El Ayuntamiento de Córdoba avanza en la tramitación para la demolición de seis viviendas ubicadas en zonas inundables de Guadalvalle y Altea , situadas en primera línea del cauce del río Guadalquivir. Así lo ha confirmado este lunes el primer teniente de alcalde, Miguel Ángel Torrico, durante una rueda de prensa en la que ha precisado que el Consistorio ya cuenta con autorización para derribar una de estas construcciones, mientras que los otros cinco expedientes se están tramitando «con la mayor celeridad posible ». Estas actuaciones se enmarcan en un proceso iniciado en marzo de 2025, cuando el alcalde de Córdoba, José María Bellido, anunció la existencia de seis viviendas con orden de demolición en ambas zonas, que serían derribadas una vez finalizara el periodo de lluvias. Once meses después, el Ayuntamiento podrá ejecutar al menos una de esas demoliciones , al tiempo que continúa trabajando en el resto de los procedimientos administrativos necesarios. Hace casi un año se produjo otro episodio de fuertes lluvias y desembalses que provocaron una crecida del Guadalquivir. Hubo una orden de desalojo para diez viviendas en Guadalvalle (zona del aeropuerto) y en la Ribera Baja (Alcolea). Ambos son enclaves castigados tradicionalmente cuando se producen avenidas, como la de estos días. El portavoz del Gobierno Local ha confirmado este lunes que «vamos a ejecutar la demolición de esa vivienda de la que tenemos todos los trámites legales para hacerlo. Estamos a la espera de que otras cinco pendientes que esperamos se culmine en los próximos días ». Desde la gerencia de Urbanismo van a sacar un contrato externo para abordar la demolición de las seis viviendas cuando el Ayuntamiento cuente con la autorización judicial. «Ya están planteados los trámites para la publicación y adjudicación de ese contrato de demolición por parte de la gerencia de Urbanismo», ha apuntado. En aquel anuncio, el regidor dejó claro que la intervención no se limitaría únicamente a estos casos. Bellido avanzó entonces su intención de llevar a cabo una nueva evaluación de riesgos en distintos puntos de la capital y de analizar junto a la Fiscalía la posibilidad de obtener órdenes judiciales que permitieran ejecutar lo que definió como «derribos quirúrgicos». Se trataría de actuaciones muy concretas sobre viviendas levantadas ilegalmente en las inmediaciones del río y que, por su ubicación, no pueden ser regularizadas urbanísticamente. No obstante, el alcalde subrayó que se trata de un proceso complejo, tanto desde el punto de vista administrativo como social. En el caso de que se produjeran nuevas demoliciones, el Ayuntamiento tendría que articular una solución habitacional para las personas que residen en estas viviendas, garantizando una alternativa de alojamiento. Bellido reconoció entonces que los precedentes en este tipo de actuaciones no eran favorables y que el camino no sería sencillo.
