Una presidencia a golpe de orden ejecutiva 1.400
Washington ha vivido los últimos 12 meses a golpe de decreto. Nada más llegar a la Casa Blanca, Donald Trump descubrió lo rápido que las órdenes ejecutivas le permitían avanzar en su plan para el país y no ha dudado en convertirlas en su principal herramienta política para esquivar los retrasos que pueden suponer las negociaciones en el Congreso.
El día de su nominación, el 20 de enero de 2025, firmó 24 y hasta hoy han sido alrededor de 225, superando todos los récords, incluso el suyo propio, 220 durante su primer mandato (entre 2017 y 2021). Los decretos tratan temas fundamentales relacionados con inmigración, cuestión a la que dedica la mayoría de sus esfuerzos, medio ambiente, economía, política exterior y reestructuración de la administración; pero también otros más verosímiles como eliminar las restricciones federales del flujo de agua para que salga con más presión en las duchas y, según él, no perder tanto tiempo, además de «cuidar mi hermoso cabello». Para «The Washington Post», este aluvión de órdenes ejecutivas forma parte de un intento de Trump de expandir su autoridad presidencial poniendo a prueba los límites constitucionales.
La respuesta a su estilo de gobernar era previsible, una oleada de demandas y bloqueos judiciales por parte de los Estados, sindicatos y organizaciones afectadas que está colapsando los sistemas judiciales del país y erosionando el debate democrático en pro de un pulso permanente entre el Ejecutivo y la Justicia.
El país parece haberse resignado a vivir entre anuncios y recursos, pero lo más llamativo es que el desgaste de los ciudadanos no está alterando especialmente los índices de popularidad de Trump. Según un estudio realizado por Ipsos y Reuters, el ratio de aprobación general del mandatario se encuentra en un 41%, una cifra con la que coincide AP- Norc (41%) y RearClearPolitics (42%). Estos datos no han variado mucho desde el inicio de su mandato. Trump no se desploma y tampoco despega, pero todo podría cambiar en noviembre, cuando se celebran las elecciones de medio término en las que republicanos y demócratas se juegan el control del Congreso. Aquí la ciudadanía sí podría castigar «las prisas» de Trump por aprobar cuestiones sin contar con el «sí» de las cámaras, o el estilo de su mandatario con la inmigración y la economía, cuestiones que han provocado que muchos seguidores, incluso los más fieles de MAGA (Make America Great Again) hayan dejado de apoyarle.
El líder estadounidense no ha conseguido convencer a los norteamericanos de que la economía del país goza de buena salud. En la encuesta conjunta de «ABC»/ «Washington Post»/«Ipsos», Trump suspende en su gestión económica. Además, un sondeo realizado en septiembre por «The New York Times» en colaboración con Siena muestra que el 72% de los encuestados describe la economía del país como «mala o regular», y el 40% reconoce que ha empeorado desde que el republicano llegó al poder. Según otro estudio de AP-NORC, la mayoría de los entrevistados cree que el coste de vida ha aumentado.
Es interesante ver el contraste entre macro y microeconomía. Los indicadores oficiales dan señales de crecimiento o empleo, la inflación general se sitúa en un 2,7% interanual y diciembre se cerró con una tasa de desempleo del 4,4%, además de que en el tercer trimestre de 2025, el PIB real creció un 4,3%. A pesar de las cifras, a pie de calle los ciudadanos están preocupados por la pérdida de poder adquisitivo, y se suma otro componente; la fuerte apuesta del mandatario norteamericano por medidas extremas en cuestiones arancelarias está haciendo mucho ruido político, pero también está provocando que se tambalee la confianza en los mercados y las empresas.
