El Ayuntamiento de Toledo ha aprobado de forma definitiva el presupuesto municipal tras rechazar la alegación presentada por la empresa concesionaria de las escuelas infantiles municipales, un trámite que mantenía bloqueadas las cuentas y que ha sido debatido este lunes en un pleno extraordinario. El pleno ha desestimado, por dictamen, la enmienda presentada por Servicios Infantiles La Casita de Chocolate SL, adjudicataria de la gestión de las escuelas infantiles municipales del Casco Histórico, Buenavista y el barrio del Polígono. La empresa alegaba que la consignación presupuestaria prevista para el ejercicio 2026 —619.000 euros— resulta insuficiente y no contempla el abono de cerca de 244.000 euros pendientes, algunos derivados de sentencias judiciales, tal y como ya había informado ABC. La propuesta había sido votada previamente en la comisión de Hacienda celebrada a primera hora de la mañana, apenas media hora antes del inicio del pleno municipal, que tenía como punto del orden del día el debate y votación de la alegación presentada por la concesionaria, la cual impedía la aprobación definitiva del presupuesto, que, finalmente, será publicado definitivamente la próxima semana en el Boletín Oficial de la Provincia. El Gobierno municipal rechazó la alegación, aunque no contó con el respaldo de la oposición. Desde el PSOE, su portavoz municipal, Noelia de la Cruz, puso el foco en la situación de las escuelas infantiles municipales, que, a su juicio, «sostienen la vida cotidiana de muchas familias» y «no pueden depender de la improvisación, la dejación de funciones y la falta de responsabilidad del equipo de gobierno y del alcalde». En este contexto, la portavoz socialista recordó que el contrato de la escuela infantil Ana María Matute, ubicada en el barrio de Santa María de Benquerencia, finaliza el próximo 18 de febrero, y preguntó al Gobierno municipal «cómo piensan seguir prestando ese servicio» en un escenario de conflicto abierto con la empresa gestora. Según ha podido saber ABC, la empresa, que mantiene a más de 50 trabajadores, lamenta la «nefasta gestión» del Ayuntamiento, aunque ha mostrado su disposición a alcanzar un acuerdo que permita una transición ordenada que no afecte ni a las familias ni a la plantilla. Por ello, confían en abrir una vía de negociación. Durante su intervención, De la Cruz cuestionó si el alcalde, Carlos Velázquez, conoce en profundidad la reclamación presupuestaria y el conflicto contractual existente, así como los procedimientos judiciales en marcha. En este sentido, pidió aclaraciones sobre una sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de Albacete contra el Ayuntamiento, así como sobre un segundo procedimiento contencioso-administrativo en el que el propio Consistorio reconoce errores de cálculo y la falta de previsión de estas circunstancias en el presupuesto del próximo ejercicio. La portavoz socialista afirmó que, aunque su grupo entiende los informes técnicos esgrimidos por el Gobierno municipal, «no aceptamos que se utilicen como excusa para no hacer política ni para corregir un presupuesto que ya está mostrando sus costuras antes incluso de arrancar el ejercicio». A su juicio, el problema de fondo es «la falta de planificación», que conduce a «parches, prisas y continuas modificaciones presupuestarias». «No solucionan los problemas del día a día con anuncios vacíos, ocurrencias ni vendiendo humo», aseguró De la Cruz, quien reclamó al alcalde «compromiso con la ciudad, con los vecinos y vecinas y capacidad de gestión para estar al frente de una ciudad como Toledo». Además, denunció que los presupuestos municipales de 2026 «nacen heridos de muerte», al considerarlos «absolutamente irreales, con ingresos inflados, sin grandes inversiones y sin un modelo de ciudad definido». Recordó que ya advirtió durante el debate presupuestario del pasado mes de diciembre que estas cuentas «no llegarían a verano» y aseguró que «ni siquiera van a superar la cuesta de enero». Por su parte, el concejal de Educación, Daniel Morcillo , reconoció las dificultades y las «discrepancias» existentes en torno a este contrato, aunque subrayó que se trata de una situación heredada de legislaturas anteriores. «De esos polvos, estos lodos», afirmó, antes de insistir en que «no estamos ante un problema de falta de sensibilidad ni de voluntad de incumplir contratos, sino ante una cuestión estrictamente legal y procedimental». En este sentido, defendió que «un presupuesto no puede convertirse en un cajón donde anticipar estimaciones, reclamaciones o controversias que aún no han adquirido la condición jurídica que la ley exige». Desde Izquierda Unida, su portavoz Txema Fernández manifestó que no comparte el modelo de gestión de las escuelas infantiles y calificó de «legítima» la reclamación de la empresa, aunque consideró «un error» que el Gobierno municipal mantenga contratos que, a su juicio, «buscan el beneficio empresarial por encima del servicio». Fernández criticó que un servicio esencial siga en manos privadas «pensadas para garantizar beneficios económicos y no el beneficio social que deberían tener los centros de atención educativa».
