El Supremo rechaza investigar a Chivite por Minga Muga al no ver indicios en su contra
El Tribunal Supremo rechaza tramitar la querella formulada por Vox contra la presidenta socialista de Navarra, María Chivite, por delitos de corrupción en relación a las adjudicaciones públicas relativas a las obras en la Mina de Muga.
La Sala de lo Penal señala que la querella no describe presuntos actos delictivos concretos atribuibles a Chivite que permitan sostener, siquiera indiciariamente, que emitiera directrices encaminadas a alterar procedimientos de contratación pública, que interviniese de forma directa o mediata en la valoración de ofertas, o en la composición de las mesas de contratación, o en la resolución de expedientes.
Las contrataciones públicas señaladas por supuestas irregularidades en la concesión administrativa y obra de la Mina Muga; la explotación de un yacimiento de potasa, en Sangüesa; la adecuación de los lotes 4 y 5 del pabellón Navarra Arena en Pamplona; la concesión de un contrato de derribos y adecuación en la plaza de Los Fueros de Milagro y el Proyecto panadero en la localidad navarra de Huarte.
"Ni se presentan marcadores de que pudiera haberse beneficiado de dádivas, promesas, contraprestaciones, ventajas o beneficios vinculados causalmente a una actuación administrativa que le correspondiera ni, en definitiva, que exista un nexo objetivo entre su conducta y los delitos denunciados de cohecho, tráfico de influencias u otros", resuelve, al respecto, el alto tribunal.
La querella de Vox se dirigió, además de contra Chivite -que es aforada ante el TS de acuerdo a la Ley de Amejoramiento- contra Santos Cerdán, Koldo García, Fernando Agustín Merino, Pedro López Vera, Jesús Polo Soria y los funcionarios que hubiesen participado en la licitación de los mencionados contratos públicos. Según el querellante, todos ellos podrían haberse concertado para que determinadas empresas resultarán favorecidas en la adjudicación.
La Sala Segunda destaca que la querella se basa, no en documentos o elementos probatorios que haya aportado el querellante, sino en algunos extremos de un informe de la UCO entregado al magistrado del Supremo Leopoldo Puente, que hasta ahora instruía la causa contra el exministro José Luis Ábalos y otras personas.
Los magistrados no ve suficiente que en la querella se relacione a Chivite con los contratos únicamente por su condición de presidenta del Gobierno navarro así como por haber mantenido, según ellos, cuatro reuniones con Antxón Alonso Egurrola entre 2020 y 2021 y tener una gran relación personal y profesional con Santos Cerdán, quienes detentarían el capital social de la compañía que resultó adjudicataria, Servinabar.
El auto indica que los elementos invocados "carecen de concreción, individualización y soporte objetivo bastante, quedando anclados en un plano de sospecha genérica derivado de ostentar una posición institucional de máxima responsabilidad en la comunidad autónoma y de haber tenido una relación personal y profesional más o menos intensa con dos de los querellados, lo que no equivale necesariamente a haber participado o influido en adjudicaciones eventualmente irregulares que les hayan favorecido".
Conforme a ello, la Sala acuerda la inadmisión y archivo de la querella, "sin perjuicio de que los hechos, en cuanto pudieran referirse a personas no aforadas y a actuaciones administrativas susceptibles de depuración penal, puedan suscitar su denuncia ante el órgano judicial territorialmente competente y ser investigados conforme a las reglas ordinarias de competencia".