El “chifagate” de Jerí
El ejercicio del poder en una República se afirma en la responsabilidad pública. Cuando la máxima autoridad del Estado elige desplazarse encapuchada, fuera de agenda y mediante un vehículo oficial, el gesto trasciende cualquier explicación administrativa.
Las reuniones clandestinas de Jerí condensan, en una sola escena, una concepción del poder que privilegia los intereses particulares antes que el respeto a lo institucional. Lo mismo pasa cuando vemos la forma y el momento - de madrugada- en que el presidente y su su premier Ernesto Álvarez decidieron explicar su reunión nocturna en un Chifa.
La discreción extrema convierte la forma en el mensaje central del poder.
Constitucionalmente, el presidente encarna al Estado, representa a la Nación. En ese sentido, la investidura presidencial acompaña cada desplazamiento y cada uno de sus encuentros.
Además, los empresarios involucrados participan en licitaciones con el Estado, contratan con la administración pública y operan en sectores estratégicos. En ese escenario, la relación entre autoridad política y actores privados demanda estándares reforzados de publicidad y control.
La memoria reciente del país amplifica la escena. Los ex presidentes Pedro Castillo y Dina Boluarte también protagonizaron escenas impropias para un representante del Estado. Las reuniones de Castillo en la casa de Sarratea o las visitas de Boluarte en el auto presidencial conocido como el “cofre” a los condominios de Asía, son episodios que continúan en investigación
Aquella experiencia instaló en la sociedad peruana la percepción de un poder que se protege a sí mismo y administra privilegios al margen del escrutinio público. El eco de ese antecedente dota al presente de una carga histórica negativa que la ciudadanía reconoce de inmediato.
El discurso presidencial posterior aporta una clave adicional. La apelación a la dinámica personal y al aprendizaje posterior sobre el rol del servidor público no busca convencer a nadie. Ellos están seguros de que el pacto del Congreso los mantendrá en el cargo y sólo importa defender sus intereses.
Desde la sociedad se debe reclamar el respeto a la investidura presidencial y la institucionalidad. La fiscalía y el Congreso deben tomar acciones. La proximidad de las elecciones no puede ser una excusa para dejar pasar la opacidad del régimen. Es momento de iniciar un cambio que asegure que el 28 de julio próximo habrá un nuevo rumbo para el país.