Despiden a una trabajadora tras coger la baja por cáncer: la Justicia da la razón a la empresa por este motivo
Los trabajadores que se encuentran en situación de incapacidad temporal cuentan con una serie de derechos destinados a proteger su puesto frente a posibles despidos. La legislación laboral española establece que el empleador no puede extinguir un contrato mientras el empleado esté de baja por enfermedad común o profesional, salvo que existan causas objetivas y debidamente justificadas. En muchos casos, la Justicia ha fallado a favor de los trabajadores, reconociendo el carácter discriminatorio del despido y obligando a las empresas a readmitirlos o a pagar indemnizaciones económicas.
Este tipo de protección busca garantizar la estabilidad laboral de quienes atraviesan una situación de vulnerabilidad médica y asegurar que la enfermedad no se convierta en un motivo de pérdida del empleo. Por ello, la mayoría de los empleados en incapacidad temporal suelen salir beneficiados cuando se presentan demandas por despidos improcedentes o nulos, recibiendo compensaciones económicas o recuperando su puesto. La finalidad es proteger la dignidad del trabajador y evitar que la enfermedad genere un perjuicio laboral adicional.
Sin embargo, existe la excepción que confirma la regla por su particularidad y que se ha reflejado en un caso reciente en Bilbao. Una trabajadora del hogar fue despedida tras solicitar una incapacidad temporal tras recibir un diagnóstico de cáncer de colon. Aunque podría parecer contradictorio, la defensa del empleador pudo servir como motivo suficiente para que el tribunal le diera la razón y validara el despido. Este caso evidencia que la protección del trabajador no es absoluta y que la existencia de causas objetivas puede justificar la extinción del contrato incluso en estas circunstancias.
Una trabajadora es despedida tras ser diagnosticada de cáncer
La trabajadora había prestado servicios durante casi doce años para el mismo hogar con un contrato de tres horas semanales y un salario bruto mensual de 140,90 euros. Durante este tiempo se consolidó como empleada habitual y su desempeño no había generado conflictos con los empleadores. La situación cambió cuando recibió el diagnóstico de cáncer de colon, lo que obligó a iniciar una baja por incapacidad temporal que se prolongó aproximadamente once meses. Durante ese periodo la trabajadora dependió de la seguridad social para percibir las prestaciones correspondientes por incapacidad temporal.
Antes de que la trabajadora pudiera reincorporarse, el empleador comunicó la extinción del contrato mediante un burofax fechado el 27 de septiembre de 2024, estableciendo como fecha de efecto del despido el 20 de octubre. La empleada consideró que esta decisión constituía un acto discriminatorio por su enfermedad y presentó una demanda ante el Juzgado de lo Social número uno de Bilbao solicitando que el despido se declarara nulo. La demanda argumentaba que la extinción del contrato vulneraba los derechos fundamentales protegidos por la legislación laboral vigente.
La Justicia da la razón al empleador
La primera resolución judicial se publicó el 14 de abril y el tribunal determinó que la trabajadora no tenía razón por lo que el despido se consideró válido. No obstante se corrigió un error en el cálculo de la indemnización, por lo que el empleador fue condenado a pagar 84,54 euros adicionales. La trabajadora recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y el caso se resolvió a finales de noviembre de 2025. Este recurso permitió una revisión más detallada de los argumentos presentados por ambas partes y de las pruebas aportadas.
El motivo detrás del despido: asuntos económicos
El Tribunal Superior confirmó la validez del despido argumentando que existían causas objetivas acreditadas por el empleador que justificaban la extinción del contrato debido al argumento de motivos económicos porque sus gastos aumentaron considerablemente con motivo de los nuevos estudios universitarios y la pérdida de un plus de movilidad que percibía su esposa con anterioridad, con una suma total de 1.300 euros. Los jueces consideraron que la decisión fue proporcionada y razonable, y que no constituía un acto discriminatorio a pesar de la situación de incapacidad temporal.