El decreto ómnibus vuelve al Congreso: estas son las principales medidas y los efectos de un posible rechazo

El decreto ómnibus regresa, un año más, al debate del Congreso. El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que someter a votación este martes la convalidación de los dos últimos decretos aprobados el pasado 23 de diciembre en el Consejo de Ministros.

En él se incluyen medidas tan importantes como la subida de las pensiones, así como una batería de medidas tributarias y de Seguridad Social. Sin embargo, todo apunta a que el Gobierno no va a sumar mayoría y, por tanto, el decreto no será aprobado, algo muy parecido a lo que ha ocurrido en años anteriores.

En el primer año de legislatura, el Ejecutivo logró salvar el decreto-ley tras un acuerdo con Junts, donde se incluyó el traspaso de competencias de migración a Cataluña que no fue cumplido. Los de Puigdemont no votaron y eso desembocó en un empate que facilitó su aprobación finalmente.

En el segundo año, la suerte no estuvo de lado del Gobierno. Junts rechazó el decreto, uniéndose a PP y Vox, lo que provocó el primer descalabro del decreto ómnibus. Sin embargo, días después la formación de Carles Puigdemont apoyó la convalidación de un decreto-ley con parte de las medidas, entre ellas la subida de las pensiones y la prórroga del 'escudo social'.

Y para este año, las predicciones apuntan al mismo resultado. PP, Vox y Junts ya han anunciado que rechazarán el decreto, por lo que las medidas incluidas decaerán, obligando al Gobierno a presentarlas por separado como en años anteriores.

¿Qué medidas se incluyen en el decreto ómnibus?

El decreto ómnibus vuelve a estar en el punto de mira, y los principales afectados de un posible rechazo serían los ciudadanos. En caso de derogación por falta de apoyos, estas serían las medidas que decaerían:

• Subida de las pensiones: las pensiones de jubilación suben un 2,7% desde el 1 de enero de 2026. También lo hacen las pensiones mínimas, que se incrementan entre el 7% y el 11,4%, vinculadas a un indicador de suficiencia, y las pensiones no contributivas e ingreso mínimo vital (IMV), que ascienden un 11,4%.
• Medidas del llamado 'escudo social': se prevé una prórroga para el 2026 del conjunto de medidas de apoyo para los colectivos más vulnerables en materia de vivienda y suministros básicos. Aquí se incluye la suspensión de desahucios y lanzamientos para familias vulnerables sin alternativa habitacional, la garantía de suministro de energía eléctrica, gas natural y agua para consumidores vulnerables y la prórroga de los descuentos vigentes en el bono social eléctrico (42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos).
• Medidas fiscales: entre ellas destacan la prórroga de ayudas destinadas a la reconstrucción de los municipios afectados por la DANA, la supresión de la obligación de presentar la declaración de la renta a beneficiarios de la prestación por desempleo y la prórroga de los límites para la aplicación del método de estimación objetiva del IRPF de autónomos y a los regímenes simplificado y especial de la agricultura, ganadería, pesca e IVA.
• Seguridad Social: se incluyen medidas como la prórroga sin cambios de las bases de cotización y la tabla de cotización de autónomos y la cotización adicional para que los agentes medioambientales y bomberos forestales puedan anticipar su jubilación.
• Ayudas al transporte: desde el 1 de enero y durante todo el 2026 se mantendrán las bonificaciones establecidas en 2025 para el transporte público. Se mantiene la gratuidad del servicio estatal de autobuses, se aplica el 40% en los abonos de 10 viajes y se aplica el 50% de bonificación en el abono mensual de transportes.

¿Cómo afectará el posible rechazo del decreto?

La idea del Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a ser la de otros años: incluir todas estas medidas en un mismo decreto para poder someterlo a una única votación. Sin embargo, todo apunta a un nuevo fracaso en el Congreso.

Un fracaso que tendría grandes implicaciones a nivel social. Y es que la no convalidación del decreto supondría que todas las medidas quedarían anuladas, lo que implica que el Ejecutivo se vería obligado a reclamar algunos pagos ya realizados como el incremento de las pensiones o las ayudas a los afectados por la Dana.

Ante esta situación, el Partido Socialista solo cuenta con una alternativa, y esa no es otra que volver al Consejo de Ministros y crear un texto nuevo, mucho más acotado, donde se incluyan las pensiones por separado con el objetivo de salvar la parte social y no tener que reclamar el incremento abonado.