La UCO analiza el perjuicio que habría causado Begoña Gómez a la UCM con el software
El juez Juan Carlos Peinado pone en manos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil una copia de la documentación en que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) cuantifica el perjuicio económico que les habría generado la mujer del presidente del Gobierno con la presunta apropiación indebida del software, según adelanta "El Confidencial" y ha podido confirmar LA RAZÓN.
El instructor del "caso Begoña Gómez" traslada también a los investigadores los escritos en que la UCM informa de la normativa interna que recoge cuál es la cualificación necesaria para la firma de pliegos de condiciones de adjudicaciones públicas.
La UCO tendrá en cuenta estas normas en la línea de investigación que indaga en si la esposa de Pedro Sánchez pudo incurrir en un delito de intrusismo laboral al haber suscrito los pliegos de la contratación de Deloitte para dar asesoría en el desarrollo del programa informático.
A la espera de los informes policiales en elaboración, la Complutense, que está personada como perjudicada en el procedimiento, confirmó ya al magistrado que invirtió más de 108.000 euros de fondos públicos en la creación de la plataforma para la cátedra extraordinaria que ella codirigía.
A Deloitte se le pagó, por un lado, 18.148 euros por los servicios de consultoría prestados y otros 60.500 para la implementación del software. La universidad desembolsó, asimismo, 24.200 euros para abonar una factura a Making Science. Y, además, tuvo que asumir 2.650 euros por el diseño de la marca del programa, 1.452 euros por trabajos de "copywriting" y otros 1.815 euros por el posicionamiento del programa.
El juez Peinado investiga si la mujer de Sánchez pudo cometer un delito al ofrecer el software en una página web de su titularidad y al haberse registrado ella como dueña de la marca vinculada a la obra tecnológica. Pese a que era un producto que se construyó para que fuese al 100% propiedad de la universidad y teniendo en cuenta que la institución educativa nunca hizo valer formalmente sus derechos sobre él.
Los servicios jurídicos universitarios consideran "jurídicamente indudable" que se trata de un "bien patrimonial de alto valor", superior al medio millón de euros (según sus cálculos). En base a ello, estima que su apropiación "a través de una explotación bajo titularidad privada genera un perjuicio directo para la UCM y constituye un sólido indicio de ánimo de lucro y apoderamiento ilícito".
En cuanto al posible intrusismo, la UCM apuntó al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que la Ley de Contratos del Sector Público no exige que la autorización de los pliegos la realice un miembro de un cuerpo funcionarial en concreto o que la persona ostente una titulación académica específica. Eso sí, el seno del centro universitario no constan antecedentes de que alguien firmase esos pliegos sin poseer una titulación superior, como ocurrió con Gómez.