El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido este martes por unanimidad levantar la orden de detención de Carles Puigdemont acordada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el marco del 'procés'. El prófugo, junto con Lluis Puig y Toni Comin, había pedido al órgano de garantías que suspendiera cautelarmente esa orden de detención mientras resuelve el recurso de amparo contra la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía al delito de malversación. El Alto Tribunal considera que es la propia ley la que excluye la modalidad en la que los líderes independentistas cometieron este delito. Los magistrados del TC han respaldado así, entre otras, la ponencia de su compañera Laura Díaz, que acogiendo el criterio del fiscal y la decisión que este mismo Pleno adoptó hace unas semanas con el grupo de los ya condenados (encabezados por Junqueras), proponía rechazar la medida cautelar al apreciar, entre otras razones, que supondría un pronunciamiento anticipado. En la sentencia, los magistrados aludirán a la doctrina del TC para recordar que la suspensión tiene que ser interpretada con carácter restrictivo. «Ese carácter restrictivo ha de serlo particularmente si la adopción de la medida cautelar interfiere en la actividad jurisdiccional de la instancia, lo que sucede cuando se proyecta sobre un procedimiento abierto, como es el que aquí se plantea, en la medida en que se discute sobre la suspensión de una medida cautelar que aún no ha sido ejecutada ni desplegada su eficacia», señala el borrador de sentencia. El TC entiende que acceder a la petición de Puigdemont (lo mismo puede decirse de los otros dos prófugos) «supondría una interferencia directa en la función jurisdiccional del Tribunal Supremo, pues la suspensión cautelar acarrearía objetivamente la perturbación de su función jurisdiccional y constituiría una injerencia de la jurisdicción constitucional en las decisiones adoptadas por la jurisdicción ordinaria».
