El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería considera que el presunto amaño del contrato de material sanitario durante la pandemia en la Diputación Provincial no fue un hecho aislado , sino parte de una « dinámica fraudulenta de adjudicación de contratos públicos » que se habría prolongado durante años , según informa la Cadena SER a partir de un auto judicial fechado el pasado 2 de enero y firmado por el magistrado instructor. Según el juez, la investigación apunta a la existencia de un presunto sistema ilícito de adjudicaciones con «como eje central la Diputación Provincial de Almería», que habría contado con el « pleno conocimiento, aquiescencia y participación » del entonces presidente de la institución, Javier Aureliano García. El auto sostiene que la adjudicación del contrato de mascarillas y material sanitario fue «una oportunidad generada en el seno de este presunto sistema», y no un episodio puntual motivado por la emergencia sanitaria. El magistrado describe una estructura organizada en dos niveles . Por un lado, cargos públicos que habrían posibilitado y favorecido estas adjudicaciones, beneficiándose presuntamente de ellas tanto económica como personalmente. Por otro, un entramado de sociedades y empresarios que habrían participado como adjudicatarios o facilitadores de los contratos, siempre bajo la dirección de los responsables públicos. El juzgado ha ampliado la lista de investigados con seis empresarios vinculados a siete sociedades que, presuntamente, habrían sido utilizadas para hacerse con una treintena de contratos públicos a cambio de comisiones. Entre las empresas señaladas por la UCO figuran OYC Servicios Urbanos, Albaida Infraestructuras, Talleres y Grúas González, Construcciones Nila, Mayfra Obras y Servicios, García Construcción Sostenible y Pulconal. En relación con esta última, el auto recoge que uno de los investigados, Francisco Jesús Liria Sánchez , percibía supuestamente un 5% del beneficio de los contratos adjudicados. El juez ha autorizado además a la UCO a clonar y analizar los teléfonos móviles incautados a los responsables de estas sociedades, al considerar que pueden contener información relevante para esclarecer los presuntos delitos de cohecho, fraude en la contratación pública, blanqueo de capitales y malversación. La investigación también ha documentado varias entregas de dinero entre mayo de 2020 y enero de 2021 que habrían sido canalizadas a través de Óscar Liria, señalado como intermediario entre empresarios y cargos públicos. En el registro de su domicilio, la Guardia Civil halló 26.000 euros en efectivo repartidos en sobres , un hecho que el juez califica de « inusual » y sobre el que considera poco convincentes las explicaciones ofrecidas por el investigado. El auto recoge asimismo el uso de un lenguaje en clave en conversaciones de WhatsApp entre varios de los principales investigados, con referencias recurrentes al ámbito odontológico. Para los investigadores, estas expresiones ocultaban conversaciones sobre licitaciones y adjudicaciones de contratos públicos. El magistrado subraya especialmente un mensaje enviado por Javier Aureliano García —un emoticono de una muela— apenas tres minutos después de la firma del decreto de adjudicación del contrato de material sanitario, lo que considera un indicio relevante de su posible implicación. La causa continúa abierta y se centra ahora en determinar el alcance de este presunto entramado, que, según el juez, habría operado durante años en el seno de la Diputación Provincial de Almería y no se habría limitado al contexto excepcional de la pandemia.
