Carlincatura del lunes 9 de febrero de 2026
La inseguridad ciudadana afecta negativamente la vida nacional. La violencia y la extorsión forman parte de la experiencia cotidiana de miles de ciudadanos que temen invertir o ir a trabajar.
En este contexto, la ministra de Economía ha anunciado que el supuesto Plan Nacional de Seguridad Ciudadana se encuentra terminado. Uno que nadie conoce ni en borrador. Esa distancia define la relación actual entre el poder y la ciudadanía. El Gobierno debió publicar un proyecto de plan, además de haber permitido mayor participación de la sociedad civil.
En el medio, el Congreso concentra toda su atención en la negociación de votos para convocar a un pleno extraordinario orientado a la vacancia presidencial. Hasta el cierre de esta edición, el fujimorismo guarda silencio al respecto.
El antecedente del gobierno de Dina Boluarte establece dicho patrón, en el que el pacto parlamentario mantiene la continuidad política bajo condiciones de espaldas a la ciudadanía, sobre todo en el escenario de expansión de la criminalidad.
En ese sentido, los peruanos deben reconfirmar, por si fuera necesario, que la seguridad ciudadana está subordinada a la inacción de mayorías parlamentarias.
En paralelo a este deterioro institucional, el presidente José Jerí se encierra en Palacio para negociar con las bancadas su permanencia en el cargo.
Estos gestos consolidan una percepción cada vez más extendida en la sociedad. A tal punto que estamos en el grupo con peor percepción de inseguridad en todo el mundo.
Frente a este escenario, la ciudadanía tiene un rol central. La oportunidad son las elecciones. Hay que exigir a los partidos que anulen las leyes pro crimen y buscar restituir un orden jurídico orientado a la seguridad.
La reconstrucción democrática exige decisiones firmes, voluntad política y un compromiso explícito con el interés público. Las necesidades de la ciudadanía deben colocarse en el centro de la acción estatal, y no los espectáculos como con los que este régimen se burla de los peruanos.