El comité de empresa de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha advertido de la «falta crónica» de personal que ha llevado a una «situación límite» al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Santa Cruz de Tenerife. Denuncia que la gestión administrativa «vulnera» derechos laborales básicos y «amenaza con paralizar de forma inminente» servicios fundamentales para el funcionamiento de la administración de justicia en la provincia. El Servicio de Patología Forense, responsable de las autopsias, opera actualmente bajo un déficit de personal « insostenible » pues de las tres plazas de auxiliar de autopsia estructurales para garantizar la operatividad, «solo dos trabajadores prestan servicio de forma segura y continuada para toda la provincia». El comité ha subrayado que se ha intentado «parchear con tres refuerzos puntuales cuyos contratos finalizan el próximo 3 de marzo» y sin estos efectivos, «la realización de autopsias será inviable, bloqueando de facto las investigaciones judiciales y la actividad del Instituto». Por ello insisten en que «sin estos perfiles (auxiliares, psicólogos y trabajadores sociales), estos servicios están en permanente riesgo de colapso total » si finalizan los contratos el próximo 3 de marzo. Esta falta de efectivos, apuntan, «ha provocado una restricción horaria incompatible con la naturaleza del servicio y compromete los servicios de guardia» ya que aunque la necesidad de realizar autopsias es esencial y continuada, la jornada de los auxiliares finaliza a las 15.00 horas, por lo que «muchas veces los familiares no pueden disponer del cuerpo del finado para su velatorio hasta la tarde del día siguiente». Igualmente avisan de que la falta de psicólogos y trabajadores sociales ha trasladado también la crisis a la Fiscalía y al Juzgado de Menores, subrayando que la «gravedad» de la situación alcanzó un «punto de inflexión» este mes cuando se produjo la suspensión de varios juicios de menores debido a la inexistencia de personal técnico para asistir al juez. «La ausencia de estos informes periciales esenciales no solo detiene la maquinaria judicial, sino que deja en situación de indefensión a los colectivos más vulnerables», comentan. A la insuficiencia de medios se suma un escenario de « precariedad laboral alarmante », denuncian, pues las condiciones de trabajo «carecen de las garantías mínimas y del respeto a sus derechos fundamentales». Entre los casos que han localizado destacan que empleados del servicio han descubierto que no se encontraban de alta en la Seguridad Social.
