas claras.

Ese es el voto de la gente que ya no quiere creer. Y nosotros les decimos: confía una vez más, pero no nos des un cheque en blanco. Vigílennos. Por eso ponemos plazos y metas que puedan ser monitoreadas. Yo tendré la legalidad de ser presidenta, pero la legitimidad me la voy a tener que ganar con mis actos.

Además, esto se corrige devolviéndole la voz a la ciudadanía: habilitando de verdad el referéndum, permitiendo que la gente decida. Hoy 130 personas deciden qué se puede consultar y qué no. Si un 40 o 50 % de la ciudadanía vota en blanco, debería haber un mecanismo para repetir la elección. Con primarias reales, el ciudadano tendría opciones claras. Un 8 o 10 % de respaldo no da legitimidad de origen, y eso vuelve al país ingobernable.

Pero hay algo que no me termina de cuadrar. Usted ha dicho que temía la capacidad de negociación de Castillo como dirigente sindical. Sin embargo, usted fue ministra cuando el fujimorismo tenía mayoría en el Congreso y vio cómo arrasaron con ministros como Jaime Saavedra. ¿Le parecía menos peligroso eso que Perú Libre con Castillo a la cabeza?

Yo era ministra cuando Castillo encabezó la huelga magisterial. Conozco bien cómo se gestó ese movimiento, cómo se intentó debilitar al Sutep y cómo Castillo negociaba una cosa en el gobierno y decía otra en la calle, de la mano de Becerril. No había forma de sostener la palabra ni de llegar a acuerdos reales.

Yo he trabajado con el fujimorismo en el Congreso confrontándolos, negociando y empujando leyes. No estoy orgullosa de mi voto. No estoy defendiendo al fujimorismo. Hoy es evidente que es una lacra para el país, que se reivindique a Fujimori como patriarca es una vergüenza: es un victimario, con casos como Barrios Altos y Pativilca que evidencian violaciones masivas a los derechos humanos.

El discurso de Keiko sobre las esterilizaciones forzadas fue, para mí, un quiebre. No puedo cambiar el pasado. Tendré que vivir con la vergüenza de ese voto. Lo único que puedo decir es que no trabajé ni iba a trabajar para ese gobierno, que me mantuve en oposición.

Te felicito por la honestidad, pero por otro lado insisto: tú viste que ya había una articulación de poder que no iba desde el 2016, sino que tiene toda una maquinaria ideológica y política como es el fujimorismo. Y al mismo tiempo viste que del otro lado estaba un dirigente político con una plataforma totalmente improvisada como era Perú Libre. ¿No te surge en este clima de autocrítica pensar quizá que también hubo una serie de prejuicios o miedos infundados?

No soy prejuiciosa. Mi padre fue candidato por los Israelitas del Nuevo Pacto Universal; esa es mi escuela política. En mi casa no hay racismo ni discriminación. De eso cero. Pero si había investigado a Cerrón, conocía sus antecedentes, sabía de qué era capaz el cobarde de Cerrón. Había conocido al ‘profe’. Y sí, me preocupaba más lo que podía hacer él.

Detrás de Keiko no hay ideología, hay intereses económicos. ¿Quién es? ¿Es la de Harvard? ¿La que reivindica a su padre? Detrás de ella, no hay ideología, hay intereses económicos. Y esos intereses se pueden confrontar. Hoy se ha demostrado que las supuestas izquierdas y derechas esconden intereses personales. Por eso Primero la Gente es un partido donde nadie votó igual en primera vuelta, y donde nos hemos unido en el rechazo a esas prácticas políticas.

Somos un partido de bases: cafetaleros, ronderos, lideresas cocaleras, ganaderos, alpaqueros, gente de Gamarra. Buscamos corregir el principal error de la política tradicional: haber perdido la capacidad de representar a la gente y de combatir la desigualdad. En el Perú sí hay racismo, y es una vergüenza nacional. Nuestra diversidad es nuestra mayor riqueza, y desde ahí debemos construir.

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