Porque no somos Venezuela
México no es Venezuela. Y esta aseveración no es un afán de contradecir a la oposición, que asegura que, dada la “deriva autoritaria”, resultado de la concentración de poder y la extinción de contrapesos, ya estamos como en el régimen chavista. Eso podremos discutirlo más adelante. Me refiero aquí a las razones por las que el gobierno de Donald Trump no lanzaría operaciones militares terrestres en México, como lo hizo en el país sudamericano, pese a sus recientes amagos.
Con acciones como el asalto en Caracas para sustraer a Maduro, o incluso antes, con el ataque al búnker en Irán el año pasado, parece estarse difuminando la idea de ‘TACO’ (Trump Always Chickens Out, lo que podría traducirse como ‘Trump siempre se echa para atrás’). Es decir, Trump no sólo alardea; ya demostró que puede cumplir sus amenazas.
Sin embargo, su advertencia de atacar por tierra a los cárteles, en clara referencia a los grupos criminales en México, difícilmente se concretaría y pinta más a un alarde para meter presión. Y no porque “tenga claro” que “México no se subordina” y, por tanto, haya quedado descartada –según la presidenta Sheinbaum– la incursión militar, sino por otras varias razones que se resumen, insisto, en que México no es Venezuela.
Como es bien sabido, México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Las exportaciones mexicanas hacia el vecino del norte sumaron cerca de 400 mil millones de dólares entre enero y septiembre de 2025, lo que marcó un máximo histórico. De igual manera, la Unión Americana exportó a México mercancías por más de 253 mil millones de dólares en los primeros nueve meses, siendo nuestro país el principal destino de las exportaciones estadounidenses.
Ello por no abundar en lo intrincado de las cadenas productivas y la cantidad de empleos ligados a la economía transfronteriza.
Ahora, en materia de seguridad, el secretario de Estado, Marco Rubio, si bien esta semana demandó “resultados tangibles”, en más de una ocasión ha reconocido que “no hay ningún gobierno que esté cooperando más con nosotros que el gobierno de la presidenta de México” (3 de septiembre), y que “el gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia” (19 de diciembre). Baste recordar los 55 capos enviados –que no extraditados, lo cual por cierto generó polémica– a Estados Unidos en dos tandas, febrero y agosto, para ser juzgados en ese país.
Varios analistas sostienen que aún falta, ya no digamos la entrega a los estadounidenses, sino “hacer algo” contra políticos del oficialismo presuntamente coludidos con criminales (Adán Augusto López y su presunto vínculo con La Barredora, por referir el caso más sonado). Sí, faltaría una verdadera purga –difícil de imaginar sin que sea un balazo en el pie–, mas no se puede decir que no hay colaboración.
Los drones merodeando dentro o muy cerca del espacio aéreo nacional, o bien los golpes de la DEA a delincuentes mexicanos, como el más reciente, que desarticuló una red criminal en España, dan cuenta de que ni siquiera sería necesario incursionar en suelo mexicano para combatir a los cárteles nacionales. Es algo que ya están haciendo, lo cual permite sugerir que las amenazas del republicano sólo se quedarán en eso, amagos que, no obstante, no se pueden tomar a la ligera, menos aún si se da por buena la versión de que en el Departamento de Estado ya analizan la figura jurídica para una eventual incursión armada.
Pero hagamos a un lado el tema del crimen organizado y volvamos al asunto económico. Considerando que el motivo fundamental –reconocido sin empacho– de la intervención trumpista en Venezuela fue hacerse de su petróleo, pensar que ese mismo objetivo podría estar persiguiendo con una eventual acción militar unilateral en México es un argumento que pierde peso al comparar la riqueza petrolera mexicana con la venezolana.
La nación bolivariana tiene una reserva probada del orden de 303 mil millones de barriles, la más grande del mundo, lo que representa 17 por ciento de las reservas del planeta. Mientras que México, y ningún otro país latinoamericano, ni siquiera figura en el top 10 (Brasil está en el 13).
Por otra parte, ¿alguna duda cabe de que México ha cumplido la exigencia de Trump de contribuir a frenar la migración que tanto odia? La propia CBP (oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) y la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, han presumido la caída dramática de cruces ilegales en su frontera sur, y la baja en decomisos de fentanilo.
Así, son varias las razones por las que Trump no se aventuraría a mancillar la soberanía de su vecino y principal socio y aliado. Además, Sheinbaum, a diferencia de Maduro o incluso del colombiano Gustavo Petro, no se ha mostrado desafiante; su estrategia de “cabeza fría” parece estar funcionando… al menos hasta ahora. Incluso, la mandataria ya anticipó que buscará una nueva charla con su homólogo después del 20 de enero. Así que quienes apelan a alzarse en armas contra el “Masiosare” (curioso nombre que tiene el “extraño enemigo”), pueden irse serenando.
Lo anterior no quiere decir que el gobierno mexicano deba sentarse a ver al presidente del país más poderoso vociferar y confiar en que no cumplirá sus amenazas. Se debe hacer más en materia de seguridad y, sobre todo, romper las complicidades crimen-política. Por ejemplo, ¿dónde está la mitad del huachicol, los otros 10 millones de litros del buque incautado en Tampico? ¿Quién se los llevó y bajo el amparo de quién?
Hay que ver las cosas en su justa dimensión, y es ese el objetivo que perseguirá esta columna, que cada semana espera tener el honor de su lectura.