Uno de los cambios internos más relevantes y con mayor coste político para Trump ha sido la reconfiguración de la maquinaria administrativa. No se ha limitado a dictar políticas, ha tratado de desmantelar completamente el sistema para reconstruir uno nuevo a su medida. Con el argumento de «reducir burocracia», aumentar la «eficiencia» y ahorrar dinero a los contribuyentes, Trump ha congelado y recortado hasta la extenuación los fondos y las contrataciones en agencias federales, ha presionado económicamente para reducir al máximo los departamentos que consideraba que escondían tintes ideológicos, y ha llevado a cabo una ofensiva histórica contra los programas de diversidad y equidad (DEI, por sus siglas en inglés), incluyendo el cierre de centros y la aplicación de reubicaciones, despidos y licencias administrativas en sus oficinas.
Los recortes no han sido neutrales. Según el diario «The Washington Post» han perjudicado sobre todo a aquello que chocaba con las prioridades de Trump, y se han aplicado recortes en Seguridad Social o una reducción de examinadores fiscales en el Tesoro. Sin embargo, la actual administración sí ha aumentado la plantilla de ICE (Servicios de Control de Inmigración y Aduanas), cuyos agentes han saltado tristemente a la fama en las últimas semanas tras las trágicas redadas que comenzaron el verano pasado en Los Ángeles y han seguido por todo el país, y en las que murió una ciudadana estadounidense en Minneapolis. El problema no ha sido solo ideológico, sino también operativo. La fuerte reestructuración ha impactado directamente en los servicios y los tiempos de respuesta, y la ciudadanía está descontenta con el caos administrativo que se ha vivido en los últimos meses.
El diario «The Washington Post» publicó hace unos días que, según la Oficina de Gestión de Personal, aproximadamente 335.000 trabajadores han abandonado sus puestos de trabajo en el Gobierno entre enero y noviembre de 2025 por ceses, recortes, jubilaciones anticipadas o renuncias ante la tensa situación que se está viviendo.
Pero lo que realmente ha comenzado a erosionar las bases de Trump, es el tema que él mismo ha convertido en el corazón de su política interna: la inmigración. Deportaciones, detenciones aleatorias en la vía pública, presión sobre los estados demócratas y el fin de muchos programas de estatus que han dejado a casi dos millones de inmigrantes que vivían en el país en situación ilegal, han puesto patas arriba la histórica fama de este país que siempre había acogido a los inmigrantes con los brazos abiertos.
Desde la eliminación de un programa humanitario el día de su toma de posesión que había permitido la entrada al país de más de 530 mil migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, hasta la eliminación de TPS el pasado febrero, o la revocación de más de 8.000 visas de estudiante y 85.000 de otras categorías, Trump ha convertido en ilegales a más de 1 millón de extranjeros que vivía en EE UU.
Puede que el contenido de su política migratoria entusiasme a sus bases, pero no las formas en las que los agentes de inmigración (ICE) están implementando esta política migratoria que ha sacado a las calles a miles de estadounidenses para denunciar la violencia con las que están persiguiendo a los inmigrantes, llevándose en ocasiones por delante a extranjeros con estatus legal. Hasta ahora, Trump ha gobernado como si el Congreso, al que ni siquiera incluyó en su decisión de entrar en Venezuela y secuestrar a su presidente para juzgarlo en EE UU, fuera un elemento secundario en la política del país, pero las elecciones de medio término serán las que decidan si los ciudadanos le van a permitir seguir haciéndolo.
Si el desgaste económico y el malestar por la reestructuración federal y las redadas antiinmigración se mantiene, los republicanos podrían pagar con escaños. Trump también está empezando a alimentar la polémica amenazando con anular el voto por correo en las elecciones legislativas que se celebrarán dentro de 11 meses. Asegura que invitan al fraude. De momento sigue luchando por ello y por endurecer los requisitos de inscripción. Quiere que se obligue a los votantes a mostrar una prueba de ciudadanía, algo que los jueces han bloqueado. Si algo se respira en EE UU es un creciente sentimiento de enfado que llega hasta los MAGA, que le han empezado a recriminar que no esté cumpliendo lo que prometió, como, por ejemplo, «desenmascarar» a la élite, algo que con el caso Epstein muchos le recriminaron, o el compromiso de que EE UU no participaría en más guerras.