El Gobierno descarta expropiar las casas en primera línea de playa en Matalascañas tras un temporal camino de los tribunales

La destrucción de buena parte del paseo marítimo de Matalascañas sienta este miércoles en una mesa al Gobierno y al Ayuntamiento de Almonte, el municipio onubense del que depende el núcleo urbano más cercano al Parque Nacional de Doñana. A la reunión se llega con las posturas muy enfrentadas, ya que el Ejecutivo central descarta expropiar las casas en la primera línea de playa y el gobierno local almonteño ha levantado acta notarial de cómo están las cosas con vistas a futuras responsabilidades patrimoniales, lo que augura que la borrasca Francis va a tener su epílogo en los tribunales.

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha reiterado estos días que la única solución efectiva sería retranquear un centenar de metros la línea urbanizada, algo que Almonte descarta porque supondría borrar hasta 300 inmuebles con el consiguiente coste en indemnizaciones. Todo lo que no sea eso son parches a base de aportaciones de arena para intentar ganar playa, que es justamente lo que está haciendo ahora el Gobierno con una operación para aportar 700.000 metros cúbicos con una factura de seis millones de euros.

Francis no sólo se comió kilómetro y medio de paseo marítimo, sino que también ha dejado más de medio centenar de casas afectadas y muy cerca de recibir ya el impacto directo de las olas, por no mencionar que también ha amenazado a la achacosa depuradora, insuficiente para un entorno en el que se concentran hasta 300.000 personas los fines de semana de verano. Unos efectos de la borrasca que para el Ayuntamiento han sido peores por lo que considera dejación de funciones del Gobierno.

Acta notarial como “prueba jurídica”

¿Y en qué habría consistido esto? Pues en que la reposición de arena tendría que haberse realizado hace años, lo que habría minimizado los daños. Y para cubrirse las espaldas en este sentido, el gobierno local que preside Francisco Bella (del partido local Ilusiona) ha levantado acta notarial para “evidenciar” y “dejar constancia fehaciente” de que la cosa ha sido mucho peor en la línea costera “sin la cota apropiada de arena”. “En las zonas donde sí existía aporte de arena, el paseo no ha sufrido daños”, apostilla, tras un incidente que ha dejado desperfectos valorados en más de nueve millones de euros.

El Consistorio tiene claro que esta certificación notarial servirá como “prueba jurídica en una reclamación de responsabilidad patrimonial” que ya otea en el horizonte, un documento que considera que apuntala su tesis de la “relación directa” entre la ausencia de arena y los impactos más graves. De hecho, tiene claro que si el “apoyo estatal” no es el que espera, el siguiente paso será la vía legal, “sin renunciar al mismo tiempo a buscar soluciones que permitan actuar con la mayor rapidez posible”.

De esta manera, pretende meter presión con la vista puesta no sólo en la “seguridad de los inmuebles”, sino sobre todo en la próxima temporada turística. Para el gobierno municipal almonteño, hay que “garantizar” también “la continuidad de la actividad económica de los empresarios, minimizando el impacto social y económico de esta situación”.

¿Hay 800.000 millones de euros?

El Gobierno central, por su parte, remite a la reunión de este miércoles, intentando pasar página sobre la rotunda afirmación del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, sobre la necesidad –ante la evidencia de las consecuencias del cambio climático– de “eliminar edificaciones e infraestructuras que en estos momentos suponen un serio riesgo para la estabilidad del borde litoral y como consecuencia también para la seguridad de los ciudadanos”. “La mejor defensa que tenemos es la de recuperar las playas y las dunas”, una afirmación que llevó a Francisco Bella a tirar de ironía y para preguntarle al Ejecutivo central si tiene los 800.000 millones de euros que costaría expropiar a pie de costa en Matalascañas, que sigue sufriendo fuertes oleajes.

La encargada de dar la respuesta ha sido la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, que ha incidido en que “no se contemplan expropiaciones” de viviendas en primera línea, y que los trabajos que se están desarrollando lo que buscan es la protección, regeneración y estabilización del litoral de Matalascañas.

El objetivo ahora mismo es “reforzar la playa y protegerla frente a la erosión”, una inversión de seis millones de euros que además de 700.000 metros cúbicos de arena incluyen el recrecimiento de nueve espigones de defensa para que estos aportes se mantengan en la zona y de “mayor solidez al litoral, garantizando la estabilidad de la playa”

El Gobierno, en paralelo, hace recuento de sus inversiones en la zona para ejemplificar su “compromiso” con este núcleo urbano, que es el reflejo de lo que puede empezar a ocurrir en muchos otros puntos de Andalucía en los que se fue muy generoso con las construcciones en primerísima línea de costa.

En paralelo, se ha elevado al Ministerio de Política Territorial la solicitud de declaración de zona afectada gravemente por emergencia de protección civil, un acuerdo que tendrá que ser aprobado por el Consejo de Ministros como antesala a la convocatoria de ayudas destinadas a la reparación de los daños.