Presos 'rojos' al servicio del franquismo (y de las empresas)
El Gobierno financia la elaboración de un censo por parte de la Universidad Pública de Navarra que dará cuenta de las víctimas, obras y compañías que se beneficiaron del trabajo forzado que la dictadura puso en marcha con los presos de las cárceles y los republicanos encerrados en campos de concentración
Un censo oficial revelará qué empresas se beneficiaron de trabajadores forzados durante el franquismo
“Sería necesario que se nos facilitaran 200 peones de los que actualmente se hallan en calidad de prisioneros en los campos de concentración”. Con esta petición, la empresa Ginés Navarro e Hijos S.A. reclamaba en 1938 a la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros (ICCP) que pusiera a su disposición a dos centenares de trabajadores para terminar las obras del pantano de la Cuerda del Pozo, en Soria. Se trataba de republicanos encerrados a medida que los franquistas iban conquistando territorios tras el golpe de Estado y que no solo fueron privados de libertad, sino también utilizados como mano de obra barata y sometida para erigir y reconstruir la Nueva España.
El trabajo forzado de la dictadura es una de las facetas menos conocidas de la represión franquista y un territorio recién comenzado a explorar por los historiadores. Por eso el Gobierno acaba de dar el primer paso para elaborar un inventario que dé cuenta de cómo funcionaba este engranaje utilizado por el régimen de Franco contra el “enemigo” y que detalle sus implicaciones. El objetivo es contar con un censo oficial que dé cuenta de qué obras se levantaron, quiénes fueron los afectados y qué entes públicos y compañías privadas se beneficiaron.
Es una previsión contenida en la Ley de Memoria Democrática y para ello el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha otorgado 600.000 euros a la Universidad Pública de Navarra (UPNA), en la que están algunos de los mayores expertos en la materia, para que en el plazo de tres años elabore el proyecto. “Falta mucho por saber. Hay un vacío en comparación con otras formas de represión de la dictadura a pesar de su envergadura. No tenemos cifras totales, no están todas las víctimas identificadas con nombre y apellidos y hay que seguir investigando”, apunta el historiador de la UPNA Juan Carlos García Funes, que va a encargarse de liderar el proyecto.
El régimen franquista puso en marcha dos sistemas de explotación laboral diferenciados: el primero estaba vinculado a los campos de concentración en los que los sublevados iban encerrando a prisioneros de guerra durante la Guerra Civil y el segundo fue el Sistema de Redención de Penas por el Trabajo, dirigido a los presos de las cárceles. Los primeros formaban parte de los llamados batallones de trabajadores, de los que hubo varios tipos, y los segundos estaban en destacamentos penales llevando a cabo todo tipo de obras y trabajos.
“Aunque desde el inicio de la guerra se usó laboralmente a prisioneros de guerra, fue en mayo de 1937 cuando nació el suelo legal con la aprobación de un decreto que contemplaba su supuesto 'derecho al trabajo'” y la creación de la ICCP, que fue el principal organismo rector, cuenta el historiador Fernando Mendiola, también de la Universidad Pública de Navarra. De esta forma comenzó oficialmente la primera de las modalidades de trabajo forzado, la asociada a los campos de concentración, que fue “la mayor forma de trabajo en cautividad” de la España contemporánea, según los investigadores.
Funes ha identificado hasta ahora 290 batallones de trabajadores, integrados en su pico máximo (enero de 1939) por al menos 95.800 prisioneros. Cada uno de ellos, solía contar con entre 600 y 800 integrantes. “Los iban moviendo en función de las necesidades. Podían estar 15 días en Soria y luego un mes en Teruel... Por eso es difícil rastrearlos”, explica García Funes, que recalca que no solo sufrían la privación de libertad, sino “condiciones extremas y de explotación” con base en largas jornadas de trabajo, hambre, frío, enfermedades y maltratos físicos bajo una férrea disciplina. Según explica el historiador de la Universidad Complutense de Madrid Gutmaro Gómez Bravo, los dos sistemas compartían estos elementos. “Eran comunes los castigos, las condiciones infrahumanas o la deficiente alimentación”.
Al final de la Guerra Civil, fue tomando más protagonismo la modalidad de redención de penas por el trabajo, en el que también hubo víctimas mujeres. La diferencia es que ellas nunca salían fuera de las cárceles a trabajar, sino que lo hacían normalmente en talleres dentro de las propias prisiones. Funes tiene constancia de cómo en la de Segovia hubo mujeres que trabajaron bordando reposacabezas para los vagones de los trenes de Renfe. El número de trabajadores que redimían pena fue incrementándose con los años a medida que disiminuía el de los campos de concentración: en abril de 1943 la cifra alcanzó los casi 28.000 presos trabajadores.
Desafectos al Movimiento Nacional
No todos los republicanos encerrados en campos de concentración formaron parte de los batallones de trabajadores. Dependía de la clasificación puesta en marcha por los sublevados, que los dividía en afectos, desafectos y afectos dudosos al “Glorioso Movimiento Nacional”. En base a interrogatorios e informes del alcalde, el cura, la Guardia Civil o la Falange de sus poblaciones de origen, decidían: a los que habían tenido cargos importantes en el Ejército Republicano se les enviaba “a consejos de guerra” y muchos eran “fusilados o condenados a penas muy altas”, describe Mendiola. Los afectos pasaban a formar parte del Ejército franquista y los dos últimos grupos –militantes, votantes o simpatizantes de izquierdas– se convirtieron en trabajadores forzados.
