Indra firmó un contrato con Libia tras la visita de Sánchez a Trípoli
Indra retomó las relaciones comerciales con Libia tras una visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Trípoli en 2021. El contrato de la tecnológica se firmó dos años después de acompañar al líder del Ejecutivo en un viaje en el que se anunció la reapertura de la embajada en la capital del país africano, que llevaba ubicada en Túnez desde 2014.
En 2023, dos años después del encuentro, Indra firmó con el Ministerio de Defensa la venta de tres sistemas militares de defensa aéreos, como ha publicado LA RAZÓN. El acuerdo contempló el envío de dos radares 3D de medio alcance y un centro de sistema de mando y control aéreo (ACCS), que incluía cuatro puestos para operadores de AirDef y VCS, ambos productos de la empresa española. Por aquel entonces seguía vigente el embargo internacional de la ONU en materia militar y de doble uso impuesto en 2011 por la inestabilidad del país tras el derrocamiento del régimen de Muammar el Gadafi, por lo que era ilegal vender este tipo de material.
Sánchez fue recibido en junio de 2021 por el primer ministro libio, Abdul Hamid Dbeibé. Estuvo acompañado por un séquito de ocho empresas: la propia Indra, Repsol, Aertec, Triarena, IDOM, Navantia, Instituto IMO/Grupo Miranza y HM Hospitales. Además de la reapertura de la embajada, el presidente español manifestó su intención de apoyar a la reconstrucción del país, dividido en dos gobiernos desde 2014. El presidente calificó el momento de «histórico» y abrió la oportunidad para crecer en otros sectores más allá del de los hidrocarburos, como el de la salud, las infraestructuras, las energías renovables o el transporte.
El presidente del Gobierno no mencionó el ámbito militar, sabedor de que el embargo de Naciones Unidas impedía comercializar estos productos. Sánchez fue el tercer presidente del Gobierno español que visitó Libia después de que José María Aznar lo hiciera en 2003 y José Luis Rodríguez Zapatero en dos ocasiones en 2010, aunque la segunda con motivo de una cumbre UE-África.
El presidente del Gobierno no mencionó el ámbito militar, sabedor de que el embargo de Naciones Unidas impedía comercializar estos productos. Sin embargo, Indra aprovechó la visita para tejer de nuevo relaciones comerciales con Trípoli, y dos años después estampó su firma en la venta de radares de defensa aérea. El contrato de 2023 renovaba uno iniciado diez años antes. Aquel quedó en suspenso, ya que dos meses más tarde, en febrero de 2014, el país se separó, dejando un gobierno en Trípoli, reconocido internacionalmente, y otro en Bengasi, que controla en la actualidad el 80% del territorio y los mayores yacimientos de petróleo de toda África, y donde opera Repsol.
Las dos partes necesitaban actualizar ese antiguo acuerdo para adaptarlo a la nueva realidad del este de Libia. Fuentes cercanas a la cúpula del Gobierno de Trípoli aseguran que, en un primer momento, a Indra lo representó un ciudadano libio con nacionalidad estadounidense, pero que fue sustituido «por otra persona» posteriormente. Según la documentación en poder de este medio, la firma por parte de Indra la estampó Domingo Castro Fernández. Según la documentación en poder de este periódico, la embajada de Libia en Madrid autorizó a este trabajador de Indra mediante un poder notarial a finales de octubre de 2021, tan solo cuatro meses después de la reunión de Sánchez con Dbeibé en Trípoli.
Este periódico ha preguntado a Indra sobre la gestión de este acuerdo, que se produjo bajo la presidencia de Marc Murtra y con el embargo internacional en vigor, pero no ha obtenido respuesta al cierre de esta edición. Tampoco han respondido a ese permiso que la embajada dio a su representante en el acuerdo, ni al precio de la venta de los sistemas de radares militares. El País publicó en 2011 que la empresa tecnológica ya intentó vender nueve defensas aéreas a Gadafi en 2009 por unos 200 millones de euros. Fuentes del sector militar creen que el precio del contrato de hace ahora tres años sería mayor.
Las fuentes de Trípoli ya mencionadas apuntan a que el Ejecutivo libio está «deseoso» de que se pueda culminar el acuerdo y poder recibir los radares firmados con la tecnológica española, por lo que es presumible que el contrato no se materializase por el embargo internacional. Según el Departamento de Seguridad Nacional español, a finales de noviembre de 2025 la ONU prorrogó el embargo seis meses más.
El futuro de Libia
Libia es un país fracturado en dos desde febrero de 2014. Al oeste, el Gobierno de Unidad Nacional dirige Trípoli y algo menos del 20% del territorio total. En realidad, la capital está repartida entre una serie de milicias que pugnan por el poder. Al este, el mariscal Jalifa Haftar y su hijo, el general Saddam Haftar, dirigen el Ejército Nacional Libio (LNA). Bajo el control de este último está el 80% restante del país y su mayor riqueza: los pozos de petróleo. Allí lleva operando Repsol desde hace años. En los últimos meses, el LNA ha autorizado aumentar el número de barriles de la compañía española.
El país africano, después de una larga guerra civil, está a la espera de recomponerse. Entre los dos gobiernos hay conversaciones para reunificar Libia de manera pacífica, aunque no terminan de cuajar y las sanciones se mantienen desde la ONU por ahora. El Gobierno de Sánchez apoya sin fisuras a Trípoli, a pesar de que una de las grandes empresas españolas, Repsol, trabaja con Bengasi estrechamente, según fuentes de ambos lados.
Las relaciones entre el régimen de Haftar y España se han tensado en los últimos años. En agosto de 2024 alcanzaron su peor momento. El general Haftar, hijo del mariscal, fue retenido en un aeropuerto de Italia cuando acudía a un partido de fútbol. Las autoridades del país no le dejaron salir por una alerta roja puesta por la Guardia Civil. No está claro por qué estaba puesto ese aviso internacional, aunque algunas voces lo relacionan con un caso que se sigue en la Audiencia Nacional, aunque el juez dejó claro que no estaba incurso en el procedimiento. Ante aquello, el LNA cerró temporalmente los pozos de Repsol.
La reconstrucción del territorio controlado por Bengasi se calcula en unos 90 billones de euros. Por el momento, no hay empresas españolas participando del mismo, pero otras europeas ya se están repartiendo las áreas. Mientras Sánchez no quiere tener nada que ver con el LNA, otros países vecinos sí tienen reuniones con sus representantes, como es el caso reciente de Francia. Libia es un socio clave en materia de terrorismo y migratorio.