La rescisión de contratos como deporte
La relación del Estado peruano con la comunidad internacional atraviesa una etapa de evaluación preocupante. La reciente decisión del Ejecutivo de resolver de manera unilateral el vínculo contractual con el Gobierno francés ha activado alertas fundadas.
No obstante, no ha sido la única en su especie. De hecho, este episodio se inscribe en un proceso iniciado tras la consolidación del pacto parlamentario autoritario luego del autogolpe frustrado de Pedro Castillo.
Una experiencia similar se desarrolló en la Municipalidad Metropolitana de Lima durante la gestión de Rafael López Aliaga, quien renunció al cargo para ser candidato presidencial. La rescisión arbitraria de contratos públicos generó efectos financieros inmediatos. Moody’s registró ese comportamiento mediante la pérdida del grado de inversión del municipio.
Al respecto, vale tener en cuenta que las agencias de calificación evalúan sus análisis a partir de criterios absolutamente técnicos. Entre ellos figuran previsibilidad jurídica, la continuidad de políticas públicas, la gestión fiscal, nivel de endeudamiento y magnitud de contingencias legales.
Durante los últimos tres años, informes de agencias de riesgo y evaluaciones multilaterales han señalado que la fragilidad institucional y la concentración de poder han hecho del Perú un lugar menos confiable para la inversión. Claro, eso abre las puertas a inversiones de escasos niveles de transparencia y cuestionable calidad para la ciudadanía.
Los elementos que hoy concentran atención externa coinciden con valores sostenidos por este diario desde su fundación. Institucionalidad, seguridad jurídica, responsabilidad fiscal y separación de poderes forman parte del ideal republicano que inspira nuestras posiciones.
En ese sentido, persistimos en la terca esperanza que implica un proceso electoral para la recomposición institucional. La ciudadanía debe ubicar qué candidatos y candidatas pasan por agua tibia estas alertas de impacto directo a las oportunidades de crecimiento sostenible del país. La responsabilidad ciudadana se medirá en ello el próximo 12 de abril.