Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte saluda indexación salarial a jubilados, pero advierte que resulta insuficiente
Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
Santo Domingo, RD. – El presidente de la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte (CMJPD) y dirigente nacional de la ADP, Prof. Menegildo De La Rosa, saludó el anuncio realizado por el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA) sobre la aplicación de la indexación salarial a 4,642 maestros jubilados y pensionados correspondientes a los decretos núm. 133-19, 210-22 y 341-22, así como 180 pensionados por aseguradoras de los años 2019, 2021 y 2022, a partir de enero de 2026, calificándolo como un paso positivo en el cumplimiento de la Ley No. 451-08.
De La Rosa reconoció que la medida responde a una demanda histórica del magisterio jubilado y pensionado, largamente reclamada por distintos sectores sindicales y sociales, y que constituye un reconocimiento al derecho de los docentes retirados a preservar su poder adquisitivo frente al impacto de la inflación.
No obstante, advirtió que el alcance de la indexación resulta limitado, al beneficiar solo a una parte de la nómina de jubilados y pensionados, dejando fuera a miles de docentes que también han sufrido la pérdida sostenida de sus ingresos reales.
“El cumplimiento parcial no resuelve la deuda social acumulada. La indexación debe aplicarse a la totalidad de los jubilados y pensionados del magisterio, sin exclusiones ni discriminaciones”, afirmó Menegildo de la Rosa, presidente de la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte.
El también Secretario de comunicaciones y relaciones públicas de la ADP, exigió al presidente de la República, Luis Abinader Corona, que asuma de manera integral esta decisión y disponga el cumplimiento pleno de la ley, incluyendo el pago de la deuda acumulada desde el año 2017, que afecta no solo a los jubilados y pensionados, sino también a los empleados públicos y a los maestros activos del sistema educativo.
Reiteró que la Ley 451-08 establece revisiones periódicas de las pensiones conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), por lo que el Estado dominicano está en la obligación legal y moral de garantizar ajustes justos, oportunos y universales.
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Finalmente, la organización llamó al Gobierno a profundizar esta medida, ampliarla a toda la nómina magisterial y avanzar hacia una política salarial coherente que proteja el derecho a una vida digna de quienes han dedicado su vida al servicio de la educación pública.
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