Una queja diplomática a Israel y un informe independiente: la ofensiva para investigar más el espionaje a Sánchez con Pegasus

El archivo de la investigación por el espionaje con Pegasus al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros de Interior, Defensa y Agricultura –Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Luis Planas, respectivamente– es «prematuro». Así lo entiende Hazte Oír, que ha recurrido la decisión del juez José Luis Calama de dar carpetazo al procedimiento, por segunda vez, resignado ante la falta de colaboración de Israel para seguir el rastro a las actividades del software espía protagonista del acceso ilícito a los móviles del jefe del Ejecutivo y sus ministros.

En ese recurso –que interpone ante el instructor y, subsidiariamente, ante la Sala de lo Penal, lo que obligará a pronunciarse a la instancia superior si el magistrado reafirma su decisión– la acusación popular reclama a Calama que inste al Gobierno a plantear una «reclamación diplomática formal» ante Israel por el incumplimiento de sus obligaciones de asistencia judicial (al no cumplimentar la comisión rogatoria cursada por el juez español para intentar avanzar en la investigación). Asimismo, pretende que expertos informáticos independientes realicen un informe «sobre los dispositivos y los datos recabados» mediante el polémico programa espía.

Según pone de relieve en ese escrito –al que ha tenido acceso LA RAZÓN– cerrar la causa sin elevar estas «quejas formales» convierte la falta de colaboración de Israel «en un veto efectivo a la Justicia española, algo inadmisible constitucionalmente».

"Veto" a la Justicia española

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) –recuerda el abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán– «ha subrayado la importancia de la cooperación internacional en la investigación de delitos transnacionales». Dejando claro, añade, que la falta de cooperación internacional «no puede convertirse en un veto efectivo a la Justicia nacional, debiendo los estados agotar los mecanismos diplomáticos y jurídicos disponibles».

Por eso, aunque Israel tenga «obstruida» la comisión rogatoria, sostiene que el archivo de la causa «sin más» solo provoca «la impunidad de unos hechos presuntamente delictivos sin agotar las vías posibles en derecho».

De ahí que proponga antes de proceder, en su caso, al archivo a pedir a los ministerios de Exteriores y Justicia que «eleven una queja formal diplomática» ante Israel y le exijan el cumplimiento del Convenio Europeo de Asistencia Judicial, del que es país firmante. Al mismo tiempo, Hazte Oír ve necesario trasladar esta falta de colaboración a las instituciones de la Unión Europea «dada la naturaleza transfronteriza del software Pegasus y la afectación a un estado miembro».

La acusación popular cuestiona también que el juez se limite a esgrimir los informes del Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, para concluir que es «técnicamente imposible» atribuir autoría alguna a los responsables del espionaje.

Informe de peritos independientes

Para agotar las posibilidades de esclarecer los hechos el abogado de Hazte Oír apuesta por «acordar una pericial informática independiente que analice» los terminales y los «indicadores de compromiso» cruzando esos datos con la información de las autoridades francesas (que en su respuesta a España señalan a los servicios secretos marroquíes) y con otros organismos internacionales de ciberseguridad. Algo que, subraya, podría «arrojar luz» sobre los hechos investigados.

Y es que la acusación popular sostiene que «dada la naturaleza de los hechos y las implicaciones políticas» la investigación no debe limitarse a los informes de un organismo «dependiente» del propio Gobierno, «cuyos miembros son los afectados».

Tampoco comparte la acusación la afirmación del instructor de que la información remitida por Francia (que también investiga el espionaje con Pegasus en territorio galo) no aporta novedad alguna para avanzar en la identificación de sus responsables. De hecho, cree necesario reclamar al país vecino que informe a la Audiencia Nacional de los avances en su investigación sobre los «posibles autores» de la apropiación de datos y archivos. «Mantener las diligencias abiertas a la espera de la evolución de la causa francesa es más garantista», señala.