Bill y Hillary Clinton testificarán ante el Congreso de EE. UU. en la investigación por el caso Epstein
Bill y Hillary Clinton acordaron comparecer en persona ante el Congreso de Estados Unidos en el marco de la investigación sobre el caso Jeffrey Epstein, una decisión que apunta a frenar una inminente votación contra la pareja por desacato al Congreso. El ofrecimiento llegó tras meses de negativas y negociaciones fallidas con el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, presidido por el republicano James Comer.
La aceptación contempla declaraciones en Washington bajo los términos del comité, aunque sin fechas confirmadas. El portavoz de los Clinton, Ángel Ureña, sostuvo que “el expresidente y la exsecretaria de Estado estarán presentes” y que buscan “sentar un precedente que se aplique a todos”, según escribió en la red social X. La Cámara suspendió de forma temporal el avance de las resoluciones de desacato mientras evalúa la propuesta.
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Archivos de Epstein reabren tensiones políticas
La decisión de los Clinton se produce en un contexto de fuerte confrontación política. Comer cuestionó la demora de casi seis meses desde la emisión de las citaciones y criticó lo que calificó como intentos de obtener “un trato especial”. “El deseo de sus clientes de recibir un trato preferencial es una afrenta al principio de transparencia”, afirmó en una carta enviada al equipo legal de la pareja.
Desde el ala demócrata, el representante Robert García sostuvo que los Clinton “aceptaron todos y cada uno de los términos propuestos” por el comité y defendió la necesidad de escuchar su testimonio. La investigación del Congreso busca esclarecer cómo las autoridades manejaron pesquisas previas sobre Jeffrey Epstein, fallecido en prisión en 2019, y examina los vínculos del financiero con figuras de poder.
Bill Clinton reconoció haber viajado a inicios de los años 2000 en el jet privado de Epstein para actividades vinculadas a la Fundación Clinton, aunque negó haber visitado su isla privada y rechazó cualquier conducta ilegal. Ni él ni Hillary Clinton enfrentan cargos penales relacionados con el caso.
Víctimas alertan por la publicación de nombres en documentos judiciales
En paralelo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos enfrenta críticas tras la difusión de más de tres millones de documentos vinculados a los archivos Epstein. Abogados de víctimas denunciaron la publicación de nombres no censurados de menores y datos personales sensibles, lo que motivó pedidos urgentes de retirada de los archivos.
En una carta dirigida a los jueces, los abogados Brad Edwards y Brittany Henderson señalaron un correo electrónico que enumeraba 32 víctimas, con solo un nombre oculto. Otra afectada denunció la exposición de su dirección completa. El juez federal Richard M. Berman anunció una audiencia para revisar la situación, mientras el Departamento de Justicia aseguró que trabaja en corregir las fallas de censura.
Las autoridades recordaron que la mención de un nombre en los archivos no implica, por sí sola, conducta ilícita, aunque los documentos muestran vínculos entre Epstein y diversas figuras públicas.
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El escándalo sacude a la élite política y a la monarquía británica
El impacto del caso Jeffrey Epstein también se extiende al Reino Unido. Los archivos reavivaron el escrutinio sobre Prince Andrew, Sarah Ferguson y Peter Mandelson. El expríncipe volvió al centro del debate tras la aparición de correos y fotografías sin contexto claro, mientras mantiene su negativa a las acusaciones de abuso formuladas por Virginia Giuffre, quien falleció en abril de 2025.
Sarah Ferguson aparece en intercambios de correos que reflejan una relación cercana con Epstein, incluidos pedidos de ayuda financiera. En tanto, Mandelson renunció al Partido Laborista tras revelarse comunicaciones que lo describían como “mi mejor amigo” del financiero y posibles filtraciones de documentos sensibles del gobierno británico.
El primer ministro Keir Starmer pidió explicaciones públicas y respaldó que cualquier persona con información relevante coopere con las autoridades. La Policía Metropolitana de Londres confirmó la revisión de documentos por presunta mala conducta en cargos públicos.