El recalibre del pacto autoritario
El Perú ingresa nuevamente a una etapa de recomposición del poder que gobierna y tensiona el país desde hace más de una década. Con el inicio del ciclo electoral, ese poder reorganiza apoyos, redefine vocerías y distribuye responsabilidades dentro de un mismo bloque de conducción política. En el centro de ese entramado se encuentra una fuerza con responsabilidad mayor en la desestabilización del sistema: el fujimorismo.
En ese contexto, se encuentra de forma casi accesoria el caso de quien ocupa Palacio de Gobierno hoy: José Jerí. Por las denuncias periodísticas, se verifica que su figura concentra prácticas de su ejercicio parlamentario del que proviene y al cual fue funcional: reuniones reservadas, vínculos con empresarios contratistas del Estado y tareas de intermediación con consignas de preservación del poder a costa del Estado de derecho. Jerí cumple una función operativa y, a la vez, reúne costos políticos.
Este poder tiene actores concretos y jerarquías internas. Fuerza Popular, bajo el liderazgo de Keiko Fujimori, ocupa el eje de la conducción parlamentaria y de la formación de mayorías. Su rol a lo largo de los últimos diez años define momentos de bloqueo institucional, control del Congreso y presión sobre el Ejecutivo. Alianza para el Progreso, encabezada por César Acuña, aporta número parlamentario y cierta estructura en el copamiento interno de instituciones claves del Estado. A su alrededor, Renovación Popular, dirigida por Rafael López Aliaga, incorpora discurso desestabilizador y confrontación perenne. Entre estas fuerzas se consolida una trayectoria compartida de coordinación y reparto de poder, además con bancadas parlamentarias como Perú Libre, que no tardó en aunarse en una cooptación estatal de la cual fue prontamente postergado.
La experiencia de Dina Boluarte se inscribe en esta secuencia. Su sostenimiento respondió a criterios de funcionalidad política. Dentro del mismo modus operandi, el capital político de Jerí se expresa como capacidad de concentración de costos políticos. Una eventual salida habilita un relato de corrección puntual y continuidad del entramado. Su permanencia asegura manejo del tiempo, del procedimiento y del equilibrio parlamentario. Ambas rutas forman parte del mismo diseño.
El debate entre censura y vacancia acompaña este proceso.
El recalibre del pacto autoritario define así una nueva fase del escenario nacional. Y ante ello, los ciudadanos deben estar advertidos de que temen el resultado en las urnas que amenaza con su salida del poder y su indeseada exposición ante órganos de persecución del delito.