La “hoja de ruta” para la Ley de Protección de Datos Personales: “Esencial para la democracia digital y la protección de las personas”
En el Palacio de La Moneda, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, recibió este jueves el informe de la Comisión Asesora Ministerial para la implementación de la Ley 21.719, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales.
En la ceremonia, la titular de la Segpres destacó que “cada trámite, política pública o servicio electrónico implica información de las personas. El cuidado de estos datos es una condición básica para la confianza de la ciudadanía, cimiento sobre el cual se construye cualquier proceso de transformación del Estado y de la sociedad”.
La ministra Lobos agregó que la protección de datos resguarda derechos y al mismo tiempo genera condiciones para el crecimiento y la modernización. “Ambas dimensiones avanzan de la mano. Por eso quiero decirlo con claridad: esta no es una tarea de un gobierno. Es una política de Estado. De cómo tratemos la información de las personas depende la calidad de nuestra democracia, la legitimidad de nuestras instituciones y la confianza con que la ciudadanía se relaciona con el sector público y privado”, concluyó la secretaria de Estado.
Recomendaciones y propuestas
La Ley de Protección de Datos tiene por objetivo regular la forma y condiciones en las que se realiza el tratamiento de esta información. Para ello, se convocó una comisión asesora ministerial para que realizara recomendaciones para el cumplimiento de esta ley, que entrará en vigencia el 1° de diciembre de 2026.
Respecto de la Agencia de Protección de Datos Personales (APDP), la Comisión consolidó su trabajo en cuatro informes técnicos que reúnen diagnósticos y recomendaciones para su instalación:
•Informe I: propone un cronograma de instalación y fortalecimiento institucional de la APDP, junto con un diagnóstico funcional, orientado a asegurar sus capacidades operativas y de fiscalización.
•El Informe II: formula recomendaciones sobre transferencias o tráfico transfronterizo de datos personales, estableciendo criterios técnicos y jurídicos para resguardar estándares de protección equivalentes cuando la información sea tratada fuera del país.
•El Informe III: propone una hoja de ruta para la implementación de la ley en ministerios, servicios públicos y municipalidades, coordinada por la Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda mediante la emisión de un oficio circular con directrices y guías técnicas.
•Informe IV: incorpora recomendaciones complementarias de implementación y armonización normativa, con el fin de consolidar criterios comunes y apoyar la aplicación progresiva del nuevo marco regulatorio en el sector público.
Asimismo, la Comisión entregó propuestas para la correcta implementación de la ley, en las que destacan la designación de un delegado de protección de datos (DPO) en cada servicio público; la conformación de comités internos de protección de datos; la habilitación de procedimientos para el ejercicio de los derechos ARCO (acceso, rectificación, supresión y oposición); y la incorporación de estándares de seguridad y confidencialidad en los contratos con proveedores que traten datos personales.
También se incentiva la adopción de protocolos de seguridad y respuesta ante incidentes o brechas de datos; el desarrollo de programas de capacitación funcionaria; y mecanismos de coordinación regulatoria entre la futura Agencia y otros organismos fiscalizadores, entre otras propuestas.
La Comisión
La Comisión Asesora Ministerial fue presidida por la abogada y académica Romina Garrido. También contó con una Secretaría Ejecutiva a cargo de la abogada de la División Jurídico–Legislativa de la Secretaría General de la Presidencia, Lizzy Seaman. Integraron el equipo de trabajo la profesora del Centro de Estudios en Derecho, Tecnología y Sociedad de la Universidad de Chile, Danielle Zaror; el vicerrector académico de la Universidad Central, Emilio Oñate; la presidenta y fundadora de la Fundación Datos Protegidos, Jessica Matus; y el presidente de la Asociación Gremial de Profesionales en Protección de Datos, Marcelo Drago, en representación de la sociedad civil.
Garrido comenta que esta “hoja de ruta” da cuenta de “un trabajo serio, técnico, oportuno y que contribuye de manera directa a la concreta implementación de una Ley esencial para la democracia digital y la protección de las personas”.
“El informe que entregamos hoy identifica nudos críticos surgidos durante un proceso de consulta y propone criterios interpretativos que serán decisivos para el inicio de las funciones de la futura Agencia de Protección de Datos Personales . Las recomendaciones buscan un equilibrio entre la protección del derecho de las personas y la viabilidad operativa de las organizaciones obligadas, considerando la realidad chilena y las particularidades de cada industria. Esto, en un país donde la regulación del tratamiento de datos ha estado históricamente fragmentada” afirma.
La abogada, especialista en el área de Protección y Ética de Datos Personales, advierte que estos temas son de naturaleza técnica. Sin embargo, “cuando se profundiza un poco advertimos con claridad un enorme peso estratégico”.
También, fueron parte de esta instancia el director de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información A.G, Claudio Magliona; el encargado de Ciberseguridad de la Contraloría General de la República, Ricardo Arancibia; el director de la Secretaría de Gobierno Digital, José Inostroza; y el coordinador de Modernización del Estado en el Ministerio de Hacienda, Rodrigo Lavanderos. A ellos se suman la jefa de la División Jurídica del Ministerio de Economía, Beatriz von Loebenstein; el director de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, Daniel Álvarez; y el asesor de la Subsecretaría de Prevención del Delito, José Ruiz.