La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha puesto negro sobre blanco una realidad que empresas y contribuyentes llevan años percibiendo: el sistema español de control de las bajas laborales funciona mal, cuesta cada vez más y carece de mecanismos eficaces de supervisión . Su evaluación del gasto en incapacidad temporal, enmarcada en la Revisión de Gasto 2022-2026, concluye que esta prestación adolece de graves problemas de información, seguimiento y control, con un impacto presupuestario que ya no puede ignorarse. Los datos son elocuentes. El gasto en incapacidad temporal alcanzó en 2024 los 16.500 millones de euros, el segundo mayor capítulo de la Seguridad Social después de las pensiones, tras haberse multiplicado por más de tres desde 2014. La incidencia de las bajas por contingencias comunes ha crecido cerca de un 60 por ciento desde 2017, y la duración media también se ha incrementado de forma sostenida, especialmente en patologías de alto coste como los trastornos mentales o las enfermedades musculoesqueléticas. No se trata de un fenómeno coyuntural, sino de una deriva estructural. La Airef identifica con claridad una de las causas centrales: un modelo de gobernanza fallido. La decisión clínica de conceder la baja recae en los médicos de atención primaria de las comunidades autónomas, mientras que el coste lo asume el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Esta separación entre la Administración que decide y la que paga genera incentivos perversos y favorece la sobreutilización y la prolongación innecesaria de los procesos, más aún cuando el INSS concentra su actuación real a partir del día 365 de la baja, renunciando en la práctica a un control temprano. Pero el problema no es solo técnico. El informe constata que el marco normativo ha evolucionado desde 2018 hacia un enfoque garantista, ampliando la protección económica durante la incapacidad temporal. La evidencia es clara: cuando la prestación se aproxima al salario íntegro, aumenta la probabilidad de iniciar una baja. Ocurrió con la restitución del complemento del cien por cien para los empleados públicos y con la reforma laboral que redujo la temporalidad. Más protección, sin control adecuado, se ha traducido en más absentismo y más gasto. Este contexto se ha visto agravado por un clima político y social que ha relativizado el valor del compromiso laboral. La proliferación de nuevos permisos, algunos de justificación muy discutible, y un discurso público que presenta el trabajo como una carga y no como una responsabilidad ligada a la realización personal, han erosionado la disposición hacia el esfuerzo y el cumplimiento del deber. No es casual que la Airef detecte una elevada concentración de bajas reiteradas en un porcentaje reducido de trabajadores ni que el absentismo se dispare en determinados entornos organizativos. La responsabilidad institucional es ineludible. El INSS ha demostrado una preocupante falta de diligencia en el ejercicio de sus funciones de control. La propia presidenta de la Airef habla abiertamente de «dejación de funciones». Asumir las recomendaciones de la Airef no es una opción ideológica, sino una obligación de buena administración . Reforzar el control temprano de las bajas, integrar los sistemas de información, apoyar a la atención primaria y corregir los incentivos que fomentan el abuso es imprescindible para preservar la sostenibilidad de la Seguridad Social. Y, junto a ello, resulta urgente recuperar desde el poder público un mensaje claro: los derechos sociales exigen responsabilidad.
