La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral , y las organizaciones profesionales agrarias han alcanzado este miércoles un acuerdo, por unanimidad, por el que solo apoyarán el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur « si se garantiza una reciprocidad real y efectiva, garantizando los mismos requisitos medioambientales, agronómicos y sociales para importaciones, con control y trazabilidad». Así lo han trasladado en declaraciones recogidas por Ical tras mantener una reunión del Consejo Regional Agrario en Valladolid, en la que comprometían a «unir esfuerzos conjuntamente para defender los intereses del sector» en el acuerdo y reclamaban el «refuerzo» de controles en frontera y auditorías e inspecciones en terceros países para certificar el cumplimiento de exigencias sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias y de bienestar animal, entre otras. La titular del departamento, María González Corral, exigía además que la posición española «defienda la reciprocidad» y pedía al Gobierno central un «análisis detallado y desagregado» por producciones y territorios del impacto del acuerdo, con especial atención a los sectores más vulnerables en Castilla y León. También demandaba salvaguardas «reales, efectivas e inmediatas, activables sin demora ante incrementos excesivos de importaciones o caídas significativas de precios, incorporando compensaciones operativas cuando proceda». Otro de los puntos en los que había acuerdo era en vincular la defensa del sector y el acuerdo UE-Mercosur a la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual, con la que exigieron una PAC post-2027 «sólida y sin recortes» que mantenga el Feaga/Feader e incremente sus dotaciones económicas. El acuerdo suscrito este miércoles será enviado al Ejecutivo central y a las instituciones europeas competentes, para su toma en consideración. De hecho, las organizaciones agrarias pedía a los europarlamentarios españoles, principalmente a los de Castilla y León, que voten en contra del documento UE-Mercosur, que se firmará en los próximos días en Paraguay, cuando este deba ser ratificado en el Parlamento Europeo. González Corral avanzaba que la próxima semana expondrá al ministro del ramo, Luis Planas, durante el Consejo Consultivo de Política Agraria, la «preocupación» que existe alrededor de este acuerdo y la «necesidad de abordarlo en una reunión monográfica», algo que ya se demandó en enero de 2025; y aclaraba que la Junta no rechaza el documento, siempre que «se garanticen los principios de reciprocidad y cláusulas de salvaguarda, que es imprescindible para poder avanzar en este acuerdo». La consejera, que agradecía a las organizaciones agrarias su «espíritu constructivo», recordaba que en mayo de 2025 se firmó una declaración institucional en la Comunidad, que «defendía cuáles eran los intereses de este sector para el futuro Marco Financiero Plurianual y la PAC post-27, que ya recogía «aspectos que se exigían en el acuerdo entre la UE y Mercosur». Esa voluntad continúa hoy con un acuerdo que «busca unir a los representantes del sector y la Administración, para defender los intereses de los agricultores y los ganaderos». Por su parte, el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, eramás beligerante que la consejera y rechazaba el acuerdo, que abre un gran mercado mundial, «porque no cumple las condiciones de reciprocida d en el cambio de productos agroalimentarios». Además, añadía, « perjudica y pone en peligro las explotaciones agrícolas y ganaderos de los agricultores de la Unión Europea, de Castilla y León, pero también a la sociedad en su conjunto, porque van a consumir productos de peor calidad y sin las garantías sanitarias que se exigen aquí». "Va a arruinar a los productos importantes de Castilla León», como la carne, los cereales, la remolacha y la miel, entre otros, enumeraba, a la vez que alertaba de que también perjudica al consumidor que va a tener productos de peor calidad y sin garantías sanitarias: "Lo que no se puede producir en la Unión Europea por materia sanitaria, laboral o medioambiental y demás, no se puede traer de fuera para que lo consuman los ciudadanos de aquí»». El coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, advertía que las cláusulas de salvaguarda que se han incorporado al documento en última instancia «no están acordadas por los países del otro lado del charco», con lo que plantea «muchas dudas jurídicas de que pueda cumplirse». Y alertaba de que «si tanto preocupa el medioambiente en Europa, este acuerdo va a suponer en los países de Mercosur una desforestación, porque van a ampliar su mercado, por lo que tendrán que ampliar las tierras de cultivo». También alertaba de que en Sudamérica se «están utilizando productos prohibidos en Europa porque está demostrado que son malos para la salud y para el medioambiente»y vaticinaba que si finalmente el acuerdo se cumple se producirá una «invasión de productos de esos países, que va a tener una repercusión enorme en los precios de nuestros productos». «No estamos en contra de los acuerdos, sino de una competencia absolutamente desleal y sin ningún mecanismo que controle cómo se produce allí», sostenía. El secretario autonómico de UPA, Aurelio López, en nombre de la Alianza por la Unidad del Campo , prefiría no aventurarse a los cálculos previsto en pérdidas por el sector, pero comentaba que al automóvil «le supone 4.000 euros al año de beneficios en aranceles». «A esos sí que les beneficia. Lo que no estamos dispuestos es que se sacrifique al campo en favor de una industria», señalaba.