El de los campos de concentración fue el sistema preferido durante la contienda, hasta el punto de que el propio Ejército franquista “lo utilizó para ganarla” y después “para reconstruir el país”, sostiene Funes. Los tipos de trabajo fueron variados en función de las necesidades del momento: desde tareas en la retaguardia y el frente como cavar trincheras, construir fortificaciones, desactivar bombas o extracción de minas a pavimentar ciudades y pueblos, recuperar de tendidos, mejorar suministros, reconstruir puentes y accesos o levantar vías de tren.
El trabajo forzado en los campos de concentración fue menguando con el tiempo, aunque su vida se alargó hasta 1942 con la integración de jóvenes en edad militar calificados de desafectos. El sistema fue progresivamente dejando espacio a la otra modalidad: la de la redención de penas. En este caso, los obreros eran presos que habían sido condenados en un momento de enorme masificación de las cárceles y tras el sistema latía una profunda intención represiva: la finalidad era “españolizar” a los 'rojos' y “arrancarles el veneno de las ideas de odio y antipatria”, según la orden que creó el Patronato de Redención en octubre de 1938.
Los presos veían reducida su condena y recibían un pago por su trabajo, aunque “la mayor parte del dinero” que se adjudicaba por cada uno “iba a costear su alojamiento y manutención”, según describe Mendiola. “Hay quienes dicen que esto no es trabajo forzado, pero tenemos que tener en cuenta la realidad de las cárceles franquistas, sobre todo en la inmediata posguerra. Estaban totalmente hacinadas, con unas condiciones de vida horrorosas y sometidos a condenas larguísimas. La violencia era tan extrema y había tanto sometimiento que incluso la negativa de salir a trabajar podía ser objeto de represalias”.
El papel de las empresas
En ambos sistemas hay constancia de que hubo empresas que recurrieron a este tipo de mano de obra, además de administraciones públicas como diputaciones o ayuntamientos y el propio Ejército. La idea de la investigación que liderará la UPNA será dibujar un mapa lo más completo posible de entes beneficiarios, también de las compañías privadas, cuya presencia fue mayor en el Sistema de Redención de Penas por el Trabajo. De algunas es posible seguir el rastro hasta nuestros días al haber sido absorbidas o fusionadas con otras.
Es el caso de Ginés Navarro e Hijos S.A., cuyo presidente fue condenado en 1991 y que seis años más tarde fue absorbida por OCP Construcciones, convertida en la actual ACS, presidida por Florentino Pérez. Un periplo similar siguen algunas otras compañías que se sirvieron del modelo de mano de obra puesto en marcha por los sublevados: Entrecanales y Távora, integrada hoy en Acciona o Huarte y Compañía S.A, ahora en OHLA, son algunas otras, según la investigación llevada a cabo hasta ahora por García Funes y Mendiola.
Esta última fue una de las involucradas en la construcción del Valle de Cuelgamuros, que utilizó trabajadores del Sistema de Redención de Penas por el Trabajo. Otro de los símbolos más megalómanos del régimen, la cárcel de Carabanchel, fue también levantada a partir de 1941 usando esta mano de obra para pasar después a encerrar a miles de presos republicanos y convertirse en un símbolo de la dictadura. Con todo, los investigadores recalcan que “aún queda mucho por saber” también de las compañías y este será un objetivo clave del censo.
Un papel relevante desempeñó también Renfe (y antes de 1941, las empresas ferroviarias españolas que se integraron en la operadora pública como Norte o MZA). Y es que la dictadura empleó a miles de prisioneros de guerra y presos republicanos para reparar y erigir kilómetros del trazado ferroviario, algo que se extendió hasta finales de los años 50. Por varias de las vías aún pasan los trenes, algunas se han convertido en Vías Verdes y otras tantas están desmanteladas. Esta faceta de la represión fue reconocida en 2021 por Renfe y el Ministerio de Fomento, que inauguraron una página web sobre memoria histórica ferroviaria en la que aluden a ello.
Sin embargo, no es habitual que las obras erigidas con mano de obra forzada cuenten con algún tipo de señalización. Tampoco que las empresas beneficiadas hayan iniciado algún tipo de proceso al respecto, una situación que “contrasta” con lo ocurrido en otros países, según García Funes. “Si miramos a Alemania o Argentina, por ejemplo, ha habido asunción de responsabilidades y reparaciones económicas. En Alemania, las compañías financiaron investigaciones y facilitaron la apertura de sus archivos privados”, explica el historiador.
En España, la Ley de Memoria Democrática establece el impulso de “actuaciones para el reconocimiento y reparación de las víctimas”, pero no especifica más allá que “la señalización” de los lugares y la realización del inventario. En el aire está ahora si el proyecto se traducirá en algo más que conocer en detalle lo que ocurrió.